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Estudios Centroamericanos
¿Qué opinan en la posguerra algunos actores influyentes sobre el conflicto
interno de los ochenta en El Salvador?
Vol. 77, núm. 768, año 2022, pp. 105-126
ISSN 2788-9580 (en línea) ISSN 0014-1445 (impreso)
¿Qué opinan en la
posguerra algunos actores
influyentes sobre el
conflicto interno de los
ochenta en El Salvador?
What do some influential actors during
the internal conflict in El Salvador in
the 1980s think in the post-war period
DOI: https://doi.org/10.51378/eca.v77i768.6682
Rafael Romero
1
Palabras clave:
Acuerdos de Paz, apertura política,
crímenes de lesa humanidad, corrupción,
insurrección, militares, posguerra.
Key words:
Peace Accords, political openness,
crimes against humanity, corruption,
insurrection, military, post-war.
Recibido: 14 de septiembre de 2021
Aceptado: 17 de febrero de 2022
1 Investigador académico. Posee una Maestría en Relaciones Internacionales otorgada por Curtin University,
Australia. Correo electrónico: osopunches@yahoo.com
Resumen
Los principales actores durante esa
sangrienta década incluyen, primariamente,
al binomio Fuerzas Armadas de El Salvador
(FAES)-Gobierno de El Salvador (GOES); al
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), y consecutivas administra-
ciones de los EE. UU. La dupla oficial contó
con el apoyo sistemático e incondicional
de los EE. UU., así como de la oligarquía
doméstica. Por su parte, el FMLN contó con
varias formas de solidaridad internacional,
que incluyeron apoyo político-diplomático,
atención médica a lisiados de guerra y hasta
el suministro de algún armamento militar. Los
“Acuerdos de Paz” terminaron con las belico-
sidades internas, pero no con varias de sus
causas. La mayoría de las heridas continúan
abiertas y sin la democracia anhelada. Por
eso, es pertinente saber ¿qué piensan algunos
de esos actores tres décadas después?
Abstract
The main actors during the bloody decade
of civil war in El Salvador include primarily
the binomial Armed Forces of El Salvador
(FAES)-Government of El Salvador (GOES);
the Farabundo Martí National Liberation Front
(FMLN); and consecutive USA administra-
tions. The official duo counted on the USA
systematic and unconditional support as well
as that of the domestic oligarchy. The FMLN
counted on various forms of international
solidarity, including diplomatic and political
support, medical attention to the wounded or
war disabled and the supply of some military
weaponry. The Peace Accord Agreement
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ended with the internal bellicosities, but not
with several of its causes. Most of the wounds
from that conflict remain open and without the
much-desired democracy. For those reasons it
is pertinent to know what some of those actors
think three decades after the end of the armed
conflict.
Introducción
La independencia de El Salvador (ES de
ahora en adelante) de la corona española
para los pueblos indígenas solo significó una
transferencia de poder de un amo a otro. Las
estructuras explotadoras del poder se mantu-
vieron bajo nuevos formatos. La mayoría de
la literatura existente magnifica el levanta-
miento de la etnia “nonualca”, liderada por
Anastasio Aquino en 1832, contra la falacia
independentista. Pero poco se menciona sobre
las insurrecciones anteriores o posteriores al
asesinato de Aquino. Un siglo después de ese
magnicidio, Agustín Farabundo Martí lideró
otra insurrección, lamentablemente fallida,
contra el mismo orden establecido. Algunos
historiadores suponen que en 1932 fueron
asesinados unos 10,000 indígenas, mientras
que otros afirman que fueron 30,000 los indí-
genas masacrados por el régimen militar de
turno. De acuerdo con la versión oficial, desde
su independencia de España, ES se convirtió
en una república democrática donde solo el
pueblo puede elegir a sus representantes por
medio de una elección popular y no por otra
vía.
Irónicamente, los mismos archivos de Casa
Presidencial demuestran que, desde esa mal
llamada “independencia” hasta el conflicto
interno de los ochenta, existieron en ES 17
gobiernos militares. Paradójicamente, conse-
cutivas Constituciones políticas de ES, antes,
durante y en la posguerra, continúan estipu-
lando que las Fuerzas Armadas (FAES) son
apolíticas (no se alinean con ningún partido
político), no deliberantes (no cuestionan al
poder emanado del pueblo) y obedientes
(cumplen con las directrices constitucionales).
Ese número de gobiernos militares fue no solo
algo sistemáticamente anticonstitucional, sino
que una de las mayores causas de las belico-
sidades internas en los años ochenta.
Esas hostilidades, afortunadamente,
llegaron a su fin el día 16 de enero de 1992
con la firma de la todavía dudosa aplicación
de los “Acuerdos de Paz”. Perecieron entre
70,000 y 80,000 personas, cientos de víctimas
continúan “desaparecidas”, miles quedaron
lisiadas, miles de familias fueron desintegradas
y más de dos millones de salvadoreños fueron
forzados a emigrar hacia otros países, unos
de forma legal y otros de forma ilegal. En la
posguerra, ni las FAES ni la policía han vuelto
a secuestrar, torturar y asesinar por razones
políticas. Aún más, los partidos políticos de
una inmensa gama de colores aparentemente
diferentes proliferaron. Pero el considerar
elecciones libres como un sinónimo conclu-
sivo de “democracia” es un craso error de
análisis e interpretación. Elecciones libres son
solo un indicador del desarrollo democrático
de un país. Para las élites privilegiadas (las
minorías), la democracia electorera no es más
que la dictadura de las mayorías. De ahí que
detrás de bambalinas continúan asegurando
sus intereses. En la posguerra, fueron electos
seis presidentes de partidos opositores, más el
actual, por un partido de dudosa neutralidad.
Francisco Flores (fallecido) y Elías Antonio
Saca (de ARENA); Mauricio Funes Cartagena
y Salvador Sánchez Cerén (del FMLN)
continúan siendo acusados de varios ilícitos
(primariamente robo a las “arcas del Estado”).
De los presidentes de derecha, solo se
podía esperar más de lo mismo. La elección
de dos presidentes representantes del FMLN
creó bastantes expectativas positivas para las
mayorías; sin embargo, el FMLN no cumplió
con lo prometido. Se convirtieron claramente
en políticos convencionales al igual que sus
tradicionales enemigos o rivales. Hablar de
democracia en la posguerra de ES sigue
siendo controversial, porque la democracia en
ese país continúa deliberadamente estando en
una fase embrionaria. Ninguno de los presi-
dentes de ES en la posguerra demostraron
haber tomado medidas serias para combatir
la crónica corrupción, la pobreza y el desem-
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pleo. Por el contrario, su prioridad fue enquis-
tarse en el poder por cuanto más tiempo les
fuera posible. Esta es solo una de las muchas
razones por las que es importante escrutar en
la posguerra: ¿qué pasó?, ¿qué falló? y ¿qué
opinan hoy algunos de esos actores, cuyas
influencias impactaron directa y/o indirecta-
mente en ese largo baño de sangre fratricida
y en su término en 1992? Empecemos por
explorar los argumentos de algunos personajes
de la política en Washington.
¿Qué opinan algunos actores
estadounidenses?
Algunos de esos actores siguen afirmando
que la intervención de Washington en El
Salvador fue el curso correcto a seguir; otros
afirman lo contrario. Para ilustrar, en cuanto
a los primeros, John Bolton, asesor de segu-
ridad nacional en la pasada administración
de Donald Trump, anunció nuevas sanciones
contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bolton
afirmó públicamente: “Hoy, orgullosamente
proclamamos para que todo el mundo
escuche: la Doctrina Monroe está viva y en
buen estado de salud” (Richardson, 4 de
abril de 2019,
OBSERVER
). El presidente
de los EE. UU. en 1823, James Monroe,
declaró unilateralmente que Latinoamérica
se convertía, a partir de ese momento, en un
hemisferio de exclusiva influencia estadouni-
dense. A esa declaración se le conoce hasta el
día de hoy como la “Doctrina Monroe”, según
la cual Latinoamérica es considerada por los
EE. UU. como su propio “patio trasero”. La
geopolítica hace inevitable que ese gigante
del Norte no incluya a ES dentro de su autoa-
genciada esfera de control. En la opinión de
Bolton, ES vive en la posguerra una demo-
cracia y no una dictadura como la que, en su
opinión, existe en Cuba.
Henry Kissinger, secretario de Estado
durante la administración de Richard Nixon,
con una petulancia sin límites y con un
completo irrespeto a la soberanía de los
Estados extranjeros (estipulada en varias leyes
internacionales), declaró que los EE. UU.
habían derrocado al presidente de Chile (11
de septiembre de 1973), Salvador Guillermo
Allende Gossens, porque los EE. UU. no se
podían quedar de brazos cruzados ante la
irresponsabilidad del pueblo chileno de haber
elegido popularmente a un gobierno socialista
(Bonnefoy, 14 de octubre de 2017,
The New
York Times
, y Bradbury, 1986). La retórica
de los gobiernos de los EE. UU. continúa
considerando que elecciones libres son equi-
valentes a democracia, pero solo si el ganador
se somete a los dictados de Washington.
En ES, los consecutivos fraudes electorales,
que daban como ganador a un coronel o a
un general, fueron deliberadamente igno-
rados por la Casa Blanca, porque se elegían
“gobiernos amigos [entiéndase ‘títeres’
impuestos] y no gobiernos de izquierda
hostiles a Washington”. El Gral. Alexander
M. Haig Jr., secretario de Estado durante la
primera administración de Ronald Reagan,
antes de morir, mantuvo que la ayuda
[entiéndase intervencionismo] de los EE. UU.
impidió la destrucción de la democracia salva-
doreña a manos del comunismo internacional
(
The New York Times
, 1981).
