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Estudios Centroamericanos
Más de 32 años después de la masacre de la UCA: ¿tiempo de la justicia o seguirá la impunidad?
Vol. 77, núm. 769, año 2022, pp. 45-58
ISSN 2788-9580 (en línea) ISSN 0014-1445 (impreso)
Más de 32 años después
de la masacre de la UCA:
¿tiempo de la justicia o
seguirá la impunidad?
More than 32 years after the massacre
at the UCA: Time for justice or will
impunity prevail?
DOI: https://doi.org/10.51378/eca.v77i769.6962
Omar Serrano
1
Palabras clave:
justicia, UCA, masacre, verdad,
impunidad.
Keywords:
justice, UCA, massacre, truth, impunity.
Recibido: 18 de mayo de 2022
Aceptado: 30 de mayo de 2022
Resumen
En más de tres décadas en las que no ha
sido posible juzgar a los autores intelectuales
de la masacre de la UCA, hay dos cosas que
no han variado: la impunidad de la que han
gozado los autores mediatos de la masacre
y la tenacidad de la UCA y de la Compañía
de Jesús para que en El Salvador se conozca
la verdad y se haga justicia. ¿Cuál ha sido la
1 Vicerrector de Proyección Social, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Correo: oserrano@uca.edu.sv
lógica de actuación de quienes han obstacu-
lizado la justicia? ¿Qué ha hecho posible la
impunidad? ¿La reciente reapertura del caso
busca reconocer la verdad y hacer justicia o
seguirá la impunidad? Este escrito intenta dar
respuesta a esas interrogantes.
Abstract
In more than three decades in which it
has not been possible to try the intellectual
authors of the UCA massacre, two things have
not changed: the impunity enjoyed by the
perpetrators of the massacre and the tenacity
of the UCA and the Society of Jesus to ensure
that the truth is known and justice is done in
El Salvador. What has been the logic of those
who have obstructed justice? What has made
impunity possible? Does the recent reopening
of the case seek to recognize the truth and
justice or will impunity continue? This writing
pretends to address those questions.
Crímenes de lesa humanidad e
impunidad
De los crímenes de guerra y de lesa
humanidad que vivió El Salvador durante el
conflicto armado (1980-1992), ninguno ha
tenido mayor presencia en los tribunales de
justicia nacionales como el caso de la masacre
en la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (UCA). Lamentablemente,
otros hechos iguales o más aberrantes como
el magnicidio de Mons. Romero, la tortura y
asesinato de las religiosas y laicas maryknoll,
los asesinatos de los periodistas holandeses
y el de sacerdotes, las diversas masacres a
lo largo y ancho del territorio nacional, las
ejecuciones de empresarios y de alcaldes,
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y un larguísimo etcétera, no han corrido la
misma suerte. La masacre de El Mozote y
lugares aledaños (1981), la peor de las que
se perpetró en El Salvador durante la guerra
y considerada “la más grande masacre contra
civiles de la historia contemporánea lati-
noamericana”
2
, fue llevada a los tribunales
en octubre de 2016 por la insistencia de las
víctimas y la valentía de un juez que, sin
embargo, se topó con el muro de la impu-
nidad que parece permanecer con la misma
solidez que en las décadas de los ochenta y
noventa del siglo pasado.
3
En estos más de treinta años desde que
el caso de la masacre de la UCA comenzó
a peregrinar en el laberinto del sistema de
justicia salvadoreño, hay dos aspectos que no
han variado a lo largo de los años. El primero
es la impunidad de la que han gozado los
autores intelectuales de la masacre en la
que ha jugado el rol protagónico el sistema
judicial del país, sometido, casi siempre, a los
vaivenes de los poderes político y fáctico. El
segundo es la tenacidad de la UCA y de la
Compañía de Jesús para que en El Salvador
se conozca la verdad y se haga justicia. La
pregunta que levanta la mano es ¿por qué
no se ha podido hacer justicia sobre este y
ningún otro crimen de lesa humanidad en
El Salvador? Y, más en concreto, ¿por qué
persiste la impunidad después de tantos
años? En este breve texto intentaremos, desde
nuestra perspectiva, dar respuestas a estas
interrogantes y demostrar que la dilatada
trayectoria del caso de la masacre de la UCA
no radica en la “necedad”, como algunos
afirman, de los jesuitas ni de la UCA en insistir
en un caso que se perpetró hace casi 33 años.
Más bien la respuesta más inmediata hay que
buscarla en el sistema de justicia salvadoreño.
2 CorteIDH. (2012), n. 77, p. 30.
3 Después de que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado
de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, reabrió el caso para dar paso a un vía
crucis para recabar información en manos de guarniciones militares. En ninguna de ellas se le dejó entrar. El
juez se retiró de sus funciones en septiembre de 2021 por el decreto 144 aprobado por la Asamblea Legislativa
que obligó a retirarse a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años. Puede leerse una carta que el juez
Guzmán envió a la Corte Suprema de Justicia llamándole a reconsiderar la aplicación del decreto en Calderón,
B. & Valencia, D. (2021).
A pesar de la permanente negativa de los
diversos gobiernos a lo largo de la historia
reciente del país para abrirle paso a la verdad
y a la justicia, los asesinatos en la UCA,
junto a la masacre de El Mozote, son los
casos más conocidos de graves violaciones
a los derechos humanos durante la guerra
en El Salvador y el mundo, en parte, porque
su judicialización ha permitido conocer la
verdad o algo de ella. El magnicidio de Mons.
