INVESTIGACIONES UCA, 2019-2020246
LA TRANSPARENCIA EN EL SALVADOR: EVALUANDO LA
EFECTIVIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El informe sobre la transparencia en El
Salvador fue el cuarto de una serie de siete
informes producidos en el marco del Monitor
enfocados en el periodo 2014-2017. Los datos
de este informe se obtuvieron a través de la
Judicial, la Asamblea Legislativa, la Policía
Armada de El Salvador y la Fiscalía General de
memorias de labores del Instituto de Acceso a
solicitudes de información estadística conforme
El informe destaca que el Instituto de Acceso
aglutinar en un portal central de transparencia
obligadas, y ha desarrollado una metodología
gestión documental y del archivo de los entes
obligados. La Unidad Jurídica de dicho instituto
reportó para el periodo 2014-2017 cerca de
dos mil procedimientos iniciados en el IAIP por
solicitantes de información, entre los cuales se
hallan recursos de apelación, procedimientos
sancionatorios y procedimientos por falta de
claros de las resistencias de varias instituciones
apelación iniciados entre 2014 y 2017.
Al contrastar la evaluación otorgada en 2017
por el IAIP al Ministerio de Justicia y Seguridad
Nacional (MDN), la Policía Nacional Civil (PNC),
la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General
el conjunto de las 96 instituciones que fueron
elementos de transparencia activa en 2017,
la CSJ se ubica en el lugar 11 del ranking de
el MDN, que aparece en el lugar 26, mientras
que la FGR se posiciona en el lugar 41. Estas
Expositora
Carmen Guevara
Investigadoras
Laura Andrade
Carmen Guevara
Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP
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VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN SOCIAL
activa. En cambio, entre las entidades reprobadas
se encontraba el MJSP, que se situó en el lugar
seguido de la PNC, que apareció en el lugar 84. En
2017, la PNC estaba entre las 20 entidades peor
transparencia activa.
Conforme a la LAIP, las instituciones obligadas
deben elaborar y publicar índices semestrales
en reserva fueron el Ministerio de la Defensa
Nacional, la Policía Nacional Civil y el Ministerio
las cinco entidades de seguridad y justicia
en varios casos, pues no siempre se ha puesto
primordial, como las remuneraciones, las
contrataciones y adquisiciones, subsidios e
son destinados a entes privados. Asimismo,
en el informe se destaca el bloqueo al acceso
a la información relativa a las declaraciones
del delito de enriquecimiento ilícito.