Su sucesor, George Shultz, también,
antes de fallecer, mantuvo que la seguridad
nacional de los EE. UU. estaba en juego en
El Salvador. De ahí que solo la ayuda de
los EE. UU. había logrado detener el avance
del expansionista comunismo internacional
(Gwertzman, 1983,
The New York Times
).
Thomas O. Enders, asistente del secretario
para Asuntos Interamericanos (durante la
primera administración de Ronald Reagan),
siempre defendió las “Certificaciones sobre las
mejoras al respeto a los Derechos Humanos
en ES”, presentadas por Reagan ante el
Congreso, como verídicas. Por lo tanto, la
ayuda de los EE. UU. al Gobierno de El
Salvador (GOES) siempre fue legitima y justi-
ficada. Enders mantuvo esa posición hasta el
día de su defunción (Geyelin, 1983).
Lyndon B. Johnson (presidente de los
EE. UU del 22 de noviembre al 20 de enero
de 1969) afirmó que por ninguna razón los
EE. UU. permitirían otra Cuba en su “patio
trasero” (Benz, 1981). ES nunca escapó a esa
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advertencia intervencionista. En los EE. UU.,
los presidentes son reelegidos o cambian, pero
nunca su política exterior intervencionista y
hegemónica, sin importar el partido político
que los ha llevado al poder. Durante las beli-
cosidades internas en ES, hubo presidentes
en los EE. UU. de los partidos mayoritarios,
que teóricamente se oponen entre sí, pero su
intervencionista política exterior no cambió.
ES continuó siendo una parte vital de su auto-
declarado “patio trasero”.
Donald Rumsfeld (pereció recientemente),
exsecretario de Defensa durante las admi-
nistraciones de Gerald Ford y George Bush
Jr., con experiencia en crímenes de guerra
en Vietnam, Irak, Afganistán y El Salvador,
también argumentó que solo la ayuda
desinteresada de los EE. UU. logró salvar
a ES de la inminente amenaza comunista.
Condoleezza Rice, secretaria de Estado
durante la administración de George Bush
(padre), ha mantenido su posición de preferir
dictaduras de derecha y no de izquierda,
por su hostilidad hacia Washington. Jeane
Kirkpatrick (embajadora de los EE. UU. ante
la ONU durante la primera administración
de Reagan), refiriéndose a las religiosas
estadounidenses asesinadas por la Guardia
Nacional de ES en diciembre de 1980, afirmó:
“No creo que el GOES sea responsable. Las
monjas no eran solo monjas, sino que acti-
vistas políticas” (Cooper & Hodge, 8 de abril
de 2015,
National Catholic Observer
). Rice
y Kirkpatrick coinciden en que los EE. UU.
lucharon contra el comunismo en ES para
salvar la democracia.
Sin embargo, hay opiniones disonantes
respecto de las de los actores antes mencio-
nados. Por ejemplo, Murat W. Williams,
exembajador de los EE. UU. en El Salvador
de 1961 a 1964 (
The New York Times
, 13
de abril de 1994), reconoció que los EE. UU.
se autoagenciaban el derecho de derrocar
gobiernos popularmente electos, de imponer
gobiernos serviles a Washington, de imponer
dictaduras, de impedir el libre albedrío de
varios pueblos, y que las luchas de esos
pueblos por su propia emancipación no eran
causadas por el comunismo internacional,
sino que por causas netamente internas (Benz,
1981). Williams, en un accionar inusual, se
unió a una protesta, también inusual, cuando
en su país de nacimiento 36 exembajadores
estadounidenses se opusieron públicamente
a la potencial reelección del senador Jesse
Helms, quien pedía más intervencionismo de
los EE. UU. en países con tendencias eman-
cipatorias. En la opinión de Helms, los accio-
nares independentistas de las masas en países
bajo dictaduras militares apoyadas por los EE.
UU. no eran más que parte de la conspiración
comunista internacional (
The New York Times
,
28 de octubre de 1984).
El también exembajador de los EE. UU.
en El Salvador Robert E. White, durante la
administración de Jimmy Carter (removido
por Ronald Reagan, por afirmar lo mismo
que Williams), reconoció y mantuvo hasta su
muerte (13 enero de 2015) que el problema
en El Salvador no radicaba en el comunismo,
sino que en las obsoletas estructuras de poder.
Por lo tanto, las causas de la efervescencia
social, en su opinión, no eran exógenas, sino
que endógenas (
The Washington Post
, 15 de
enero de 2015). White no solo fue tildado por
la ultraderecha salvadoreña de ser comunista,
sino que también fue amenazado de muerte.
Williams y White ya fallecieron, pero sus argu-
mentos críticos no perecieron con sus muertes
físicas.
El congresista y excandidato presidencial
dentro del Partido Demócrata en los EE. UU.
Bernie Sanders ha pedido repetidamente
que los EE. UU. tienen que pedir perdón a
los países que su propio país ha victimizado
en nombre de la Doctrina Monroe, donde se
incluye a El Salvador (Ward, 24 de febrero
de 2020). El expresidente de los EE. UU. Bill
Clinton recurrió a un
mea culpa
(del latín
“aceptar culpabilidad”) de dudosa honestidad
ante el pueblo de Guatemala. Literalmente
dijo: “Para los EE. UU., es importante que
yo deje en claro que el apoyo que dimos
a las fuerzas militares y de inteligencia de
Guatemala, involucradas en violencia y repre-
sión contra las comunidades indígenas, fue
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erróneo, y los EE. UU. no tienen que repetir
ese error” (Broder, 11 de marzo de 1999).
Clinton reconoció las evitables atrocidades
cometidas en Guatemala con el apoyo de su
país. Pero deliberadamente optó por usar el
nombre “error”, en vez de decir “masacres
y genocidio”. En ningún momento, Clinton
ofreció ninguna forma de indemnización a las
víctimas en Guatemala. ES también padeció
ese “error” y, hasta la fecha, no ha recibido
ninguna disculpa y mucho menos ninguna
forma de compensación a las víctimas.
Si los pedidos de Bernie Sanders a
las consecutivas administraciones de su
propio país se extrapolaran, generarían más
preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿por
qué los EE. UU. extraditaron al coronel
Inocente Monterrosa hacia España, pero a los
generales José Guillermo García y Eugenio
Vides Casanova hacia ES? ¿Por qué nunca
deportaron al Cnel. Nicolás Carranza (falle-
cido en los EE. UU.) y ahora rehúsan deportar
al Cnel. Mario Reyes Mena? Todos acusados
de crímenes de “lesa humanidad” (crímenes
cometidos selectiva y colectivamente contra
población civil inocente), bajo sus órdenes
en ES.
El Cnel. Carranza declaró ante un tribunal
de Memphis (EE. UU.): “Los escuadrones de
la muerte aparecieron primero en Brasil. Eran
policías que mataban criminales. Nosotros
también encontramos que el sistema de
justicia no castigaba a los terroristas, así que
tuvimos que tomar nuestras propias medidas”.
Carranza aceptó haber sido agente de la CIA
(la más conocida agencia del espionaje de los
EE. UU.), pero no mostró arrepentimiento por
sus crímenes. En su propia defensa, le dijo al
juez que no entendía por qué estaba siendo
juzgado en Estados Unidos y agregó: “Solo
me arrepiento de haber trabajado para la CIA”
(Dada, septiembre de 2017,
Envío
). El Gral.
Carlos Eugenio Vides Casanova argumentó
fallidamente algo parecido: “Los EE. UU.
sabían cómo operaban las FAES”. El Cnel.
Mario Reyes Mena, quien de acuerdo con
investigaciones llevadas a cabo por periodistas
holandeses ordenó el asesinato de cuatro de
sus colegas en marzo de 1982, hoy vive en
los EE. UU. (
ZEMBLA
, 27 de septiembre de
2018). Los EE. UU. han rehusado deportarlo
hacia ES o enjuiciarlo.
Antony Blinken, secretario de Estado de
EE. UU. en la actual administración de Joe
Biden, no parece estar interesado en ese
pasado militar para que no se repita. Ningún
olvido
de facto
u oficial impedirá que los
aborrecibles y aberrantes hechos de nuestro
pasado reciente vuelvan a ocurrir. No se trata
de tomar medidas punitivas inspiradas en la
venganza, sino que tomar medidas orientadas
a dejar un verdadero precedente que sirva
como una advertencia a potenciales crimi-
nales de “lesa humanidad”. De esa forma,
se ayudaría a crear una verdadera cultura de
respeto a los derechos humanos, independien-
temente de la extrema que sean. Blinken está
más interesado en que Bukele “restaure una
fuerte separación de poderes en El Salvador”
(Magaña, 6 de abril de 2021,
Diario El
Mundo
). Restaurar significa que algo previa-
mente existente se ha abolido. Pero en El
Salvador nunca ha existido ninguna genuina
separación de poderes; por lo tanto, la conju-
gación “restaure” tendría que ser “aplique”.
Hasta la fecha, el énfasis de varios congre-
sistas de los EE. UU. hacia ES se concentra
en lo que ellos consideran como autoritarismo
de parte de Bukele. Ninguno de esos críticos
se ha pronunciado en favor de alguna forma
de justicia punitiva que sirva como una adver-
tencia seria para prevenir la reincidencia de
crímenes a manos de las FAES. Varios mili-
tares han dado versiones diferentes sobre su
participación antes y durante las beligerancias
de los ochenta.
¿Qué opinan algunos militares
salvadoreños?
En cualquier país del mundo, sus fuerzas
militares son una institución castrense. Eso,
en palabras breves, implica que las órdenes
nunca se discuten, sino que se cumplen.
