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Gestionar para la convivencia inclusiva, una deuda del modelo educativo salvadoreño
Volumen 76 Número 766 Año 2021
eca
Estudios Centroamericanos
Mientras que el “aprender a conocer” y el
“aprender a hacer” han sido los estandartes
de los sistemas educativos que han apostado
por implementar pruebas estandarizadas a
nivel local, en el caso de El Salvador, las
pruebas PAES o AVANZO, y, a nivel inter-
nacional, el Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA), el Estudio
de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias
(TIMMS), la Evaluación de Competencias de
Adultos (PIAAC), el Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (TERCE), cuyos
objetivos son medir las fortalezas y debili-
dades de los conocimientos adquiridos por
los estudiantes, poco énfasis se ha dado
al “aprender a ser” y al “aprender a vivir
juntos”. Ante estos valores de la competencia
en la que estamos para destacar frente a otros,
surge una cultura del individualismo que, a
su vez, abre el camino para otros grandes
males como la intolerancia, la xenofobia y la
discriminación. Como si fuera poco, en una
sociedad salvadoreña catalogada como “histó-
ricamente violenta y que tiende a solucionar
de manera violenta sus conflictos, creando
una condición muy complicada para la niñez
y juventud, las cuales terminan ejerciendo y
padeciendo al mismo tiempo la violencia”
(MINED, 2010, p. 13), se vuelve urgente
retomar una de las bases hasta ahora dejadas
de lado: el “aprender a vivir juntos” para
empezar a proponer un cambio de paradigma
en nuestras relaciones con los demás.
Es la escuela, como institución de sociali-
zación secundaria, donde se puede reorientar
los esquemas culturales de convivencia de los
niños y las niñas para que aprendan a aceptar
las diferencias y se puedan crear nuevos esce-
narios para alcanzar la convivencia inclusiva.
1.1. ¿Qué se ha hecho a nivel de
política pública para generar espacios
de convivencia en las escuelas?
Desde el Ejecutivo se han impulsado
distintas políticas, programas y estrategias
que buscan dar respuesta a conductas
violentas y discriminatorias dentro de los
centros educativos. A mediados de los años
noventa, se incorporó en el plan de educa-
ción el enfoque de cultura de paz, aunque su
desarrollo ha sido incipiente en la práctica,
como lo explican Quintanilla de González y
Solórzano (2014). En respuesta al deterioro
de la seguridad en las zonas urbanas, en el
año 2000, la Policía Nacional Civil (PNC)
comenzó a ofrecer servicios de prevención y
protección escolar para garantizar la seguridad
de estudiantes y docentes. Del año 2005 al
2009, también se implementó el programa
Escuelas Efectivas y Solidarias, el cual
buscaba mejorar la convivencia y prevenir
la violencia en algunas escuelas urbanas. En
sustitución de este, en 2010, se lanzó Sueño
Posible: un estudiante íntegramente formado,
enfocado en la promoción de valores a través
de la educación artística y deportiva. Le siguió
el Plan de Acción Integral, para prevenir
comportamientos violentos a través del control
de asistencia, la supervisión de las entradas
y salidas de los estudiantes y el cuidado de
zonas en las escuelas. No obstante, el uso de
medidas coercitivas aplicadas sin compensar
adecuadamente con acciones para mejorar
las relaciones de convivencia al interior de la
escuela corría el riesgo de profundizar el estrés
y entorpecer la labor educativa.
La respuesta gubernamental para prevenir
la violencia escolar está centrada actualmente
en la estrategia de seguridad ciudadana. Su
énfasis radica en proteger las escuelas de los
factores externos más que de los internos.
Por ello, focalizan su atención hacia aquellos
centros escolares ubicados en zonas con altos
índices de violencia. No es de extrañar que el
concepto de convivencia escolar esté asociado
al concepto de violencia escolar, ya que es
a través de la promoción de la primera que
se pretende prevenir y erradicar la segunda.
El enfoque de convivencia en las escuelas
es la respuesta al cometimiento de actos
violentos, un enfoque de prevención en el que
predomina lo preventivo y lo normativo, que
consiste en señalar faltas y estipular sanciones
hacia un comportamiento que no corresponde
a las normas establecidas.