Romero, “San Romero de América”, como
lo bautizó Don Pedro Casaldáliga inmediata-
mente después de su martirio, nunca ha sido
llevado a los tribunales, aunque la verdad
moral sobre su asesinato se puede conocer
con una simple búsqueda en internet. La
causa del único santo que tiene El Salvador,
del salvadoreño más universal, que fue asesi-
nado por salvadoreños y además por personas
que se confesaban católicas, no ha sido inves-
tigado en su propio país.
Un brochazo a los sucesos
Como ya se dijo, los asesinatos en la UCA
tienen ya un largo recorrido dentro del sistema
de justicia salvadoreño. El 16 de noviembre
de 1989, cinco días después de iniciada
la ofensiva guerrillera más importante del
conflicto armado, se perpetró, en el campus
de la UCA, el asesinato de los jesuitas Ignacio
Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo
Montes, Amando López, Joaquín López y
López y Juan Ramón Moreno, y de Julia Elba
Ramos y su hija Celina, de tan solo 16 años.
El suceso conmocionó al país y a la comu-
nidad internacional. Pero los señalamientos y
amenazas contra los jesuitas y contra la UCA
no eran tema nuevo en El Salvador. Más
bien, los ataques fueron permanentes desde
el inicio de la guerra (1980) hasta el asesinato
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de quienes dirigían la universidad. La defensa
de los derechos humanos de la población, la
insistencia en terminar con la guerra a través
de una salida negociada y la presencia e
incidencia política, especialmente de Ignacio
Ellacuría, hicieron que los bandos en conflicto,
empeñados en un triunfo militar, no vieran
con buenos ojos ni su trabajo ni a la UCA.
Las Fuerzas Armadas culpaban a la Iglesia
católica, en general, por incitar a los campe-
sinos para formar parte de una conspiración
comunista internacional. “Como teólogos de
la liberación, los jesuitas se les acusaba sobre
todo de enseñar la ‘opción preferencial por los
pobres’... Como algunos de sus estudiantes
habían sido esenciales en el nacimiento de la
rebelión armada, a los jesuitas se les consi-
deraba responsables del surgimiento de la
disidencia. A Ellacuría se le acusó de ser uno
de los principales consejeros y estrategas del
FMLN, a pesar de que opinaba que no era
posible una victoria de éste”
4
.
Al inicio de la ofensiva guerrillera, el
gobierno obligó a las estaciones de radio a
enlazarse con la emisora de la Fuerza Armada,
radio Cadena Cuscatlán, desde donde se
emprendió una campaña psicológica en
contra de los que consideraron intelectuales
del movimiento guerrillero. Se instaló un
micrófono abierto a través del cual llamaba
gente denunciando a personalidades políticas
de oposición y dirigentes populares, con
declaraciones que incitaban a la violencia
física contra esas personas. Los ataques
incluían a los jesuitas, especialmente al rector
de la UCA: “Ellacuría es un guerrillero. Que le
corten la cabeza”, “debemos sacar a Ellacuría
para matarlo a escupidas”
5
.
Las muertes en la UCA fueron unas
muertes anunciadas. El operativo militar en
4 Escalante Saracais, M. E. & González Jiménez, D. X. (2020), p. 25.
5 IDHUCA. (1997), p. 1000.
6 Informe de la Comisión de la Verdad, citado por la CIDH en su informe 136/99: “Después de la reunión los
ociales permanecieron en la sala, conversando en grupos. En uno de estos grupos estaban deliberando el
Coronel René Emilio Ponce, el General Juan Rafael Bustillo, el Coronel Francisco Elena Fuentes, el Coronel
Juan Orlando Zepeda y el Coronel Inocente Orlando Montano. El Coronel Ponce llamó al Coronel Guillermo Al-
fredo Benavides y ante estos cuatro ociales le ordenó eliminar al Padre Ellacuría sin dejar testigos. Le ordenó,
asimismo, emplear la unidad del Batallón Atlacatl que había efectuado el cateo dos días antes”.
la madrugada del 16 de noviembre que cegó
sus vidas fue precedido por un cateo reali-
zado dos noches antes, el 13 de noviembre,
por el mismo grupo de militares del batallón
élite Atlacatl, que dos días después volverían
a la residencia de la comunidad universi-
taria para terminar su trabajo. La UCA se
encontraba en un perímetro considerado de
primera importancia para el ejército, pues en
esa zona se ubican instalaciones de mando
de la Fuerza Armada, la Escuela Militar y la
colonia Manuel José Arce, lugar de residencia
de oficiales del ejército. Toda la zona estaba
militarizada en esos días y la misma UCA fue
rodeada por miembros del ejército que contro-
laban o impedían la entrada y salida de la
universidad. Un contingente de unos cuarenta
militares entró al campus de la universidad,
pero solo un pequeño grupo entró a la resi-
dencia de los padres. La orden fue no dejar
testigos.
6
Se asesinó a los seis jesuitas que
se encontraban en la casa y a Elba y su hija
Celina, que habían buscado refugio preten-
diendo sentirse más seguras en el ambiente
de violencia armada que se vivía.