Ningún gobierno del país que sea aceptará ser
una “dictadura militar”, aunque en algunos de
ellos el militarismo tenga una cuota “oficial”
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de poder en sus respectivos “parlamentos”.
Por ejemplo, en Indonesia, China y Birmania
(solo para mencionar algunos casos). En El
Salvador de la posguerra, bastantes personas
creen que los militares perdieron su poder
porque ahora los presidentes son civiles. Eso
no pasa de ser una ilusión óptica. El solo
hecho de que las investigaciones y los juicios
contra los militares criminales se continúen
procrastinando es un fuerte indicador de que
no mucho ha cambiado en la democracia de
la posguerra.
Algunos militares defendieron su mano
dura antes de morir de causas naturales;
otros que todavía están vivos, también.
Paradójicamente, hay otros militares que
también expresaron su oposición a la cultura
militarista que reinó hasta 1992, así como
otros que todavía viven. Para ilustrar, el Gral.
Juan Rafael Bustillo (jefe de la Fuerza Aérea
Salvadoreña en el tiempo de la guerra) ha
argumentado en su defensa que el entonces
Tnte. Cnel. (grado inferior al de coronel)
Domingo Monterrosa le pidió apoyo aéreo
durante un operativo en Morazán (masacre
de El Mozote y cantones aledaños el 11 y
12 de diciembre de 1981). Agregó Bustillo
que nunca se imaginó que Monterrosa
hubiera actuado por su propia iniciativa y,
mucho menos, para atacar a la población
civil. Implícitamente, Bustillo ha aceptado
esa masacre a manos de las FAES. Ningún
subordinado le ordena a un superior. Bustillo
le ha pasado la responsabilidad a Monterrosa,
un subordinado ya fallecido. Monterrosa no
puede contradecir a Bustillo.
De igual manera, el Gral. José Guillermo
García continúa manteniendo que todo lo que
él ordenó lo hizo siguiendo instrucciones del
Ing. José Napoleón Duarte, en su calidad de
presidente de ES, y como comandante en jefe
de las FAES. Por lo tanto, García no ordenó
ni secuestros, ni torturas, ni masacres, ni desa-
parecidos políticos. Su versión deja bastantes
dudas porque, durante la administración
de Duarte, los cuerpos policiales ocuparon
militarmente la sede central del PDC en San
Salvador. Asesinaron a todos sus ocupantes.
La prensa doméstica argumentó que los casi
destrozados cadáveres que las fotos mostraban
eran de terroristas, mientras que Duarte argu-
mentaba que controlaba las FAES. Duarte ya
falleció. Ningún muerto habla. Cuando García
regresó humillantemente deportado de los
EE. UU. a ES, una multitud lo esperaba en
el aeropuerto. Le gritaron: “García, asesino,
¿donde están los desaparecidos?”. El Gral.
García respondió a quienes lo increpaban:
“¡Búsquenlos!”. Hasta la fecha, el Gral. García
no ha demostrado ningún tipo de arrepenti-
miento por sus crímenes.
El Cnel. Sigifredo Ochoa Pérez, diputado
por ARENA, comandante militar acusado de
haber ordenado la masacre de El Calabozo en
agosto de 1982, en San Vicente (de acuerdo
con el documento C06508148 desclasificado
por la CIA), quien se sublevó contra el Gral.
José Guillermo García (Chávez, 12 de enero
de 1983,
The New York Times
) y exemba-
jador de ES en Honduras, continúa mante-
niendo que ni él ni ningún otro miembro de
las FAES jamás actuaron al margen de la ley.
Ochoa Pérez todavía no ha demostrado su
inocencia, ni siquiera en cuanto a haberse
apropiado ilícitamente de varias decenas de
miles de dólares durante su gestión diplo-
mática (Alas, 7 de enero de 2020,
Diario El
Mundo
). En varias ocasiones ha argumentado
que, dado que los “subversivos” nunca los
recibían con flores, las FAES no podían dispa-
rarles flores. En una entrevista con
El Faro
sobre su responsabilidad en la masacre de El
Calabozo, en San Vicente, respondió tajan-
temente: “Yo no acepto la palabra masacre.
¡Eran combates! ¡Estábamos en guerra!”
(Valencia Caravantes, 6 de mayo de 2016,
El Faro
).
El Gral. Mauricio Ernesto Vargas Valdés,
miembro de La Tandona (graduación de mili-
tares inusualmente numerosa en 1966), ha
tenido la suerte de no haber sido capturado
junto al Cnel. Inocente Montano. Montano,
hoy purgando una pena carcelaria en España,
ha optado por no dar los nombres de sus
cómplices. La mayoría de los oficiales conti-
núan aferrados al Código del Silencio Militar.
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Vargas ha negado consistentemente que las
FAES ordenara tan solo un asesinato durante
los doce años de belicosidades que la versión
oficial reconoce. Vargas declaró: “Jamás vi
un plan de operaciones que dijera: vayan a
asesinar a fulano”. También afirmó: “Eso es
una locura. Afirmar eso no es una decisión
política estratégica, eso es un asesinato. Las
políticas estratégicas son ejes de políticas
públicas en las áreas de competencia de la
Fuerza Armada de El Salvador” (Cornejo, 13
de julio de 2020,
Diario El Mundo
).
Sin embargo, en su defensa ante un
tribunal en Memphis (18 noviembre de 2005),
el Cnel. Nicolás Carranza (exdirector de la
Policía de Hacienda) afirmó: “Los escua-
drones de la muerte aparecieron primero en
Brasil. Eran policías que mataban criminales.
Nosotros también encontramos que el sistema
de justicia no castigaba a los terroristas, así
que tuvimos que tomar nuestras propias
medidas” (Dada, septiembre de 2017,
Envío
,
426). Carranza terminó su autodefensa
diciéndole al juez: “Solo me arrepiento de
haber trabajado para la CIA” (The Center for
Justice & Accountability y Dada, septiembre
de 2017,
Envío
, 426). El Gral. Carlos Eugenio
Vides Casanova también fue enjuiciado en los
EE. UU. y, en su defensa, argumentó que los
EE. UU. siempre supieron cómo operaban las
FAES.
En 1981, el capitán Ricardo Alejandro
Fiallos escapó ileso de varios atentados de
escuadroneros en su contra y logró salir al
exilio. Por sus posiciones moderadas y/o
progresistas, había sido marcado dentro de
la radicalidad de las FAES como un agente
comunista. Fiallos declaró ante el Congreso
de los EE. UU.: “Hasta que no se reemplace
el Alto Mando de las FAES y los cuerpos poli-
ciales no sean completamente restructurados y
mantenidos bajo un estricto control, no habrá
fin a la violencia… y ninguna posibilidad de
establecer un gobierno democrático”. Fiallos
agregó: “La verdad es que los Escuadrones
de la Muerte se componen de las Fuerzas de
Seguridad” (Bonner, 1982). En ese tiempo,
quien se opusiera o denunciara las atroci-
dades de los agentes del Estado, se convertía
en un objetivo militar de las FAES.
El 17 de marzo de 1982, cuatro perio-
distas holandeses de la cadena IKON fueron
asesinados por las FAES en Santa Rita,
Chalatenango. El Reporte de la Comisión
de la Verdad de la ONU afirma que el Cnel.
Mario Reyes Mena (excomandante de la
Cuarta Brigada de Infantería), quien actual-
mente vive en Washington, fue quien dio la
orden de asesinarlos. En una breve entrevista
con otros periodistas holandeses, Reyes Mena
afirmó: “El caso fue investigado por el presi-
dente Duarte. El embajador de Holanda habló
con personal de la Brigada. El gobierno de
Estados Unidos investigó y no encontró nada
contra mí” (Dongen, 2018). En la posguerra,
los militares que aún viven continúan autode-
clarándose inocentes de los crímenes que se
les atribuyen.
Sin embargo, la señora Terry Lynn Karl,
conocida internacionalmente por sus exitosas
investigaciones académicas sobre violaciones
a los derechos humanos en varios países,
declaró sobre las atrocidades de las FAES: “Yo
creo que fue un acto premeditado. Yo tengo
muchos datos para mostrar la premeditación
en esto, pero una de las más importante y
voy a decir solo algunos que están en mi
informe. Voy a decir primero que eran los
ataques contra la Iglesia, contra los jesuitas y
principalmente contra el padre Ellacuría, era
importante (se refiere a los militares) porque
inició en 1977 en El Salvador y era un ataque
constante. Tengo un apéndice de 34 ataques
contra la Iglesia que mandé al juicio del Cnel.
Montano, mostrando estos ataques constantes;
yo creo que lo más importante para entender
estos ataques es que Montano tomó parte de
esos ataques” (Cornejo, 13 de julio de 2020,
Diario El Mundo
).
Sobre el asesinato de las víctimas en la
UCA (16 de noviembre de 1989), el Tnte.
Yushy Mendoza se asiló en Chile y declaró
haber recibido órdenes directas del Cnel.
Benavides (subordinado directo del Estado
Mayor). En su testimonio, Mendoza argu-
mentó que él no estuvo en la reunión donde
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interno de los ochenta en El Salvador?
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se decidió el fatídico destino de las víctimas,
pero afirmó que los coroneles Inocente
Montano, Francisco Elena Fuentes, Orlando
Zepeda y Emilio Ponce, entre otros, habían
estado en esa reunión. En la parte final de
su declaración, el Tnte. Mendoza manifestó:
“Según la orden del coronel Benavides, si
no hubo contraorden es porque el presidente
tuvo que haberlo aprobado” (Vásquez, 2020,
Diario El Mundo
).
