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Vol. 76, núm. 767, año 2021, pp. 413-450
eca
Estudios Centroamericanos
Imaginar comunidades resilientes: gestión de riesgos, fortalecimiento y capacidades para la acción social
ISSN 2788-9580 (en línea) ISSN 0014-1445 (impreso)
Imaginar comunidades
resilientes: gestión de
riesgos, fortalecimiento y
capacidades para la acción
social
1
Envisioning resilient communities:
risk management, empowerment and
capacities for social action
DOI: https://doi.org/10.51378/eca.v76i767.6471
Ivette Chacón Marroquín
2
Palabras clave
comunidades urbanas, exclusión
social, gestión del riesgo, resiliencia.
Keywords
Urban communities, Social exclusion,
Risk management, Resilience.
Fecha de recepción: 13/10/21
Fecha de aceptación: 29/11/21
Resumen
1 Este artículo está basado en la investigación Elementos para una estrategia participativa de la Gestión de
Riesgos (GDR) para la construcción de territorios resilientes. Análisis de caso comunidad Las Palmas y Mon-
treal en el período 2012-15, realizado como tesis para la Maestría en Desarrollo Territorial, Universidad Cen-
troamericana José Simeón Cañas (UCA), disponible en la Biblioteca P. Florentino Idoate, S. J. de la misma.
2 La autora es investigadora y docente en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, El Salvador. Correo
electrónico: ichacon@monicaherrera.edu.sv
Los territorios en exclusión social han
sido un fenómeno de ocupación humana y
construcción del hábitat que se ha invisibi-
lizado por décadas y constituyen aún una
deuda social muy fuerte en la mayor parte
de ciudades en América Latina. Las conurba-
ciones en San Salvador, El Salvador, no son
la excepción. Estas se perfilan como territorios
dinámicos donde se tiene una alta densidad
de ocupación y los usos de suelo son discre-
pantes y desafiantes dentro de la planifica-
ción urbana. Territorios donde la violencia
social hoy, la guerra civil en el pasado y los
fenómenos naturales sostenidos han sumado
vulnerabilidades a los habitantes en las comu-
nidades más empobrecidas.
Con la finalidad de crear territorios más
dignos y ciudadanos más fuertes dentro
de ellos, el estudio presenta el trabajo de
una herramienta destinada a los gestores
de desarrollo que a diario trabajan con la
construcción social del hábitat. La propuesta
de índice de resiliencia comunitaria (IRC)
surge de la comparativa de dos comunidades
urbanas en distintos momentos, en cuanto a
intervención en proyectos de desarrollo, y que
tiene la intención de aumentar la cantidad de
alternativas de medición cualitativa para el
alcance de resiliencia comunitaria. El índice,
una herramienta flexible y abierta, permite a
los gestores reconstruir sus instrumentos de
medición en cuanto a presencia de resiliencia
comunitaria para el fortalecimiento humano
previo a las intervenciones territoriales; todo
ello con el interés de hacer los proyectos de
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desarrollo más sostenibles y las capacidades
de los participantes más duraderas en el
tiempo.
El IRC, sus elementos y finalidad se
ponen al servicio de una Estrategia para la
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) no
basada exclusivamente en mediciones de
acciones antrópicas y ambiente construido.
La estrategia aquí presentada culmina en una
propuesta modélica de imaginario para la
construcción social de resiliencia comunitaria,
un proceso y una meta simultáneos y en
continua construcción.
1. La ciudad que crece y la no ciudad
también
Las ciudades históricamente han sido el
destino principal de las migraciones internas y
las más prósperas son consideradas el destino
para el desarrollo tanto a nivel regional como
mundial. Se constituyen en el ecosistema
artificial más importante para impulsar el
crecimiento económico y el desarrollo a todo
nivel. El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) estima que entre un 60 y un 70 % del
producto interno bruto (PIB) es producido
en las ciudades latinoamericanas, pero que,
a pesar de esta producción de riqueza, dos
de cada tres personas vive en condiciones
de pobreza (BID, 2011); también estima que
cerca de 117 millones de personas viven en
asentamientos irregulares que establecen
claras diferencias en cuanto a su calidad
de vida, lo que las hace vulnerables a las
amenazas climáticas y de orden social; un
ejemplo de ello es que no todos los habi-
tantes tienen acceso a vivienda digna, empleo
estable, cobertura en servicios y seguridad
ciudadana.