La misma lógica
El desarrollo del caso de la masacre de
la UCA a lo largo de estos años revela una
lógica sencilla —muchas veces burda— de
actuación de los responsables del crimen. Esta
lógica se aplicó también a otros crímenes de
lesa humanidad cometidos por actores guber-
namentales durante el conflicto armado. La
lógica plantea una estrategia que se manifiesta
en dos modalidades: la primera es la nega-
ción; la segunda, la manipulación.
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La negación
Todos los signos apuntaban, desde que
se cometió el crimen, a la autoría del ejército
salvadoreño. Sin embargo, inmediatamente
después de cometerse el crimen, y desde
antes, en la planificación del mismo, se ideó
una estrategia de negación por parte de los
que lo ejecutaron y de encubrimiento de parte
de las más altas autoridades del país. En la
antesala del asesinato, a los oficiales encar-
gados de dirigir el operativo, se les ordenó no
utilizar las armas de equipo de los integrantes
del batallón Atlacatl, para que pareciera que el
crimen había sido cometido por la guerrilla del
FMLN. Para tal propósito, les proporcionaron
un fusil AK-47, de los que usaba la guerrilla,
y les ordenaron simular un enfrentamiento
en el lugar después de cumplida la misión.
7
Además, los militares, antes de retirarse del
escenario de los asesinatos, dejaron pintado el
mensaje: “El FMLN hizo un ajusticiamiento a
los orejas contrarios. Vencer o morir. FMLN”
8
.
El crimen provocó indignación tanto
dentro como fuera del país. Organismos
internacionales condenaron la barbarie y
la Comisión Interamericana de Derechos
humanos (CIDH) reaccionó desde el mismo
16 de noviembre. Las muestras de solida-
ridad con la Compañía de Jesús y la UCA
fueron impresionantes y llegaron de todas las
latitudes y de todos los estratos, exigiendo al
Estado una investigación exhaustiva de los
sucesos. A pesar de que todas las evidencias
los señalaban, el gobierno lo negó e intentó
hacer lo necesario para borrar evidencias
que lo incriminaban. Ante el anuncio de
una investigación rigurosa, se cambiaron
los cañones de los fusiles utilizados por los
soldados en la masacre y se destruyó el
7 Testimonio de Yusshy Mendoza ante la Audiencia Nacional de España en el juicio oral contra el coronel Inocente
Orlando Montano y sus compañeros, que inició el 8 de junio de 2020 y terminó a mediados de julio del mismo
año. La sentencia, que se dictó en septiembre de 2020, condenó al exmilitar a 133 años de cárcel. Se puede
consultar en https://www.uca.edu.sv/idhuca/memoria-historica-y-justicia-transicional/memoria-historica-y-justi-
cia-transicional-contenido/, p. 10.
8 PDDH. (2002), p. 5.
9 Escalante Saracais, M. E. & González Jiménez, D. X. (2020), p. 34.
10 CIDH. (1999).
11 Tojeira, J. M. (2019).
libro de novedades en el que se recogía la
salida del grupo del batallón Atlacatl de la
Escuela Militar en dirección a la UCA
9
. El
coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Armada, ordenó destruir
un maletín con fotos, documentos y dinero
que los oficiales a cargo del operativo de
la masacre habían sustraído de la casa de
los padres jesuitas porque “era prueba de
la responsabilidad de la Fuerza Armada”
10
.
Pero, además de todas las evidencias en su
contra, el contingente de militares no cumplió
a cabalidad la misión encomendada porque el
valiente testimonio de una testigo presencial,
Lucía Cerna, botó por los suelos la coartada
del Alto Mando del ejército.
El padre José María Tojeira ha relatado
en reiteradas ocasiones que, en los días
posteriores a los asesinatos, tuvo ocasión de
conversar con el presidente del país, Alfredo
Cristiani, en donde le transmitió que se tenían
pruebas de que los autores de la masacre
eran militares. Según relató el provincial, el
presidente se comprometió a investigar. El
mismo padre Tojeira describe muy bien la
estrategia de negación del gobierno: “Durante
prácticamente 45 días el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador mantuvo
una nota en la que afirmaba que la guerrilla
había asesinado a los jesuitas. Diferentes
personalidades del ejército, de la política y
de la empresa, así como un par de obispos
actuando en solitario, conformaron delega-
ciones para acudir a Washington, Madrid y el
Vaticano para insistir en que la guerrilla era
la autora del crimen y que tanto los jesuitas
como el arzobispo mentíamos motivados por
intenciones políticas”
11
.
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A pesar de todo lo anterior, cuando la
evidencia se hizo tan abrumadora, cuando los
datos objetivos hacían imposible y absurdo
desvincular al ejército salvadoreño de los
asesinatos, se pasó al segundo momento de la
estrategia de los perpetradores de crímenes de
lesa humanidad, es decir, a la manipulación
de los hechos.
La manipulación
El Diccionario la lengua española, de la
Real Academia Española, define manipular
como la acción de “intervenir con medios
hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el
mercado, en la información, etc., con distor-
sión de la verdad o la justicia, y al servicio
de intereses particulares”
12
. La manipulación
es una variante de la negación que persigue
falsear la verdad para evitar la justicia y así
proteger a personas o grupos. Cuando no se
puede negar algo que está a la vista, entonces
lo que sigue es manipular los acontecimientos.
