Danny Ramírez-Ayérdiz38
Revista Realidad 158, 2021
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ISSN 1991-3516 – e-ISSN 2520-0526
título inclusive el impuesto sobre
ganancias de capital, de aduana
sobre materias primas, maquinaria
y transporte, de importación sobre
lo elaborado en estas industrias,
entre otros. Un estudio del Instituto
de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas (López, 2010) señaló que, si
bien las industrias maquiladoras han
tenido impacto en la generación de
empleos, a cambio los Estados “(…)
han tenido que sacricar su poten-
cial de recaudación tributaria” y no
han demostrado “(…) ser la panacea
del desarrollo sostenido” (López,
2010, p. 16) por la facilidad con la
que emigran hacia otros países con
“mejores ventajas” scales.
No obstante, este sistema maqui-
lador, que en 1993 contaba con poco
más de 7000 obreras y obreros y en
2019 con unos 121 mil, tiene un lado
B nada alentador. La contrapartida
que ofrece la iniciativa extranjera es
la creación de miles de puestos de
trabajo en condiciones de preca-
riedad y con pagas que siguen siendo
las más bajas de la región centroame-
ricana tal como lo destaca la estatal
agencia de inversiones ProNicaragua.
Se trata de la inclusión desfavorable
de amplios sectores de la sociedad
por el neoliberalismo en condiciones
de precariedad y desventaja (Saraví,
2015, p. 14).
Vukelich (1993) ya señalaba
tempranamente el carácter deshu-
manizado del trato que sufrían las
obreras y destacaba el carácter
intensivo de las actividades de
producción. Desde 1999, el MEC ha
demostrado de manera especíca las
violaciones de derechos humanos
laborales al sector maquilas en sus
estudios y se ha conrmado a lo
largo de otros: violencia verbal, sala-
rios bajos, presión, metas y cargas
de producción excesivas, tiempos
limitados de descanso, entre otras.
Turcios (2002), FIDH (2005), Bilbao,
Mayorga y Rocha (2006), Gamboa,
Angela y Kries (2007), MEC (2009,
2010, 2013) OIT (2010), Asociación
Mujeres Transformando (2016) han
dado a conocer, casi sin variación,
que estas empresas violentan la
gran mayoría de estos derechos.
Por su parte, las autoridades han
mantenido una actitud sistemática-
mente tolerante, en independencia
del gobierno de turno, a n de que
la inversión extranjera que genera
estos miles de puestos en condi-
ciones de precariedad no se retire del
país. Paradójicamente, la tolerancia
no ha sido suciente para evitar que
se fuguen estas empresas llamadas
“golondrinas”, pues al encontrar otros
países con mayores ventajas scales,
cierran operaciones casi de forma
inesperada. Desde 1993, miles de
obreras y obreros han quedado sin
puestos de trabajo y sin la paga de
sus prestaciones laborales.
El MEC, por ejemplo, logró docu-
mentar que sólo en el periodo
2006-2010, cerraron 38 fábricas
despidiendo a más de 36 mil