El crecimiento y la expansión indiscrimi-
nada de las ciudades representa una de las
mayores amenazas a nivel ambiental y social.
Las ciudades vistas como sistemas —para ser
más productivos y eficientes en el manejo de
los recursos disponibles— deben apostarle
a una planificación urbana concertada con
los actores locales, capaz de no generar más
brechas sociales, garantizar sus plenos dere-
chos y velar por su sostenibilidad mediante el
uso racional de sus recursos.
El Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS) no está lejos de los parámetros lati-
noamericanos ya descritos. Con un desarrollo
altamente centralizado y al estar escasamente
planificada en su crecimiento, ha incremen-
tado rápidamente sus condiciones de vulne-
rabilidad y riesgo en las últimas décadas, los
que, aunados al cambio climático, están afec-
tando notablemente a los distintos territorios.
Aquellos que viven condiciones de exclusión,
escasa cobertura de servicios y los deficien-
temente atendidos por las autoridades son
los que experimentan los mayores impactos
en situaciones de riesgo ambiental y social.
Todo esto constituye una barrera para la
autorrealización de sus habitantes y la conse-
cuente implantación de modelos asertivos de
desarrollo.
Estos territorios en exclusión, los asen-
tamientos populares urbanos (APU), tienen
concentrada una energía potencial para el
desarrollo urbano: el capital humano. Sin que
este se encuentre alineado con las estrategias
territoriales, muy poco se podrá lograr en
temas tan medulares para la sociedad salva-
doreña, como el de la seguridad pública y la
garantía de acceso a los recursos básicos para
la subsistencia. El enfoque en las personas
y sus capacidades, como una de las dimen-
siones de interés en el tema de desarrollo
territorial, es hablar de justicia y equidad. Es
hablar de garantía de derechos: a la vida,
a la autorrealización, al suelo habitable y a
la vivienda, al acceso a un medio digno de
subsistencia, a la cobertura de servicios, a la
aceptación, a la integración y otras modali-
dades de interrelaciones complejas como la
gobernanza y la gobernabilidad.
La Iniciativa para el Desarrollo de
Ciudades más Resilientes del UNISDR (2012)
determina que la base del desarrollo local
reside en la resiliencia de su territorio, un
constructo en distintos ámbitos de acción.
Establece que no puede existir desarrollo
sin construcción de resiliencia, puesto que
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el desarrollo no alcanzará la sostenibilidad
deseada si sus territorios no pueden afrontar
los cambios propios a los que se enfrentan los
grupos sociales.
Ya no es posible pensar en una ciudad en
términos de una expansiva transformación
urbana sin que pueda hacerse acompañar de
intervenciones más sostenibles y dignas en las
zonas más degradadas de la ciudad; en esa
no-ciudad que escasamente forma parte del
paisaje que se quiere ver y promover en un
mundo encuadrado en imágenes perfectas en
donde la desigualdad no es un mal necesario,
sino más bien, como sostiene el economista
Thomas Piketty, “es [más bien] ideológica
y política” y no una cuestión “económica o
tecnológica” (Febbro, 2019).
2. Vulnerabilidad, riesgo y resiliencia.
El riesgo social una amenaza latente
El riesgo como condición antrópica guarda
estrecha relación con otras dimensiones, no
todas ellas con características negativas e inde-
seables, pero estas últimas no son muchas.
No puede existir el riesgo sin que se den
condiciones como las de vulnerabilidad(es)
colectada(s), violencias, u ocurrir sin distintas
formas de afloración de la resiliencia social.
El riesgo constituye una construcción
cultural a nivel histórico. En un principio
—sostienen especialistas— estuvo ligado a
la voluntad de la providencia, en una etapa
donde predominaba mucho el miedo como
explicación a lo desconocido. Desde el s. XIV
d. C. hasta s. XVIII, el riesgo estuvo ligado al
aparecimiento de las enfermedades y pestes
que terminaron con buena parte de la pobla-
ción europea; más tarde, el riesgo se vuelca
hacia su desmaterialización (los microorga-
nismos, el mundo de lo no visible), durante la
fase industrial, del s. XVIII y mediados del s.