Si de algo ha sido objeto el caso de la
masacre de la UCA, es de manipulación con
el propósito de no reconocer la verdad y de
no hacer justicia, es decir, con el propósito de
dejarlo en la impunidad. La principal herra-
mienta para la manipulación ha sido el torci-
miento de la ley, interpretada a conveniencia
de los incriminados.
Las muchas evidencias que señalaban a
la Fuerza Armada como autora del crimen
y la presión internacional pusieron en jaque
al gobierno. La masacre de la UCA supuso
el desprestigio casi unánime del ejército a
nivel internacional, que ya cargaba sobre
sus espaldas los señalamientos por viola-
ciones a los derechos humanos que incluían
masacres al inicio de la guerra. La prensa
norteamericana cuestionaba el apoyo a un
ejército asesino de intelectuales, sacerdotes
y pacifistas. El Congreso de Estados Unidos
suspendió, aunque solo temporal y parcial-
mente, la ayuda económica a El Salvador. El
12 RAE. (2022). Manipular, https://dle.rae.es/manipular
13 CIDH. (1999).
gobierno salvadoreño debía hacer algo para
no pagar costos políticos y económicos más
altos.
El presidente Cristiani ordenó, entonces,
una investigación de los hechos que estuvo
a cargo de la Comisión de Investigación y
la Comisión Especial de Honor Militar de
las Fuerzas Armadas Salvadoreñas.
13
Ambas
comisiones no perseguían aclarar lo que
sucedió, sino encubrir a los autores intelec-
tuales del crimen. Por ello, se propició un
juicio oral para juzgar solo a parte de los
elementos que se encargaron de perpetrar el
crimen y al director de la Escuela Militar, el
coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno,
a quien se le señaló como único responsable
de tomar la decisión y ordenar ejecutarla. En
total, nueve militares fueron llevados a un
juicio oral en septiembre de 1991. El vere-
dicto declaró culpables únicamente al coronel
Benavides Moreno y al teniente Yusshy René
Mendoza Vallecillos. Ambos fueron declarados
culpables por proposición y conspiración para
cometer actos de terrorismo y sentenciados a
treinta años de cárcel. También fueron encon-
trados culpables los tenientes José Ricardo
Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos
y sentenciados a tres años por proposición
y conspiración para cometer actos de terro-
rismo. El teniente coronel Carlos Camilo
Hernández Barahona fue también condenado
por el juez a tres años por encubrimiento
real. Estos tres últimos quedaron en libertad
y siguieron activos en la Fuerza Armada.
Mendoza Vallecillos también fue condenado
por el delito de encubrimiento real. El resto
fue absuelto.
Aunque sentar en el banquillo de los
acusados representó un avance importante en
el caso, el proceso se desarrolló con muchas
irregularidades. Los dos fiscales nombrados
por el ministerio público como parte acusa-
dora renunciaron, entre otras cosas, por
“haber recibido órdenes precisas del Fiscal
General de no presentar escritos, no brindar
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declaraciones a medios de comunicación y no
desarrollar labores de investigación”
14
.
Para la CIDH, el resultado del juicio fue
absurdo, porque los implicados relataron
con lujo de detalles su participación en la
ejecución de los jesuitas y las dos mujeres. Era
imposible que, de los nueve enjuiciados, solo
dos resultaran condenados, precisamente los
dos que no pertenecían al batallón Atlacatl.
Los otros siete, todos del batallón Atlacatl,
fueron dejados en libertad. También el juicio
fue calificado como una farsa porque no se
profundizó en la responsabilidad de quienes
decidieron la muerte y dieron la orden: “La
decisión judicial tampoco condenó a los
autores intelectuales, lo que significa que en
este caso la política de encubrimiento resultó
totalmente efectiva”
15
.
Desde ese juicio de septiembre de 1991,
el crimen de la UCA ha quedado impune
en lo que a la autoría intelectual se refiere.
En estos treinta años, el proceso ha sido
objeto de diversas manipulaciones. Después
del juicio, la Compañía de Jesús, aceptando
que en los casos de los dos condenados en
el juicio oral se había conocido la verdad y
se había impartido justicia, solicitó el indulto
para ambos, solicitud que fue denegada
por las autoridades judiciales. Unos meses
después, el 15 de marzo de 1993, vio la luz
el Informe de la Comisión de la Verdad, De la
locura a la esperanza, producto de la investi-
gación de graves crímenes durante el conflicto
armado. El informe solo estuvo “vivo” cinco
días, pues el gobierno lo descalificó de tajo
porque incriminaba sobre todo a los militares
y paramilitares. La Asamblea Legislativa
aprobó, el 20 de marzo, una Ley de Amnistía
General, incondicional y absoluta. El presi-
dente Cristiani dijo que había que pasar la
página de la historia, que era el tiempo del
borrón y cuenta nueva, recordó el anhelo del
“perdón y olvido”
16
. Gracias a esta ley, los dos
14 Escalante Saracais, M. E. & González Jiménez, D. X. (2020), p. 35.
15 CIDH. (1999), n. 140.
16 Orellana, C. (2002), p. 1073.
17 Editor. (2016), p. 167.
18 Ver OHCHR. (1968).
militares condenados recobraron su libertad,
pero la impunidad cobró carta de ciudadanía
en el país. El camino para llegar a la justicia
es recuperar la memoria de lo sucedido. Lo
contrario de la memoria es el olvido, que es el
camino para la impunidad. El Gobierno de El
Salvador optó por lo segundo.