El Gral. Mauricio Ernesto Vargas Valdés
continúa aseverando que en ES nunca existió
una dictadura militar. Eso a pesar de que,
desde la fundación de la república hasta 1980,
existieron diecisiete gobiernos militares. Sin
embargo, el Gral. Fidel Torres (ministro de
Defensa durante la dictadura del Gral. Fidel
Sánchez Hernández); el Tnte. Cnel. Mariano
Castro Morán (miembro de una Junta golpista
que derrocó a otra Junta Militar en 1961);
el Cnel. Adolfo Arnoldo Majano Ramos
(miembro de la primera junta, después del
derrocamiento del Gral. Carlos Humberto
Romero Mena el 15 de octubre de 1979), y
el Cap. Emilio Mena Sandoval (después del
derrocamiento de Romero) en sus respec-
tivos libros de memorias afirman que en El
Salvador sí hubo una dictadura militar (Torres,
2007; Castro Morán, 1984; Majano Ramos,
2010, y Mena Sandoval, 1979). Aún más,
todos ellos coinciden en afirmar que esa dicta-
dura fue una de las causas principales que le
dieron ignición a la lucha armada. La misma
Constitución política justifica el derecho a la
insurrección cuando el pueblo se enfrenta a
quienes quebrantan su libre albedrio. ¿Fueron
subversivos y terroristas los civiles que
quisieron ejercer su derecho constitucional?
¿O fueron subversivos y terroristas los militares
que criminalizaron ese derecho constitucional
de la población a la insurrección?
El difunto Gral. Fidel Torres narra en su
libro de memorias que él había anticipado
un innecesario baño de sangre si los militares
continuaban en el poder. Argumenta Torres
que él le pidió personalmente al Gral. Sánchez
Hernández (1967-1972) que permitiera que
la siguiente elección presidencial no fuera
fraudulenta. Sánchez Hernández le respondió
que no, porque podían ganar “Los pescados”
(en alusión al símbolo del Partido Demócrata
Cristiano). Torres le respondió que ese sería el
verdadero resultado, pero que en un periodo
presidencial “los pescados se destruirían a
sí mismos”. Sánchez Hernández optó por
un nuevo fraude electoral para llevar a la
presidencia a otro de sus congéneres (Torres,
2007, pp. 131-132). La dictadura militar
continúo ofreciendo teóricamente la demo-
cracia que negaba en la práctica. Inclusive
el sucesor de Sánchez Hernández, el Cnel.
Arturo Armando Molina, llegó al extremo
demagógico de ofrecer una reforma agraria.
Cuando la izquierda electorera prometía una
reforma agraria, de inmediato eran tildados de
“comunistas” que prometían repartir lo ajeno.
El Cnel. Molina le llamó, eufemísticamente,
transformación agraria y prometió no dar un
solo paso atrás. En realidad, retrocedió varios
kilómetros cuando la clase terrateniente le
dejó en claro quiénes controlaban ES. Las
beligerancias internas todavía podían haber
sido evitadas en ese tiempo al haber tratado
de reducir, al menos, algunas de sus causas
endógenas.
No obstante, el Gral. Humberto Corado
Figueroa sostiene que las causas del conflicto
de los ochenta fueron exportadas hacia
El Salvador por diferentes medios. Afirma
Corado Figueroa que la reforma educativa
implementada por el rector de la Universidad
de ES, Dr. Fabio Castillo Figueroa en 1963,
aunada a la fundación de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas en
1965, cuyos “conductores, en su mayoría
extranjeros de pensamientos comunistas…
contribuyó en el incremento de la violencia
política”. Agrega Corado Figueroa que no
es función de ninguna universidad ayudar a
sus estudiantes a desarrollar pensamientos
analíticos y críticos sobre la realidad nacional,
sino que concentrarse en la formación profe-
sional de los alumnos (Corado Figueroa,
2008, pp. 128-129). En convergencia con
Corado Figueroa, el Gral. Juan Orlando
Zepeda Herrera asevera que los verdaderos
culpables de esa guerra fratricida fueron el
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magisterio, la Universidad Nacional, los curas
jesuita-comunistas que crearon la Teología
de la Liberación, los sindicatos y el comu-
nismo internacional dirigido por Rusia, vía
Cuba-Nicaragua (Zepeda Herrera, 2008). De
acuerdo con la posición de ambos generales,
no fueron las FAES las que generaron la
violencia, sino que reaccionaron legalmente
contra ella. Concordando con ese argumento,
el capitán Herard von Santos asegura que el
accionar de las FAES fue patriótico y nece-
sario. Resume Von Santos: “Nacimos para
la guerra y fuimos hechos para el combate;
soñamos con la gloria, nunca pensamos en la
derrota” (Santos Méndez, 2006, p. 31).
En la posguerra, varios militares coinciden
en afirmar todo contrario. Para algunos de
esos militares, los continuos fraudes electo-
rales fueron un factor incendiario más porque
acortaron la mecha e hicieron la bomba de
tiempo mucho más grande. El Cap. Francisco
Emilio Mena Sandoval aceptó haber partici-
pado personalmente en el relleno de papeletas
con votos a favor del Partido de Conciliación
Nacional (PCN) para consolidar el fraude
electoral que llevó a Molina en 1972 a Casa
Presidencial (Mena Sandoval, 1979, pp.
85-93). En la óptica del Cnel. Adolfo Arnoldo
Majano Ramos, exmiembro de la Primera
Junta que derrocó al Gral. Carlos Humberto
Romero Mena el 15 de octubre de 1979, y
heredero del Cnel. Molina, remover a Romero
Mena era algo de extrema urgencia para evitar
una eventualidad como la de Nicaragua el
19 de julio de ese mismo año, 1979. Afirma
Majano Ramos en un libro de su autoría que,
aunque él sabía del crónico descontento de
oficiales jóvenes moderados dentro de las
FAES, él supo del golpe contra Romero Mena
hasta el mismo día en que los golpistas se lo
hicieron saber. Según su versión, ese mismo
día le pidieron ser miembro de la junta que
gobernaría provisionalmente. Sostiene el
Cnel. Majano Ramos que aceptó la propuesta
voluntariamente, sin compromisos con
ninguna extrema (Majano Ramos, 2009).
En enero de 1981, una insurrección más
fue derrotada por los mismos de siempre.
José Luis Merino (“comandante Ramiro”,
de las FAL) afirma que Majano ya tenía las
conexiones para tomarse el Cuartel de Santa
Ana. “Ramiro” asevera que si eso no sucedió,
fue porque la gente del ERP, encargada de
recoger a Majano en la carretera hacia esa
ciudad, deliberadamente no lo hizo. En el
análisis personal de “Ramiro”, si la toma de
esa brigada se hubiera llevado a cabo el 10
de enero de 1981, con el apoyo de Majano
Ramos, el triunfo habría sido del FMLN.
Pero si se llevaba a cabo solo, con gente de
“Atilio”, el triunfo se lo agenciaría la gente
del ERP (Merino, 2011, pp. 59-60). Majano
Ramos salió al exilio en México y nunca se
unió oficialmente a ninguna organización
izquierdista. Otros militares sí se incorporaron
al FMLN sin incorporarse a una ideología en
particular.
Por ejemplo, el Cap. Francisco Emilio
Mena Sandoval, el Cap. Marcelo Cruz Cruz,
el Tnte. Cnel. Ricardo Bruno Navarrete,
el Tnte. José Belisario Pena, el mayor
Pedro Antonio Guardado, y otros más, sí se
incorporaron militarmente a las montañas
guerrilleras. Para esos militares honestos, la
conjunción “pueblo-militares” sería parte
del principio de una verdadera democracia
en ES. Para esos militares, la función de las
FAES se había desnaturalizado y era una
de las causas del problema interno. En la
posguerra, otros militares moderados se han
atrevido a expresar su desaprobación sobre la
forma en que la democracia se está llevando
a cabo. Por ejemplo, el Cap. Luis Parada
(exmiembro de la inteligencia militar durante
la década de belicosidades internas) de forma
asertiva ha argumentado que “ningún militar
debe cumplir órdenes ilegales”. Su afirma-
ción, puede considerarse en el contexto de la
pasada guerra; es decir, no cumplir órdenes
de masacrar civiles o asesinar a combatientes
capturados. Parada, sin embargo, es expli-
cito. En su opinión, el actual ministro de
Defensa, René Francis Merino Monroy, tenía
todo el poder constitucional para oponerse a
la orden ilegal del presidente Nayib Bukele
(nominalmente comandante en jefe de las
FAES) de ocupar militarmente la Asamblea
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Legislativa el día 9 de febrero del 2020. Ese
capitán renunció públicamente a su rango
militar como una forma de protestar ante lo
que considera como continuas violaciones a
la Constitución política de ES y, más aún, en
la democracia de la posguerra (Avelar, 2020).
Por su parte, Merino Monroy no solo
descartó el profundo significado de la protesta
pública del Cap. Parada, sino que ha pedido
formalmente que la Constitución política se
enmiende para darle una función política
oficial a las FAES, sabiéndose constitucional-
mente que las FAES tienen que ser “apolíticas,
obedientes y no deliberantes” [Art. 211]
(Pacheco, 2021). Merino Monroy, después de
tres décadas de terminado el conflicto interno,
continúa ignorando deliberadamente que lo
que él está pidiendo fue exactamente una de
las causas principales del conflicto reciente. En
ES, los militares fueron una “casta”. Era un
tipo de linaje que consideraba a las personas
civiles como enemigos naturales, aunque en
la teoría constitucional era a quienes tenían
que defender. El FMLN ocupó la presidencia
de ES durante dos periodos y no desarrolló la
democracia que prometió. ¿Por qué no?