XIX, periodo en donde se imponen las ideas
científicas e ilustradas. Finalmente, el riesgo se
asocia al aparecimiento de eventos acciden-
tales, que están asociados con el progreso y la
tecnología, como es el caso de los accidentes
nucleares o las grandes fallas en sistemas
informáticos (García Acosta, 2005). Y, técnica-
mente, a la intervención indiscriminada en los
sistemas naturales espacialmente intervenidos
o sobreexplotados.
El riesgo también es una construcción
social, un producto del histórico de una
sociedad, sus creencias y valores dominantes
(García Acosta, 2005). En los sistemas de
alto riesgo, siempre existen individuos más
vulnerables, como las mujeres, los niños, los
adultos mayores y personas con discapacidad.
En la construcción del riesgo alrededor del
género (PNUD, 2010), se establece que en los
países donde persiste la inequidad de género,
mujeres y niñas son altamente vulnerables
ante peligros naturales, lo que eleva la cifra
de víctimas mortales; pero también se ha
comprendido que estas situaciones de riesgo
de desastres representan oportunidades para
corregir este tipo de disparidades. Esta cons-
trucción del riesgo alrededor del género resulta
un tema de base para el desarrollo del terri-
torio. Por ejemplo, en sistemas de planificación
urbana inclusiva, el trabajo con mujeres esta-
blece una fuerte intervención en el desarrollo
de capacidades de fortalecimiento, con las
cuales se pueden plantear ejercicios puntuales
de identificación de riesgos y amenazas a nivel
espacial. Las mujeres no solo son víctimas de
violencia a escala doméstica, sino también
son el mayor objetivo de agresiones verbales y
físicas dentro de las ciudades. La comunidad
se vuelve este primario campo de oportunidad
en donde se pueden revertir prácticas de
dominio patriarcal.
La gestión de riesgo (GDR) se reconoce
como enfoque, práctica y proceso en donde
un individuo o una comunidad introyecta y
comprende los riesgos a los que se enfrenta,
considera los recursos a su disposición y
genera instrumentos y estrategia para enfren-
tarlo, toma parte en las gestiones e imple-
menta la solución más apropiada al contexto
del riesgo enfrentado (UNISDR, 2009;
UNES-AECID, 2012). Más que una meta, es
un proceso en constante construcción y desa-
rrollo, desde el punto de vista de las agencias
especializadas.
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Una gestión del riesgo eficaz requiere de
un manejo eficiente de recursos propios y
asignados al territorio. En este sentido, es
indispensable el tomar en consideración dos
aspectos: el nivel de organización comunitaria
y el nivel de respuesta de los gobiernos local
y central. Según datos del Marco de Sendai
para la Reducción de Riesgos de Desastres
2015-2030 (UNISDR, 2015), se debe favo-
recer la gobernanza para una gestión eficaz y
eficiente del riesgo enfocado en dos niveles:
nacional y local, así como mundial y regional.
Para lograrlo, el protocolo de Sendai N.° 24,
literal (a) recomienda: “Fomentar la reco-
pilación, el análisis, la gestión y el uso de
datos pertinentes e información práctica y
garantizar su difusión teniendo en cuenta las
necesidades de las diferentes categorías de
usuarios”. Esta implicación y colaboración de
toda la sociedad sostiente que la reducción del
riesgo de desastres debe ser acción inclusiva,
accesible y no discriminatoria con atención a
los más pobres. Deberá incluir perspectiva de
género, en especial el liderazgo de las mujeres
y jóvenes, sin subestimar la población de
edad avanzada, personas con discapacidad,
personas con diferencias culturales, políticas
y otras prácticas que podrían ser factor de
exclusión; exhorta también a la particiación
voluntaria de todos los ciudadanos (UNISDR,
2015, p. 13).
En El Salvador, la referencia más cercana
a la protección del medio y sus habitantes se
tiene a través del Acuerdo de Escazú, Costa
Rica, 2018. Es considerado como el primer
acuerdo a nivel de América Latina y el Caribe
en materia de interdependencia de derechos
humanos y ambientales. El mencionado
acuerdo garantiza acceso a formación, partici-
pación pública y acceso a la justicia, así como
el respeto a la integridad de los protectores
del medioambiente (Jiménez Guampa, 2019).