En marzo del año 2000, la Compañía de
Jesús interpuso ante la Fiscalía General de
la República (FGR) una denuncia contra los
autores intelectuales de la masacre. El titular
del ministerio público se negó a investigar
argumentando que había demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía
pendientes de resolver. El 26 de septiembre de
ese mismo año, la Sala de lo Constitucional
declaró constitucional la ley de Amnistía. El
fiscal general nunca actuó para investigar; al
contrario, solicitó “el sobreseimiento de los
acusados por estar amnistiados y por haber
prescrito el delito”
17
. No es que las autori-
dades del sistema de justicia salvadoreño
desconocieran que, según los parámetros
internacionales sobre los derechos humanos,
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa
humanidad no son amnistiables ni indul-
tables ni prescriben
18
, sino que los hacen a
un lado porque su fin último es garantizar la
impunidad.
Ante la inoperancia del sistema de justicia
nacional, el Instituto de Derechos Humanos
de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas (IDHUCA) presentó, el 17
de noviembre de 2003, una denuncia ante
la CIDH por la violación del Estado salva-
doreño contra los familiares de los jesuitas.
En el año 2009, organizaciones defensoras
de derechos humanos de España y Estados
Unidos iniciaron un proceso en España para
llegar a la verdad, la justicia y la reparación,
en razón del principio de justicia universal y
de la competencia que ese país reconoce para
juzgar delitos cometidos contra nacionales en
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el extranjero, como el delito de terrorismo.
Cinco de los seis jesuitas asesinados eran de
origen español. La autoridad judicial espa-
ñola, a través del juez Eloy Velasco, solicitó
colaboración penal mutua a la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) salvadoreña. La CSJ denegó
esta solicitud. En julio del año 2011, el juez
Velasco solicitó la emisión de difusiones rojas
a INTERPOL para los señalados como autores
intelectuales de los asesinatos.
El portal de la INTERPOL explica para
qué son estas difusiones: “Se emiten notifica-
ciones rojas sobre fugitivos buscados para su
enjuiciamiento o para cumplir condena. Una
notificación roja es una solicitud a fuerzas
del orden de todo el mundo para localizar
y detener provisionalmente a una persona
en espera de extradición, entrega o acción
judicial similar”
19
. En una decisión de anto-
logía jurídica, la CSJ salvadoreña interpretó
que la difusión roja implicaba únicamente
aviso de localización y que, en ese caso,
como no había solicitud de detención con
fines de extradición, se declaraba imposibi-
litada para resolverlo. Además, resolvió que
la Policía Nacional Civil no podría proceder
a la captura con fines de extradición sin
orden judicial. Esto provocó que en el año
2012 el juez Velasco enviara al Ministerio
de Relaciones Exteriores de El Salvador una
solicitud de extradición para cada imputado.
La CSJ salvadoreña la denegó argumentado
que, según el artículo 28 de la Constitución
vigente para 1989, se prohibía la extradición
de salvadoreños. El juez Velasco hizo otro
intento similar en el año 2016, sin mayores
resultados.
La ocasión para celebrar un juicio en
España se dio a causa de la detención en
Estados Unidos, por violar la ley de migración
de ese país, de uno de los implicados en la
autoría intelectual de la masacre de la UCA, el
coronel Inocente Orlando Montano. El militar
fue extraditado a España, fue juzgado en un
juicio oral y condenado a treinta años de
cárcel por cada uno de los asesinatos, aunque,
19 INTERPOL. (2022).
20 Labrador, G. (2017).
como lo establece la legislación española, no
podrá estar más de treinta años purgando su
pena. Por fin, más de tres décadas después del
martirio, la justicia se abrió camino en España,
por lo menos con uno de los autores intelec-
tuales. Pero en El Salvador la impunidad se
mantiene hasta hoy.
La Ley de Amnistía aprobada en el año
1993, a pesar de ser evidentemente inconsti-
tucional, violatoria de los parámetros interna-
cionales de derechos humanos y el principal
obstáculo para la búsqueda de la verdad y la
justicia en el país, estuvo vigente más de vein-
titrés años. Fue hasta el 13 de julio de 2016
que la Sala de lo Constitucional la declaró
inconstitucional.
La UCA comenzó, entonces, una nueva
travesía tras la búsqueda de la verdad y
la justicia. El 27 de noviembre de 2017,
presentó ante el Juzgado Tercero de Paz de
San Salvador la solicitud de reapertura del
juicio contra los autores intelectuales de la
masacre de la UCA. El 16 de abril de 2018,
el juzgado ordenó la reapertura del caso.
Antes, en una declaración inédita desde
que ocurrió la masacre, el fiscal general de
turno, Douglas Meléndez, había declarado en
diciembre de 2017 que estaba de acuerdo con
que se reabriera el caso.
20
Pero los obstáculos
volvieron a aparecer igual de burdos que los
anteriores; en parte, por los recursos legales
interpuestos por los defensores de los militares
implicados y, en parte, por la parsimonia y
la manipulación del sistema de justicia. El 8
de septiembre de 2020, la Sala de lo Penal,
ante un recurso de casación interpuesto por
la defensa de los militares, resolvió cerrar el
caso por haber prescrito y exonerar de toda
responsabilidad a los sindicados. El fallo fue
aprobado por dos de tres votos posibles.