¿Qué nos dicen algunos comandantes
guerrilleros?
En realidad, la mayoría de los coman-
dantes guerrilleros no nos dicen mucho. Sin
embargo, sus acciones en la posguerra nos
dicen bastante. Algunos de ellos sí han expre-
sado verbalmente sus opiniones. Por ejemplo,
Francisco Jovel (“comandante Roberto
Roca”, del PRTC) y exdiputado por el FMLN,
afirma que el cierre de espacios para poder
expresar la voluntad popular creó las condi-
ciones propicias para iniciar la lucha armada
revolucionaria como último recurso. En la
posguerra, Jovel ya no es alguien de peso
político, pero ha invitado a la intelectualidad
a reconstruir el ideario socialista (Salazar, 21
de julio de 2018). En su opinión, el FMLN
negoció el termino de las hostilidades con
bastante ingenuidad porque subestimaron
claramente la continuidad en el poder de
las tradicionales élites económicas (Arauz &
Castro Fagoaga, 24 de abril de 2007). “Roca”
fue expulsado del FMLN por su supuesto
acercamiento a las posturas derechistas de
ARENA. El comandante guerrillero Facundo
Guardado (FPL) argumentó que los Acuerdos
de Paz habían pavimentado el camino para
disentir dentro de un partido u organización
política. Fue expulsado del FMLN al habérsele
comprobado vínculos con ARENA, al menos
de acuerdo con sus detractores políticos.
El comandante Roberto Cañas, uno de los
firmantes de esos acuerdos, argumentó que
lo logrado no era una paz completa, sino que
solo un principio. Su opinión coincide con
la de “Roberto Roca”. Cañas falleció antes
de ver ES que él mismo se imaginó en la
posguerra (Reyes, 24 de enero de 2021).
Joaquín Villalobos (“Atilio”, máximo
comandante del ERP) durante la guerra
arengó a su gente con consignas netamente
rojas, como: “¡Revolución o muerte, vence-
remos!”. En la posguerra inmediata, regresó
a Morazán con un rojo desteñido, profeti-
zando a su misma gente un “socialismo-social
demócrata”, representado por él mismo en la
“Expresión Renovadora del Pueblo” (ERP).
Atilio fracasó en su intento, pero eso no lo
detuvo para, con sus acciones, haber hecha
pública su agenda oculta. Villalobos es hoy
un detractor más de sus excompañeros de
armas revolucionarias. Algo similar sucedió
en Chalatenango, cuando después de la firma
de los “Acuerdos de Paz” Salvador Sánchez
Cerén (“Leonel”, máximo comandante de las
FPL) regresó al lugar donde esa organización
infundía temor dentro de las FAES. Trató
de recuperar a esa gente para ser bases del
FMLN político. No lo logró, porque nunca les
explicó por qué el comandante Mayo Sibrián
asesinó a tantos combatientes de las mismas
FPL que él consideraba como infiltrados.
Sibrián nunca llegó a esos extremos sin que
“Leonel” no lo supiera [principio básico
en la cadena de comando militar en cual-
quiera de ese tipo de jerarquías, guerrilleras
o castrenses] (Medrano Guzmán, 2006, pp.
323-325). Pero las FPL también tenían segui-
dores en las ciudades que nunca padecieron
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los dogmatismos de Sibrián. “Leonel” primero
fue vicepresidente y luego presidente de ES.
Otros conocidos guerrilleros en la
posguerra han cambiado públicamente de
posición política. Por ejemplo, Facundo
Guardado (FPL) llegó al extremo de ser consi-
derado como miembro de un futuro gobierno
de ARENA. Ana Guadalupe Martínez, la
legendaria comandante guerrillera del ERP,
se unió al PDC (liderado por Rodolfo Parker,
el abogado que borró evidencias contra los
asesinos de las víctimas en la UCA). Marvin
Galeas y Paolo Luers [algunos de los pilares
de Radio Venceremos] hoy escriben contra
sus excompañeros de lucha. María Chichilco
(comandante de las FPL) hoy prefiere conti-
nuar como ministra en el gabinete de Bukele.
Salvador Samayoa (exministro de Educación,
quien públicamente se unió a las FPL y fue
uno de los involucrados directamente en los
Acuerdos de Paz en nombre del FMLN), hoy
escribe artículos derechistas o aparentemente
neutrales. Lo mismo hace Rubén Zamora,
líder del entonces revolucionario FDR.
Juan Ramon Medrano (comandante
“Balta” del ERP), en un libro de su autoría,
le pide disculpas a la oligarquía salvadoreña
por el daño que la guerrilla le causó, sin
considerar el daño que esa misma oligar-
quía salvadoreña le causó al pueblo, por el
que supuestamente él mismo peleó. “Balta”
narra en su libro que hoy él y su esposa son
amigos de la familia de Jaime Hill (Medrano
Guzmán, 2006, pp. 109-112). Raúl Mijango,
comandante del ERP, continúa en prisión
por sus vínculos con “las maras”. Mauricio
Funes y “Leonel”, ambos expresidentes de
ES (representando al FMLN), acusados de
enriquecimiento ilícito, hoy son ciudadanos
nicaragüenses. Esos dos expresidentes saben
que la actual falsa Nicaragua sandinista no
extradita a sus ciudadanos. Saben también
que en Nicaragua se pasó de un “somocismo
a un orteguismo”, donde muy pocos tienen
cabida en el banquete del “maná” revo-
lucionario que los supuestos sandinistas le
prometieron a ese pueblo. En una entrevista
que el escritor uruguayo Eduardo Galeano
(QEPD) le hizo al Gral. Humberto Ortega,
poco después del derrocamiento del último
de los Somoza en Nicaragua, Ortega le dijo:
“La sociedad posrevolucionaria es como un
estadio al que entran cien mil; pero, al palco,
solo quinientos” (Sánchez, 1 de noviembre de
2000). Para revolucionarios de la calaña de
Ortega, haber embaucado a su propio pueblo
es un mérito revolucionario.
Othon Sigfrido Reyes Morales (expresi-
dente de la Asamblea Legislativa de ES),
peso pesado dentro del FMLN, acusado de
lavado de dinero, peculado y estafa, es hoy
un “asilado político” en México. No se le
puede extraditar a ES por tener el estatus de
“asilado político”. “Leonel” le creó la posición
de presidente del Organismo Promotor de
Exportaciones e Inversiones de El Salvador,
por la que devengaba la modesta suma de
$7,000 mensuales (
Última Hora
, 4 de abril
de 2019). Al mismo tiempo, “Leonel” les
negaba aumentos salariales a los maestros, a
los obreros y a los campesinos. Toda esa gente
marginada en la posguerra fue el grueso de
las FPL.
Francisco Roberto Lorenzana Durán,
dentro de las FAL (guerrilla menos numerosa
dentro del FMLN) no era llamado “coman-
dante”, sino que “capitán Walter”. En el
gobierno de Sánchez Cerén, Lorenzana Durán
fue secretario técnico (2014-2018) y secretario
de Comunicaciones y Gobernabilidad de
la Presidencia de la República (2018-2019).
Lorenzana es el único comandante guerrillero
que ha tenido la valentía de haber aceptado
por qué el FMLN le falló al pueblo. En su
opinión, el FMLN siempre temió un golpe de
Estado de parte de las FAES (Rauda Zablah,
21 de mayo de 2019,
El Faro
). La respuesta
de Lorenzana da una explicación creíble pero
no completa, porque no explica quiénes más
estuvieron detrás de esa amenaza real de
parte de las FAES. Las beligerancias domés-
ticas terminaron en 1992, pero es relevante
preguntarnos si el fin de ese conflicto militar
interno condujo al inicio de la democracia en
ES.
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¿Fructificaron los Acuerdos de Paz?
En la posguerra, ya no hay bombardeos
indiscriminados, masacres, secuestrados,
torturados, asesinados ni más desaparecidos
políticos. Hoy existe un pluralismo político que
no se dio antes de la guerra. En la preguerra,
eran pocos los partidos políticos que se atre-
vían a competir contra el sistema, sabiendo
que, aunque ganaran, siempre serían decla-
rados perdedores. Al sistema imperante, le
convenía que existieran partidos de oposición
y, aún más, que ganaran algunas alcaldías
y algunas diputaciones en la Asamblea
Legislativa. Esa falacia sugería que la demo-
cracia electoral salvadoreña continuaba sobre
rieles bien aceitados. La única organización
política de izquierda que se prestó a ese juego
electoral siempre fue el Partido Comunista de
El Salvador (PCS), con diferentes nombres.
Sin embargo, quiérase o no, la táctica elec-
torera del PCS demostró que la vía electoral
había fracasado. De ahí que la vía armada se
volvió legítima e iniciada, irónicamente, por
gente crítica de la posición electorera del PCS,
muchos de ellos, exmiembros del PCS. Para
que la historia no los abandonara, al final, el
PCS se unió a la lucha armada ya iniciada
por otros con pocos pero siempre necesarios
combatientes. Numéricamente hablando, las
Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) nunca
pasaron de tener algunos cientos de comba-
tientes, mientras que las FPL y el ERP tenían
miles. Irónicamente, después de la firma de
los “Acuerdos de Paz”, el PCS logró el control
de un FMLN electorero.
Después de la firma de esos acuerdos,
los partidos políticos han proliferado, como
hongos en invierno. El mismo FMLN ganó
dos términos presidenciales. Pero nótese que
elecciones libres no son sinónimo de demo-
cracia, sino que solo uno de sus varios indi-
cadores. Tampoco hay que olvidar que una
de las causas que más incidió en la erupción
del conflicto armado de los ochenta fue la
macroscópica diferencia entre los pocos que
tenían mucho y los muchos que tenían poco.