Sin embargo, muy a pesar de que El Salvador
entró en las negociaciones y se comprometió
a su adopción en 2018, no lo ratificó. De
acuerdo con declaraciones de funcionarios
del grupo gestor, el presidente de la repú-
blica se negó a ratificarlo, pues él considera
que el acuerdo está en contraposición con
el desarrollo de proyectos de vivienda en el
país (González, 2021). La nota de González
cita al presidente: “[e]n el Acuerdo Escazú
hay un par de cláusulas que no aplican con la
realidad del El Salvador”, y sigue:
No podemos dejar de construir viviendas,
porque hay un déficit de medio millón de
casas que necesitamos, entonces sí estamos
de acuerdo con el acuerdo, pero sin evitar
que podamos llevarle desarrollo, sobre todo,
a la gente más necesitada de nuestro país
(EFE, 2020).
El protocolo entró en vigencia el pasado
22 de abril de 2021 en medio de un litigio
importante de las organizaciones pro derecho
al agua contra una constructora privada de
vivienda para clase media y alta que opera en
la zona norte de El Salvador; dicho proyecto
impermeabilizaría una importante zona de
recarga acuífera para la ciudad capital. De
ninguna forma, este proyecto califica como de
vivienda de interés social.
El país tiene un largo historial de vulnera-
bilidad y riesgo. Muchos de ellos vinculados a
la falta de voluntad política y otras variables.
Es por eso por lo que los protocolos en la
GDR se enfocan cada vez más en el desa-
rrollo de las capacidades de los actores en el
territorio para la construcción de mecanismos
de prevención, alerta, reacción y mitigación
de riesgos. La prevención no es tarea solo
del Estado, sino de toda la sociedad. En ese
sentido, destacan la participación y el lide-
razgo comunitario y el análisis conjunto de
riesgos y amenazas. Dentro de su gestión de
desarrollo de más de 50 años, la Fundación
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
(FUNDASAL) ha identificado algunos de los
problemas con que se enfrenta la organiza-
ción comunitaria y que no logran permear los
distintos niveles de gestión política. Algunos
de ellos son: la baja participación de las fami-
lias, de la juventud, el desánimo generalizado
cuando no se ven resultados rápidos en los
proyectos territoriales, la baja capacidad de
organización, algunas veces, la irresponsa-
bilidad en el ejercicio de los cargos direc-
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tivos, entre otros (FUNDASAL-KFW, 2012;
FUNDASAL, 2011).
Para prevenir y mitigar el riesgo no solo
hace falta su comprensión espacial/contextual,
sino también la organización o articulación
de los distintos actores fortalecidos en el
territorio. El desarrollo de capacidades es
un proceso mediante el cual la población,
las organizaciones y la sociedad estimulan y
desarrollan sistemáticamente sus competen-
cias a lo largo del tiempo para el logro de sus
objetivos (Baaset al., 2009). Es un estudio
integral de los componentes sociales y físicos
del territorio, de manera que puedan crear
condiciones de adaptación más efectivas y
eficientes en los actores afectados, mitigando
así sus vulnerabilidades. El fortalecimiento de
las capacidades humanas para contrarrestar
amenazas y disminuir impactos de riesgo tiene
una visión prospectiva fundamentada en la
prevención (UNES-AECID, 2012), de manera
que este conocimiento tenga incidencia en
estrategias de planificación. Con estas capaci-
dades, se llega a desarrollar resiliencia.
El UNISDR la promueve como “la capa-
cidad de un sistema, comunidad o sociedad
expuestos a una amenaza para resistir,
absorber, adaptarse y recuperarse de sus
efectos de manera oportuna y eficaz, lo que
incluye la preservación y la restauración de
sus estructuras y funciones básicas” (2009,
p. 28), ampliando su margen de acción de
un nivel de funcionamiento aceptable a uno
óptimo, con la capacidad de reestructurarse o
recomponerse, pero teniendo una memoria de
la experiencia para adaptaciones posteriores.
La Cumbre de las Naciones Unidas Sobre
el desarrollo Sostenible del 2002 enfatizó
“que las ciudades contemporáneas para
ser sostenibles necesitan ser resilientes de
cara a los desastres” (Asprone, 2014, p. 8)
y no se puede considerar a la ciudad como
un sistema, sin considerar a sus puntos
más vulnerables que son los asentamientos
urbanos en precariedad. Callaghan y Colton,
citados por el mismo Asprone (2014, p. 97),
señalan al capital comunitario y la resiliencia
como el motor del desarrollo sostenible ante
eventos extremos.