El 15 de diciembre del mismo año, la UCA
denunció, ante la FGR, a los dos magistrados
por prevaricación, sin que la denuncia haya
tenido trascendencia.
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Más de 32 años después de la masacre de la UCA: ¿tiempo de la justicia o seguirá la impunidad?
Vol. 77, núm. 769, año 2022, pp. 45-58
ISSN 2788-9580 (en línea) ISSN 0014-1445 (impreso)
El caso de la masacre de la UCA dio un
giro inesperado el 16 de noviembre del año
2021. El fiscal general, Rodolfo Delgado,
elegido para el puesto por el partido del presi-
dente Bukele, interpuso un amparo ante la
Sala de lo Constitucional para la anulación del
fallo de la Sala de lo Penal que cerró el caso.
La respuesta de la sala, compuesta también
por magistrados y magistradas del gusto del
presidente, llegó en menos de dos meses. El 5
de enero de 2022, los magistrados anularon
el fallo de la Sala de lo Penal y ordenaron
reabrir el juicio contra los autores intelectuales
de la masacre de 1989. La novedad estribó
también en que la FGR no tomó en cuenta el
parecer de las víctimas, ni siquiera se consultó
su opinión. En el caso de la masacre de la
UCA, las víctimas son los familiares de los
asesinados, la Compañía de Jesús y la misma
universidad. Otra novedad fue que en la
lista de trece acusados por la FGR figuran el
expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado
Rodolfo Parker, este último, férreo opositor al
gobierno de Bukele cuando fue diputado en
la legislatura anterior. El 10 de marzo, el titular
del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador
realizó la audiencia inicial. En ella separó de
la querella al abogado de los familiares de los
sacerdotes, Arnau Baulenas, también traba-
jador de la UCA. Las víctimas se quedaron sin
representación en el juicio.
La resolución del juez se anunció un día
después, el 11 de marzo. El juicio pasó a la
fase de instrucción. A seis de los acusados, se
les decretó detención provisional, entre ellos a
Cristiani y a Parker. Los otros cinco recibieron
medidas alternas. Dos de los acusados origi-
nalmente ya habían sido separados de la lista.
El caso ha recomenzado una vez más y las
expectativas de que se conozca la verdad y se
haga justicia están teñidas de nubarrones. El
fiscal de Bukele, al presentar el amparo ante
la Sala de lo Constitucional, dijo: “El pueblo
salvadoreño tiene que conocer la verdad” y
se tiene que “promover la búsqueda de la
verdad en torno a los hechos”
21
.
21 DW (2021).
Una historia de impunidad
Como se dijo al inicio, una constante
en las tres décadas en las que la masacre
de la UCA ha peregrinado tratando infruc-
tuosamente que se conozca la verdad y se
haga justicia es la protección del Estado
salvadoreño a los miembros del ejército que
decidieron que se perpetrara el crimen. La
impunidad ha tenido la última palabra y quien
la ha hecho posible es el sistema de justicia
nacional que ha respondido a los intereses
de los gobiernos de turno. Todos los intentos
que se han realizado dentro del marco de la
ley para conocer la verdad han enfrentado
barreras y dificultas legales o políticas que
contravienen la Constitución y los parámetros
internacionales de los derechos humanos.
¿A qué se debe que los autores
intelectuales del crimen en la universidad
hayan sido protegidos todos estos años?
La razón fundamental, o por lo menos
una de ellas, es un acuerdo subterráneo a
los Acuerdos de Paz de 1992. En distintas
proporciones, ambos grupos fueron
señalados en el Informe de la Comisión
de la Verdad. Ahora es cada vez más cosa
aceptada que en los Acuerdos de Paz,
además de negociar el fin de la guerra,
también se intercambiaron impunidades,
aunque esto no quedara plasmado en el
documento. Los protagonistas de la guerra
que negociaron la paz se comprometieron a
que, al estar en el gobierno, no enjuiciarían
a miembros del bando contrario. Hubo un
intercambio de impunidades, aunque en
diversas proporciones, ambos grupos, Fuerza
Armada y FMLN, cometieron crímenes por
los cuales podían ser llevados a la justicia.
Uno de los negociadores de la paz, en una
conversación muchos años después de la
firma de los acuerdos, comentó que en
ambos grupos había temor de ser llevados
ante la justicia. El caso de los militares
enjuiciados por la autoría material en la
masacre de la UCA en 1991 fue aleccionador
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y quienes decidieron su muerte no estaban
dispuestos a sufrir la misma exposición.
Desde finales de la guerra hasta el año
2019, el país fue gobernando por el partido
ARENA (1989-2009), que se ha identificado
con el estamento militar, y por el FMLN
(2009-2019). Los que fueron protagonistas
en la guerra civil después siguieron siendo los
protagonistas en la posguerra. Recuperar la
memoria histórica, reconocer la verdad de lo
que pasó, abriría paso a revelar a los respon-
sables de crímenes de lesa humanidad que
se disputaban en la arena política el poder
que antes disputaron en la guerra. Esta conti-
nuidad de los actores decisorios de la diná-
mica nacional facilitó que el intercambio de
impunidades se mantuviera todos esos años.