Esa situación no ha mejorado, sino que se ha
exacerbado. Al mismo tiempo, con la apertura
política, los niveles de corrupción aumen-
taron a niveles nunca hechos públicos. Esa
corrupción se ha continuado manifestando
en diferentes formas y de parte de cada clan
político en el poder. Como caso de ilustración,
los políticos de turno siguen manipulando a
su conveniencia la supuesta separación de los
poderes del Estado. Los militares han seguido
demostrando que mantienen su cuota de
poder, aunque hoy detrás de bambalinas.
Ningún partido político en la “democracia” de
la posguerra se ha atrevido a enjuiciarlos seria
y rápidamente, a pesar de las abundantes
evidencias. La naturaleza demagógica de los
políticos profesionales de todos los partidos
quedó al descubierto una vez más.
Los políticos electos nunca cumplen el
grueso de sus promesas electorales. Dice el
sabio refrán castellano: “Nunca nadie se ha
ido a la bancarrota por solo prometer”. El ser
postulado por cualquier partido político para
cualquier cargo de elección publica y resultar
electo se volvió una obsesión pragmática para
tener un suculento ingreso y acceso a cometer
cuantos ilícitos les fuera posible. La prensa
doméstica reportó al menos 84 casos de
candidatos que no fueron electos en su opor-
tunidad, o que se obstinaron en ser reelectos,
y simplemente se cambiaron de partido
político, algunos de ellos, hasta en cuatro
oportunidades consecutivas. Como caso de
ilustración, María Ofelia Navarrete (“coman-
dante María Chichilco” dentro de las FPL), del
FMLN, se pasó al partido político del actual
presidente Nayib Bukele, donde hoy ocupa el
cargo de ministra de Desarrollo Local (Cruz,
26 de febrero de 2021,
El Salvador Times
).
La apertura política ha sido utilizada
deliberada e ilegalmente por muchos para
actuar con bastante avidez en cuanto a cris-
talizar agendas de neto interés personal y no
para desarrollar una cultura verdaderamente
democrática. En las elecciones para diputados
del 28 de febrero de 2021, se inscribieron
654 candidatos (Redacción, 26 de febrero
de 2021,
Diario El Mundo
). Esa exorbitante
cantidad de candidatos habla por sí sola sobre
la tentación del Arca Abierta que el Estado
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representa para ellos. Todos los candidatos
prometen sacrificarse por el pueblo cuando,
en realidad, siempre será el pueblo quien se
sacrifique por los candidatos electos. Eso no
es nuevo. Lo nuevo estriba en los actuales
niveles de voracidad por algún cargo de elec-
ción pública para poder delinquir de varias
formas.
Tabla 1. Algunos casos de funcionarios señalados por corrupción en El Salvador
Cargo Nombre Partido Acusación Fecha
Diputado Wilber Rivera Monge PCN Lavado de dinero y nar-
cotráfico
30/09/2014
Diputado Roberto C. S. Pereira PCN Lavado de dinero y
soborno
29/11/2006
Exdiputado William Eliú Martínez PAN Tráfico de cocaína 18/01/2006
Exdiputado Horacio Ríos PCN-PAN Tráfico de drogas Feb. 2014
Exdiputado Juan A. Ascencio Oliva PCN Asociaciones ilícitas 12/09/2013
Diputado Arturo Simeón Magaña ARENA Conduciendo ebrio, mató
a una persona
29/08/2020
Exdiputada Cristina López PCN Salarios ilegales 13/01/2020
Diputado Antonio Almendáriz PCN Corrupción 13/01/2020
Exalcalde José Elías Hernández ARENA Asociaciones ilícitas 13/01/2020
Diputado Francisco Merino ARENA Conduciendo ebrio, baleó
a una policía
27/08/2000
Exdiputado Muricio “Chato” Vargas ARENA Conduciendo ebrio, causó
accidente
22/05/2021
Exdipuitado Amado Aguiluz Aguiluz ARENA Lavado de dinero 19/10/2011
Exdiputado Sigfrido Reyes FMLN Enriquecimiento ilícito 10/01/2020
Expresidente Francisco Flores ARENA Enriquecimiento ilícito 04/12/2015
Expresidente Elías Antonio Saca ARENA Saqueo del Estado Oct. 2016
Expresidente Mauricio Funes FMLN Saqueo del Estado 15/08/2020
Exministro David Munguía Payés FMLN Asociaciones ilícitas y
enriquecimiento ilícito
23/07/2020
Exembajador Atilio Benítez FMLN Venta ilegal de armas de
guerra
20/08/2020
Exembajador Sigifredo Ochoa Pérez ARENA Apropiación de fondos
públicos
01/08/2020
Exfiscal general Luis Martínez ARENA Venta de justicia 05/07/2019
Exdiputado Norman Quijano ARENA Asociaciones ilícitas 05/20/2021
Exviceministro José Luis Merino FMLN Lavado de dinero 15/06/2019
Fuente: elaboración propia con información de diferentes medios de prensa nacional e internacional (por
razones de espacio, no podemos incluir todas las fuentes).
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En la tabla anterior, se han incluido solo
algunos casos de corrupción que la prensa
ha publicado hasta esta fecha. Las fechas
incluidas no necesariamente coinciden con la
fecha en que el ilícito se cometió. Aún más,
esta tabla no provee información sobre el
resultado final si es que alguna acción legal se
ha tomado. Mientras unos son prófugos de la
justicia, otros pocos están en prisión y otros
continúan en libertad. Estos últimos esperan la
dilatación deliberada de sus procesos legales.
Sus opciones serían que el delito prescribiera
(pasó el tiempo legal y no se les demostró
culpabilidad) o morir sin haber enfrentado la
justicia terrenal. La información en esta tabla
demuestra que la corrupción ha invadido
todos los niveles del Estado en El Salvador y
que no es exclusiva de un solo partido polí-
tico. Los pocos casos arriba mencionados nos
pueden dar una idea general de la magnitud
de la corrupción en la democracia de la
posguerra.
La ambición por un cargo de elec-
ción publica en la posguerra no se limita
a los beneficios “oficiales”. Cada posi-
ción de esa naturaleza es, por lo general,
usada para cometer varios tipos de ilícitos.
Para mencionar algunos casos, Mario
Durán (segundo regidor, luego ministro de
Gobernación y después candidato a alcalde)
“ganó” 127 compras amañadas en la Alcaldía
de Nayib Bukele (Avelar, 26 de febrero de
2021,
Factum
). El alcalde de Santa Tecla,
Roberto D”Aubuisson (hijo), le creó una plaza
fantasma a su amante ecuatoriana (Sandra
Esther Sandoval Chávez, exdiputada en su
país de origen) en 2016 y 2017. Su salario era
de $34,500 anuales. Su supuesto cargo era el
de gestora intermediaria de Cooperación en
América del Sur (Redacción, 26 de febrero de
2021,
Diario La Página
).
Algunos políticos de ARENA y el FMLN
ya están en prisión acusados de corrupción;
mientras los de Nuevas Ideas, incluidos en la
Lista Engels, continúan en libertad. La esposa
de Tony Saca fue condenada a diez años de
cárcel por lavado de dinero, pero continúa en
libertad dado que aceptó su responsabilidad
(
La Prensa
, 4 junio de 2021). Un ladrón le
robo $23 a una anciana en San Vicente. Fue
condenado a ocho años de prisión. El delin-
cuente actuó con violencia física contra la
anciana, pero afortunadamente no la asesinó
(Pérez, 10 de septiembre de 2021,
El Salvador
Times
). Los robos de Saca y su esposa desa-
fortunadamente asesinaron a varios cientos
de pacientes en hospitales públicos, pero
sin recurrir directamente a la violencia física.
Esas víctimas padecieron una muerte lenta y
dolorosa sin que el sistema penal incluya la
alevosía en los crímenes cometidos por los
Saca.
Nayib Armando Bukele Ortez, séptimo
presidente de ES en la posguerra, continúa
siendo criticado doméstica e internacional-
mente por su conducta autocrática (ejercicio
ilimitado del poder). A nivel nacional, entre
otros, el cardenal Gregorio Rosa Chávez
(Henríquez, 6 de agosto de 2021,
La Prensa
Gráfica
) y Andreu Oliva, rector de la UCA
(Alas
et al.
, 2 de septiembre de 2021,
El
Diario de Hoy
) han condenado la arremetida
contra la independencia judicial. A nivel inter-
nacional, la actual vicepresidenta de los EE.
UU., Kamala Harris, expresó recientemente:
“Tenemos una profunda preocupación por la
democracia de El Salvador, a la luz del voto
de la Asamblea Nacional para destituir a los
jueces de la corte constitucional. Un poder
judicial independiente es fundamental para
una democracia sana y para una economía
fuerte” (Tejada, 2 de mayo de 2021,
El Diario
de Hoy
).
El 17 de mayo de 2021, una treintena de
congresistas de los EE. UU. de ambos partidos
mayoritarios (demócratas y republicanos)
exigieron a Bukele que respetara el Estado de
derecho de la posguerra (Avelar, 19 de mayo
de 2021,
El Diario de Hoy
). Otros congresistas
de los EE. UU., incluyendo a Jean Manes
(Villarroel & Peñate, 2 de septiembre de 2021,
Diario El Mundo
), Norma Torres (Avelar, 1 de
septiembre de 2021,
El Diario de Hoy
) y Jim
McGovern (Avelar, 1 de septiembre de 2021,
El Diario de Hoy
) se han unido a ese coro de
protestas censurando el ataque a la indepen-
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ISSN 2788-9580 (en línea) ISSN 0014-1445 (impreso)
dencia judicial por parte de Nayib Bukele.