La resiliencia es un término en constante
construcción y del que no existe un consenso
definitivo. Ya otros autores como Vale (2014)
refieren algunos problemas operativos debido
a la multiplicidad de acepciones existentes lo
que podría dificultar su aplicación. Un dato
sobresaliente: a nivel urbano, se mantiene la
idea de que la resiliencia depende, mayori-
tariamente, de acciones y soluciones locales
dentro de una microescala (¿por qué no
entender comunitaria?). También coexisten
contrapropuestas que incluyen aproxima-
ciones holísticas sistémicas, que están enfo-
cadas en acciones a gran escala o de carácter
mundial (Lizarralde et al., 2014).
A una escala local, estas condiciones no
suelen darse sin el conocimiento profundo
del espacio que se habita. De acuerdo con
el Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), la
garantía de los derechos al suelo permite que
las personas sean más productivas y prós-
peras. La tenencia y, mejor aún, la propiedad
de la tierra facilitan que las familias tengan
más ingresos y puedan estar protegidas ante
situaciones adversas. El acceso a la propiedad
de la tierra es un reductor de la injusticia
social. Ofrece a sus poseedores seguridad
financiera al constituirse en un activo para
la venta, hipoteca o legado (UN-HABITAT,
2008).
Una de las dificultades de acceso a un
suelo de calidad lo catapultan las migraciones,
particularmente, las de carácter interno
forzadas por guerras o por pandillas que se
disputan el control de los territorios. Esto
implica que las ciudades tienden a perpe-
tuar modelos de desigualdad social que solo
incrementan la inseguridad social y espacial.
Si bien la vivienda adecuada y digna es un
derecho, la falta de previsión en planes y la
escasa voluntad política no facilitan las condi-
ciones mínimas para que este derecho sea
concretado; esta condición es la tenencia legal
que tanto aqueja a los habitantes de los APU.
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Dentro de esta línea de derechos, se
encuentran iniciativas plurales que reclaman
no solo el acceso al suelo, sino también el
derecho a la ciudad, iniciativa que busca
erradicar distintas formas de exclusión
(Comité Promotor de la Carta de la Ciudad
de México por el Derecho a la Ciudad, 2010).
Un sistema de derechos no puede existir sin
la garantía de que todos los grupos participen
de las decisiones del sistema que conforma
el territorio sin depender de la acción centra-
lizada del Estado: la gobernanza. Si bien es
cierto que ningún individuo puede resolver
todas sus necesidades sin que exista el Estado,
este identificará las oportunidades de acción
de los actores relevantes en busca de la crea-
ción de alianzas para generar condiciones
favorables a sus acciones dentro del entorno
legal (Vallès, 2007).
3. La comunidad urbana: unidad de
análisis de la resiliencia
Existen distintas formas de abordaje
del territorio y de los asentamientos que lo
conforman. A escala macro, se contemplan las
regiones como vastas extensiones con caracte-
rísticas medioambientales comunes y sistemas
políticos alineados por objetivos. Se respeta
en ellas una vocación o patrimonio natural
en donde se equilibran lo rural y lo urbano.
La ciudad, dividida en zonas, municipios y
fragmentaciones geopolíticas focalizadas, está
sujeta a ley y a normativas sistematizadas, que
están determinadas por el patrimonio cons-
truido derivado de sus densificaciones, valores
compartidos, bases culturales, diversidad de
sistemas constructivos en zonas precalificadas
para la habitabilidad y aquellas fuera de
calificación o de ocupación espontánea. Y la
escala comunitaria, que constituye núcleos
establecidos y reconocidos cuya ocupación
puede ser de tipo legal o de hecho; estas
últimas lejos del goce de derechos, conexiones
básicas, sujetas a los riesgos de desastres a
nivel físico, la mayoría sumidas en la pobreza
y la exclusión.