No he encontrado ninguna otra explicación
para entender la infranqueable impunidad.
Que esta fuera propiciada en los gobiernos
de ARENA es más entendible, pues ambos
(ARENA y los militares) siempre estuvieron
en el mismo lado durante el conflicto armado.
Pero que un gobierno de izquierda que habló
contra la impunidad mientras estaba en la
oposición y que siendo gobierno no hiciera
lo necesario para conocer la verdad y hacer
justicia no se puede explicar de otra manera.
Esta condición ha cambiado con el arribo de
un gobierno dirigido por personajes que no
estuvieron vinculados al conflicto armado.
¿Se hará justicia?
Hace algunos años, cuando comprendí
que la única razón que explica la persistente
impunidad en la masacre de la UCA y en
todos los crímenes de lesa humanidad y de
guerra era el intercambio de impunidades,
concluí que la impunidad seguiría mientras
los que fueron protagonistas durante la
guerra civil siguieran dirigiendo los destinos
del país. La llegada del gobierno de Nayib
Bukele, a simple vista, cumple esa condición.
Sin embargo, la impunidad sigue. ¿Me equi-
voqué? Probablemente sí o probablemente no.
Sí porque ni el presidente, ni muchos de sus
funcionarios fueron protagonistas en la guerra.
22 Martínez, C. (2022).
Precisamente, uno de los argumentos recu-
rrentes para no hacer justicia a los crímenes
cometidos durante el conflicto armado es que
los que ahora dirigen el ejército eran infantes
cuando sucedieron esos crímenes. Quizá no
estaba equivocado porque quienes fueron
protagonistas en la guerra, de alguna manera,
lo siguen siendo en este tiempo.
La administración Bukele no se ha distan-
ciado en nada del irrespeto y el desprecio con
que los gobiernos anteriores trataron a las
víctimas. Si ahora hubiera voluntad de reco-
nocer la verdad y hacer justicia, el gobierno
habría brindado toda la colaboración libe-
rando los archivos militares que pueden escla-
recer muchos casos. La negativa a colaborar
con la causa de la masacre de El Mozote es
solo un ejemplo. Si existiera la disposición
para la verdad y la justicia, una ley de justicia
transicional habría sido aprobada. Pero la
impunidad persiste porque, para garantizar las
ansías de poder absoluto, el presidente nece-
sita de las Fuerzas Armadas. No hay autócrata
que tarde o temprano no necesite de la fuerza
de las armas para imponer su voluntad. Uno
de los dos pilares fundamentales en los que
se afinca el poder de Bukele es el del ejército.
El otro es, todavía, el respaldo social. Por eso,
desde que llegó al poder, el presidente declaró
héroes de El Salvador a los miembros del ejér-
cito y de la policía, estatus que se fortaleció
durante la gestión militarizada de la pandemia
y se ha consolidado en la ofensiva contra las
pandillas, con quienes el gobierno rompió el
pacto para bajar los homicidios a cambio de
beneficios que incluían la no extradición de
algunos de sus líderes hacia Estados Unidos.
22
Además, entre los militares hay vínculos de
lealtad y unidad, independientemente de las
generaciones; el código de honor militar llama
a proteger a los compañeros de armas. Para
muchos militares, la masacre de la UCA no
fue un crimen, sino un error. Matar personas
desarmadas e inocentes no constituye un
crimen, y esa apreciación también une a
jóvenes y mayores. Por ello, tocar a los mili-
tares implicados en la masacre de la UCA
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implicaría tocar al ejército. Y Bukele no puede
darse ese lujo ni parece querer hacerlo.
El caso concreto de la reapertura de la
masacre de la UCA tiene dedicatoria. Bukele
no busca la justicia, sino el perjuicio contra
actores que han sido críticos de su gestión
y han denunciado las transgresiones a la
legalidad y las violaciones a los derechos
humanos. El presidente, como buen autó-
crata, ha divido el mundo entre los que le
aplauden y los que no; los primeros son sus
aliados, los segundos sus enemigos. El fiscal
sigue estas directrices. Por eso, aunque la
UCA, por derecho, sea víctima de este caso,
no ha sido tomado en cuenta, porque lo que
pretende es anularla política y moralmente
haciéndola aparecer como contraria a la
verdad y la justicia. El gobierno no pretende
reconocer la verdad, sino dañar a la univer-
sidad y utilizar, independientemente de su
participación en el crimen, al expresidente
Cristiani como el toque de gracia para el
hundimiento de ARENA. No sería raro que
al final del proceso judicial reiniciado en
marzo pasado, se absuelva a los militares y
sean los civiles los condenados. No sería raro
porque el sistema de justicia, salvo contadas
excepciones, siempre ha actuado conforme
a los intereses de los que detentan el poder
y esta administración no es la excepción; al
contrario, el sometimiento del poder judicial
está a la vista de todos. No sería extraño
porque lo que se busca no es la verdad ni
hacer justicia, sino hacer daño aparentando
hacer el bien. Es muy probable que nos
enfrentemos a una manipulación más.
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pdf
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Línea de tiempo caso masacre de la
UCA
Fecha Acontecimiento Observación
26-28/09/1991
El juicio contra los diez militares acusados
de participar materialmente en los asesina-
tos se lleva a cabo ante el Juzgado Cuarto
de lo Penal.