Llama bastante la atención por qué esos
actores estadounidenses hasta hoy se preo-
cupan por el Estado de derecho en ES. ¿Por
qué consecutivos congresistas de los EE. UU.
no fueron igualmente críticos para prevenir el
baño de sangre en ES? Más importante aún
es el hecho de que esos actores críticos no
han convertido su retórica en acciones para
reorientar a Bukele. Serias sanciones econó-
micas contra el gobierno de Bukele lo harían
recapacitar. Es lógico preguntarnos: ¿por qué
no lo han hecho? ¿A qué o a quién le temen?
ES dista mucho de ser un “Estado fallido”.
Ahí, tal como en la arena internacional,
existe una anarquía, pero no un caos. Ese
tipo de anarquías equivalen a un desorden
“bien ordenado” donde cada uno conoce sus
propias esferas de influencia. La variedad de
partidos políticos en ES sugiere discrepancias
ideológicas sólidas en una vigorosa demo-
cracia, pero, por otro lado, demuestra una
robusta convergencia en cuanto a la crónica
corrupción. La producción y el mercadeo
de medicinas es consistente con la política
electorera. Por ejemplo, el “paracetamol”
(nombre químico de un analgésico común) se
mercadea bajo diferentes nombres comerciales
y cada productor farmacéutico afirma que su
producto es el mejor. Similarmente, los polí-
ticos en cada campaña electoral ofrecen más
de lo mismo, pero con una retórica diseñada
profesionalmente que, ante la ignorancia de
las masas, los hace parecer como diferentes
y mejores.
La famosa frase internacional “el fin
justifica los medios” es atribuida por unos
a Nicolás Maquiavelo, mientras que otros
investigadores se la atribuyen a Napoleón
Bonaparte. Sin importar quien la haya
acuñado, el mérito consiste en que continúa
teniendo vigencia. Pero, para la Iglesia cató-
lica, el fin no justifica los medios (
La Prensa
Gráfica
, 12 de septiembre de 2021). Los
obispos de ES han manifestado: “El pueblo
salvadoreño —como otros tantos pueblos—
anhela vivir en un Estado de derecho y
justicia plena. Justicia y derecho por años
negado, debido al ejercicio de prácticas ilegí-
timas e improcedentes como la corrupción, la
impunidad, el nepotismo, el compadrazgo, la
compra de voluntades, la mentira, la difama-
ción, la calumnia” (Cáceres, 12 de septiembre
de 2021,
El Diario de Hoy
).
La corrupción en la posguerra de El
Salvador no es específica, sino que continúa
siendo de amplio espectro. En otras palabras,
hay que recurrir a lo que sea necesario para
mantenerse en el poder, por cuanto tiempo
sea posible. La Ley de la Carrera Militar en El
Salvador (Decreto No. 476, 30 de noviembre
de 1995), en el artículo 8, numeral 25, esti-
pula: SITUACION DE RETIRO. “Es el estado
en que se encuentran los militares que hacen
uso del derecho a pensión en virtud de la
ley respectiva, perdiendo el derecho de
ascenso”. Sin embargo, en clara oposición
a ese artículo, el gobierno de Carlos Mauricio
Funes Cartagena (FMLN) ascendió al Cnel.
retirado David Victoriano Munguía Payés al
rango de Gral. de Brigada, para después
convertirlo en ministro de Defensa. Si ese
accionar ilegal emanó de un partido político
supuestamente revolucionario, no se podría
esperar algo mejor de los partidos políticos no
revolucionarios.
Al momento de su retiro de la carrera
militar, René Francis Merino Monroy era
capitán de Navío (Fuerza Naval). Pero el
gobierno de Nayib Bukele lo ascendió al
grado de vicealmirante y luego a contraalmi-
rante. Merino Monroy es el nuevo ministro
de Defensa en la actual administración de
Bukele. En esa misma ocasión, también
fueron ascendidos varios oficiales: 19 a coro-
neles, 14 a tenientes coroneles, 41 a mayores,
43 a capitanes y 78 a tenientes (García, 2
de enero, 2020,
Diario El Mundo
). Parte de
los Acuerdos de Paz incluía una reducción
substancial en el número de miembros de
las FAES en la paz de la posguerra. Sánchez
Cerén (FMLN) hizo algo parecido al haber
aumentado en un 57 % el número de efec-
tivos de las FAES durante su gobierno. Esos
aumentos no son coincidencia, sino que son
sistemáticos. La aparente irreconciliable posi-
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ción ideológica entre FMLN y Nuevas Ideas
(partido político de Bukele) se desvanece ante
la férrea convergencia de ambos, al actuar
ilegalmente en el mismo contexto. ¿Por qué?
¿Existen otras fuerzas detrás de esas ilegali-
dades? ¿Continúa latente el militarismo en
ES como administrador del Estado? ¿Por qué
en tiempo de paz se continúa aumentando el
número de miembros de las FAES?
En la campaña electoral que le dio la
victoria presidencial a Nayib Bukele, este
se distanció de los políticos convencionales
y hasta prometió enfáticamente terminar
con la endémica corrupción en todas sus
variantes. Pero una cosa es actuar como
aspirante al poder y otra ya estando en él.
La corrupción en su administración no tiene
mucho que envidiarle a previos GOES. La
Lista Engels (registro de personas creado
por los EE. UU. acusadas de corrupción)
incluye a actuales funcionarios de Bukele
(Rolando Castro, ministro de Trabajo; Conan
Castro, secretario jurídico de la Presidencia;
Carolina Recinos, jefa de Gabinete, y Osiris
Luna Meza, director de Centros Penales). Ese
mismo padrón incluye a exfuncionarios de
Bukele [Pablo Anliker, ministro de Agricultura;
Rogelio Rivas, ministro de Seguridad, y Walter
Araujo, exmiembro de ARENA, GANA y hoy
del partido de Bukele] (Avelar & Mejía, 1 de
julio de 2021,
El Diario de Hoy
). Bukele ha
encarcelado a varios de sus opositores polí-
ticos, acusándolos de corrupción, pero no ha
hecho lo mismo con sus propios correligiona-
rios incluidos en la Lista Engels. El presidente
ha respondido diciendo que él tiene su propia
lista de corruptos (
Associated Press
, 3 de
julio de 2021). De eso se infiere que, en su
opinión, ninguno de sus ex o actuales funcio-
narios ha cometido actos de corrupción.
La corrupción no se limita al clásico
enriquecimiento ilícito, sino que tiene varias
modalidades. para mencionar algunas, el
“nepotismo” (favoritismo con los parientes
o allegados) y el “autocratismo” (ejercer un
poder ilimitado). Bukele gobierna con su
familia y de forma autócrata. El día 9 de
febrero de 2020, en su capacidad de presi-
dente y comandante en jefe de las FAES,
ordenó la toma de la Asamblea Legislativa
(Vivanco, 14 de febrero de 2020,
The New
York Times
). El día 1 de mayo de 2021, la
administración de Bukele destituyó ilegal-
mente a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y al fiscal general de la República
(Redacción, 3 de mayo de 2021,
BBC News
Mundo
). El día 19 de julio de 2021, Bukele
autorizó duplicar el número de efectivos de las
FAES, en contradicción con la naturaleza de
los Acuerdos de Paz. El día 3 de septiembre
de 2021, su administración aprobó la reelec-
ción presidencial continua, constitucional-
mente ilegal (Peña, 6 de septiembre de 2021,
Reuters
).
En 2013, Bukele afirmó que la
Constitución política de ES no permite la
reelección presidencial continua, pero ya se
olvidó de lo que él mismo aseveró (Girón, 4
de septiembre de 2021,
El Diario de Hoy
).
El cardenal Rosa Chávez le recordó que eso
es inconstitucional y, “si esto no se corrige,
pasarán cosas de este tipo o peores en el
futuro” (Martínez, 5 de septiembre de 2021,
La Prensa Gráfica
). La Constitución vigente
en ES aprueba el derecho a la insurrección
(art. 87) por serias violaciones a los derechos
estipulados en ella y por violar la alternabi-
lidad en la Presidencia de la República (art.
88). Curiosamente, una semana antes de
haber dictado la continuidad en el poder,
Bukele pidió reclutar a 20,000 soldados más,
ahora que por el momento no hay más guerra
militar (Henríquez, 29 de agosto de 2021,
La
Prensa Gráfica
). El arzobispo de San Salvador,
José Luis Escobar Alas, le sugirió que se
aumentara el número de policías en vez del
número de soldados (Henríquez, 29 de agosto
de 2021,
La Prensa Gráfica
). Si el derecho a
la insurrección fuera ejercido nuevamente, es
triste pero importante preguntarnos: ¿volve-
rían las FAES a arremeter contra la población
civil? ¿Por qué el número de efectivos militares
ha continuado aumentando de forma siste-
mática en la paz de la posguerra? ¿Volvería
el pueblo a creer en nuevas organizaciones
revolucionarias?
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Para agregarle más controversia a las
lógicas preguntas antes hechas, el actual
vicepresidente de El Salvador, Félix Augusto
Antonio Ulloa Garay, exmilitante del FMLN
e hijo del asesinado (por los Escuadrones
de la Muerte en octubre de 1980) rector de
la Universidad de El Salvador, Ing. Félix
Ulloa, está tratando de enmendar la actual
Constitución política de El Salvador para
que el servicio militar vuelva a ser obligatorio
“como en cualquier democracia” (Calderón,
1 de febrero de 2021,
La Prensa Gráfica
).
Aún más, el actual ministro de Defensa, René
Francis Merino Monroy, ha pedido que a las
FAES se les tiene que dar un rol político oficial
(Pacheco, 24 de enero de 2021,
La Prensa
Gráfica
). Para Merino Monroy, es totalmente
irrelevante lo estipulado en artículo 211 de la
Constitución: “La Fuerza Armada es una insti-
tución permanente al servicio de la Nación.
Es obediente, profesional, apolítica y no deli-
berante”. Ambos peticionarios pretenden no
haber entendido que lo que hoy piden con
ferviente patriotismo fueron algunas de las
causas primordiales que incendiaron la patria
que hoy simulan defender.
Parte de los Acuerdos de Paz estipularon
una reducción substancial en el número de
miembros de las FAES. Paradójicamente,
durante el gobierno de Sánchez Cerén
(segundo del FMLN), ese número de nuevos
militares se incrementó en un 57 %, la
mayoría oficiales y suboficiales (López
& Salazar, 7 de mayo de 2015,
Diario
Co-Latino
). ¿Aumento de oficiales en la
posguerra? ¿Con la venia de un gobierno
izquierdista que combatió el militarismo?
¿Dónde quedó la memoria de las personas
victimizadas por las FAES? Para agregarle
más afrenta a esas víctimas, ambos gobiernos
del FMLN también rehusaron el acceso a los
archivos de las FAES, continuando con la
misma postura de gobiernos anteriores. Los
argumentos de todos esos gobiernos para
impedir el acceso a esos archivos han sido
varios y discrepantes. Unos han afirmado
que esos archivos ya no existen, mientras que
otros sostienen que no se puede acceder a
ellos “por razones de seguridad nacional”.
En enero de 2015, el entonces presidente
Mauricio Funes (del FMLN) derramó más
de una lágrima populista al haberle pedido
perdón a las personas sobrevivientes de la
masacre de El Mozote, en Morazán. Funes
creó una “Comisión de Revisión” a la que le
pago más de $20,000 para que le informaran
qué unidades militares tenían nombres de
militares involucrados en crímenes de “lesa
humanidad” (Alvarado, 12 de enero de 2015,
El Faro
). En su capacidad de comandante
en jefe de las FAES, Funes no tenía por qué
haber gastado un solo centavo del pueblo.
Una palabra suya habría bastado para obtener
la información de la que públicamente hizo
alarde que quería saber. Poco tiempo después,
esa “Comisión” le sugirió amablemente que
era mejor no cambiarle nombre a ninguna de
esas unidades militares.
Bukele, sin embargo, se atrevió a borrar el
nombre del Tnte. Cnel. Domingo Monterrosa
a la entrada de la Tercera Brigada de
Infantería (San Miguel). Nayib, aparente-
mente sin mayor experiencia político-electo-
rera, pero con su supuesto distanciamiento de
los políticos convencionales, logró hipnotizar
a sus electores. Hay algo, sin embargo, que
ni la prensa, ni sus detractores políticos han
mencionado. Si analizamos la aritmética
básica de los votos emitidos, no fue Bukele
quien ganó, sino que el abstencionismo.
¿Por qué? Porque del 100 % de votantes
empadronados, menos del 50 % se tomó la
molestia de ir a emitir el voto. De ese menos
del 50 % de votantes activos, al menos dos
tercios optaron por Bukele. Ningún analista
se tomó el trabajo de tratar de descifrar por
qué más del 50 % de la población elegible
no fue a votar. El no ir a votar o anular el
voto también es una forma de votar con
un silencio ruidoso porque se expresa una
crónica incredulidad en la honestidad del
sistema.
Los tradicionales ilícitos de cualquier
alcalde parecerían un “robo de gallinas” si
se les compara con las defraudaciones multi-
millonarias cometidas contra el Estado por
cuatro presidentes civiles en la posguerra.
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Ellos son Francisco Guillermo Flores P.
(ARENA), Elías Antonio Saca (ARENA),
Carlos Mauricio Funes Cartagena (FMLN) y
Salvador Sánchez Cerén (FMLN). Las leyes
domésticas e internacionales tendrían que
ser enmendadas e incluir ese tipo de corrup-
ción como “crímenes de lesa humanidad”.
¿Por qué? Simplemente, porque no solo se
asesina por acción, sino que también por
omisión. Pensemos en cuántas personas que
padecieron de enfermedades curables falle-
cieron por falta de medicinas en los hospitales
públicos o por falta del equipo y/o personal
médico necesario. ¿Cuánta infraestructura
se pudo haber creado con esas exorbitantes
cantidades de dólares que fue saqueada de
las arcas del Estado? ¿A cuántas de esas
víctimas se les pudo haber prolongado una
vida saludable?
Varios tipos de cáncer son curables
cuando se diagnostican a tiempo. En el
Hospital Rosales, por ejemplo, hasta marzo
del 2021, ha habido carencia de al menos
trece fármacos usados en el tratamiento contra
varios tipos de cáncer. De acuerdo con los
oncólogos salvadoreños Raúl Lara, Salvador
Díaz Bazán y el presidente del Colegio
Médico, Milton Brizuela, cada año mueren de
cáncer unas 7,000 personas, la mitad de esos
pacientes por falta de fármacos (Hernández,
21 de marzo de 2021,
El Diario de Hoy
).
Dejar morir a pacientes salvables es un crimen
ignominioso y es todavía más aborrecible
cuando es por falta de recursos financieros,
que son desviados intencionalmente a las
cuentas bancarias personales de quienes
tienen la obligación legal de proteger a los
desvalidos. La guerra militar en ES terminó
oficialmente en enero de 1992, pero no la
guerra por lograr la sociedad justa que se
esperaba. Las elecciones libres en la posguerra
no han demostrado hasta la fecha que ese
objetivo primordial se haya logrado.
Conclusión
Es innegable que la guerra militar interna
en ES ya terminó. Pero esa afirmación de
ninguna manera equivale a suponer que
en la posguerra existe la democracia por
la que miles perdieron sus vidas. Miles de
inocentes continúan desaparecidos, miles
de familias continúan desintegradas, miles
siguen viviendo legal o ilegalmente en países
con culturas diferentes, miles continúan
lisiados física y psicológicamente, miles siguen
viviendo en la pobreza extrema, miles conti-
núan siendo explotados en sus respectivas
áreas de trabajo y miles ya no votan para
votar contra el mismo
status quo
.
En ES, la multiplicidad de los partidos
políticos en la posguerra no condujo a un
florecimiento democrático, sino que a la proli-
feración de la folclórica corrupción. Políticos
electos de todos los partidos continúan
haciéndose acusaciones mutuas sobre cómo
salvar a ES, sabiéndose que ninguno de ellos
salvará a ES. Es ES el que tiene que salvarse
de esos políticos que insisten en continuar
parasitando del pueblo. Si existiera la ciencia
en “parasitología social”, los políticos salva-
doreños serían su primer caso de estudio. Los
colores políticos y sus aparentes diferencias
ideológicas no han impedido que en ES todos
los partidos políticos en la posguerra coin-
cidan en su irrefutable apetito por la corrup-
ción en sus varias formas.
Aparte del típico “peculado” y sus
variantes (apropiación ilícita del dinero
público, sobresueldos, gastos de la “partida
secreta” [dinero del que dispone cada presi-
dente, para casos de “emergencia” y que
son secretos, etc.]), la corrupción en ES
también se ha manifestado en el control de
instituciones que tendrían que controlar la
administración del Estado y la independencia
de los tres poderes (Legislativo > hace las
leyes, Ejecutivo > ejecuta las leyes, y Judicial
> hace cumplir las leyes). De los gobiernos
liderados por ARENA no se podía esperar
más que lo mismo. Por su parte, los militares
no permitieron que un gobierno liderado por
el FMLN gobernara, sino que solo se mantu-
viera como un símbolo democrático en Casa
Presidencial.
En El Salvador de la posguerra, argu-
mentar que hoy hay democracia es bastante
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controversial. La diferencia entre los pocos
de siempre, que siempre tienen mucho, y los
muchos de siempre, que siempre tienen poco
o nada, no ha cambiado. Al contrario, ese
abismo se ha profundizado. Sin embargo, la
multiplicidad de partidos políticos y las hoy
elecciones libres han creado la falsa impre-
sión de una democracia emergente, fornida e
inmune al pasado. La realidad es diferente a
esa ilusión óptica. Los GOES en la posguerra
solo le han puesto “parches a una camisa
vieja” en vez de comprar una camisa nueva.
Mientras tanto, esos remiendos a la camisa
vieja los han presentado como progresos
democráticos. Desafortunadamente, bastante
gente ha percibido esos remiendos como equi-
valentes a una camisa nueva.
El actual GOES, lidereado por Bukele,
ha actuado sistemáticamente contra la tan
anhelada democracia y de forma desa-
fiante a los estipulados constitucionales.
Preocupantemente, no ha tomado en serio
el derecho a la insurrección, autorizado
en los artículos 87 y 88 de la Constitución
vigente, que él ha violado. No sorprendería
si recurre a la abolición de ambos artículos.
Eso sería el “tiro de gracia” a la democracia
que él pretende construir, pero que impide
en la práctica. Las ideas implementadas por
Nuevas Ideas no son nuevas, lo nuevo es el
actual partido político en el poder. En este
artículo, deliberadamente se han formulado
más preguntas que respuestas. El objetivo
obvio ha sido motivar a las personas lectoras
a que recurran a sus propios análisis críticos
sobre la realidad nacional de sus respectivas
épocas. Siempre se aprende algo leyendo
los resultados de investigaciones académicas,
pero la persona lectora aprende mucho más
sacando sus propias conclusiones.
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