Condena de dos de los imputados a
treinta años, de otros tres a tres años (sin
cárcel). El resto fueron absueltos.
16/11/1992
La Compañía de Jesús solicita el indul-
to para los únicos dos condenados y en
prisión, ante la Asamblea Legislativa, y pide
el apoyo de la
Presidencia de la Repúbli-
ca.
La solicitud fue denegada, pero los dos
condenados fueron beneficiados por la
Ley de Amnistía aprobada en 1993.
27/03/2000
La Universidad Centroamericana (UCA)
interpone denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República (FGR) contra los
autores intelectuales de los asesinatos.
El fiscal general manifestó que se abs-
tendría de iniciar las investigaciones
hasta que la Sala de lo Constitucional
resolviera los procesos de inconstitucio-
nalidad pendientes contra la Ley de Am-
nistía. Finalmente, confirmó su decisión
de abstenerse.
26/09/2000
La Sala de lo Constitucional declara consti-
tucional la Ley de Amnistía.
17/11/2003
La UCA presenta una denuncia ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-
nos, por la violación del Estado salvadoreño
contra los familiares de los jesuitas.
15/07/2009
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió
la Nota 1805/2009-CAP, de 18 de junio de
2009, por medio de la cual el Ministerio de
Justicia de España le remitía la solicitud de
asistencia penal mutua planteada por el juez
Eloy Velasco.
Casi un año después, el 17/06/2010, la
solicitud fue denegada.
26/07/2011
El juez Eloy Velasco solicita la emisión de
las difusiones rojas, a INTERPOL contra los
supuestos autores intelectuales de la masa-
cre de la UCA.
El auto se dicta por la comisión de ocho
delitos de asesinato terrorista (crimen de
Estado) y un delito de lesa humanidad
o contra derecho de gentes (por moti-
vos xenófobos), se acuerda la emisión
de las difusiones rojas y se requiere que
los imputados presten una fianza de
3,200,000 euros (a razón de 400,000
euros por cada uno de los asesinatos).
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04/08/2011
Las difusiones rojas se publi-
can en el sistema automatizado de
búsqueda de INTERPOL.
24/08/2011
La CSJ resolvió que “en este caso” la di-
fusión roja “implica únicamente aviso de
localización” y, “como no existe solicitud
de detención preventiva con fines de ex-
tradición que haya sido recibida por esta
Corte proveniente del Reino de España”,
“esta Corte está imposibilitada para resolver
al respecto”. “La Policía Nacional Civil no
puede proceder a la captura con fines de
extradición sin orden judicial”.
13/01/2012
La CSJ recibe la solicitud de extradición
del juez Velasco (una por cada imputa-
do), enviada por intermedio de la Misión
Diplomática del Reino de España, quien se
la hizo llegar al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores salvadoreño, el 9 de enero de 2012,
para que la remitiera a la Corte.
El 08/05/2012, la Corte denegó la so-
licitud basada en el art. 28 Cn vigente
para 1989, que prohibía la extradición
de salvadoreños.
La magistrada Mirna Perla emite un
voto disidente. Una de las resoluciones
de Corte plena fue la No. 1-S-2012.
24/08/2015
La Sala de lo Constitucional (nueva) resuel-
ve que la difusión roja es para localización y
captura en un habeas corpus.
04/01/2016
El juez Velasco resuelve reiterar a las au-
toridades salvadoreñas las órdenes de de-
tención y de entrega, ante el giro jurisdic-
cional.
13/07/2016
La Sala de lo Constitucional declara incons-
titucional la Ley de Amnistía de 1993.
27/11/2017
La UCA presenta, ante el Juzgado Tercero
de Paz de San Salvador, la solicitud de rea-
pertura del juicio contra los autores intelec-
tuales de la masacre de la UCA.
16/04/2018
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador
ordena la reapertura del caso de la masacre
de la UCA contra los actores intelectuales
del crimen.
8/09/2020
Sala de lo Penal ordena cerrar, por caduci-
dad, el Caso Jesuitas.
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15/12/2020
La UCA denuncia ante la FGR a dos ma-
gistrados de la Sala de lo Penal por preva-
ricación.
La denuncia nunca prosperó en la FGR.
16/11/2021
El fiscal general, Rodolfo Delgado, interpone
un amparo ante la Sala de lo Constitucional
para anular el fallo de la Sala de lo Penal y
reabrir el caso de la masacre de la UCA.
5/01/2022
La Sala de lo Constitucional anula fallo de
la Sala de lo Penal y ordena reabrir el Caso
Jesuitas.
10/03/2022
Se realiza audiencia inicial en el Juzgado
Tercero de Paz de San Salvador.
El juez separa al abogado que represen-
ta a los familiares de los jesuitas. La FGR
propone a Walter Araujo y al P. José
María Tojeira como testigos, y acusa a
trece personas, entre ellas el expresiden-
te Alfredo Cristiani y el exdiputado Ro-
dolfo Parker.
11/03/2022
El juez resuelve pasar a fase de instrucción y
ordena detención preventiva para seis acu-
sados, entre ellos el expresidente Cristiani y
al exdiputado Parker. Cinco recibieron me-
didas alternas.