Esta última microescala de estudio, una de
las mejores para la comprensión del desarrollo
territorial, atiende a normas más o menos
consensuadas o hasta tácitas entre sus habi-
tantes y que rigen a instituciones intangibles
a nivel de la comunidad como el parentesco
o el matrimonio (…), hasta las organizaciones
que operan a nivel de la comunidad y que
son controladas por sus miembros (Baas et al.,
2009, p. 62). Son sistemas claramente iden-
tificables en el territorio y poseen objetivos
definidos. Pueden no tener formalidad legal,
pero sí son reconocidos territorialmente. Las
comunidades mejor organizadas se encargan
de gestionar beneficios para sus territorios a
través de otras organizaciones que actuan en
campo y constituyen un medio para alcanzar
objetivos; la comunidad no es un fin en sí
mismo, por lo que no ha tendido a conso-
lidarse, al menos en el caso de El Salvador
(FUNDASAL-PNUD, 2009, p. 71).
Para este enfoque microescalar, se tomó en
cuenta la gestión de proyectos de desarrollo
urbano para la intervención de dos comuni-
dades urbanas realizados por FUNDASAL: la
comunidad Las Palmas y la zona Montreal,
ambas dentro del AMSS. Las dos comuni-
dades tienen discrepancias en ocupación, pero
muchas caracterírsticas comunes: exclusión,
violencia social, vulnerabilidad ambiental y
social y riesgo de desastres. Algunas parti-
cularidades se detallan en los próximos dos
apartados.
• La comunidad Las Palmas
La comunidad Las Palmas es un
APU sobre la vía primaria de la carretera
Panamericana. Tiene una extensión de
13.7 manzanas de terreno y se encuentra
bordeando la quebrada La Lechuza, accidente
geográfico que es un factor de riesgo debido
al incremento de su caudal en invierno,
extracción extensiva de material para cons-
trucción y por padecer el fenómeno de “río
abajo” de otros desarrollos urbanísticos de la
ciudad. Es un terreno con calificación de no
urbanizable debido a la inestabilidad del suelo
(ver figura 1).
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Si bien no es claro el origen del asenta-
miento, se dice que el territorio pudo ofrecer
vivienda a bajo costo a nivel de arrenda-
miento o compra ilegal. Su ubicación es
estratégica como asentamiento de servicio a
colonias de alto poder adquisitivo de la zona,
una buena conectividad con otras zonas de
la ciudad a través del transporte colectivo
y la aparente mejora de “vivir en la ciudad
capital” (factor de centralizador muy común
en Latinoamérica). Sus pobladores, en un
52 % mujeres y el resto hombres, se dedican
a actividades domésticas, autoempleo en
pequeños talleres de reparación, servicios de
comida tradicional y otros característicos del
subempleo. Algunos gozan de los beneficios
de un empleo formal al contar con cierto
grado de escolaridad (educación básica o
media). Su nivel de organización social es
muy fuerte debido en parte a los múltiples
intentos de desalojo experimentados desde
los años 1940-50. Esta capacidad de organi-
zación les permitió conformar una ADESCO
(Asociación de Desarrollo Comunitario) y
luego una Junta Directiva (1972), aunque
oficialmente fue reconocida por la munici-
palidad hasta 1995. Su organización les ha
facultado gestionar mejoras como la obtención
de títulos de propiedad, acceso a servicios
básicos, programas de apoyo, entre otros.
Su nivel de cohesión social ha girado en
torno de la fe. Primeramente, con la Iglesia
católica y, en los últimos años, con la Iglesia
evangélica. También destacan factores de
unificación como actividades deportivas. En
la actualidad, es un asentamiento diverso y
dinámico que coexiste con fenómenos de
exclusión como grupos de pandillas y de
control del territorio reconocidos por su alta
peligrosidad. Estos funcionan como control
de facto dentro de la misma. Violencia intra-
familiar y rencillas propias de la convivencia
también persisten.
Figura 1. Vista aérea de la comunidad Las Palmas
Fuente: Google Maps (4 de agosto de 2016). [Imagen satelital]. https://www.google.com.sv/
maps/place/Comunidad+Las+Palmas,+San+Salvador/@13.6914328,-89.2353123,411m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f633030c01a3b71:0x30690724a3f345e5!8m2!3d13.6919054!4d-89.2345377
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• La zona Montreal
El segundo asentamiento en la compa-
rativa es el de la zona Montreal en el muni-
cipio de Mejicanos, San Salvador. Es parte
del fenómeno de la conurbanización de la
ciudad. Está ubicado al norte de esta y tiene
características topográficas muy accidentadas
(de tipo ladera) en un suelo que aún se
mantiene mayoritariamente no urbanizado.
La comunidad se encuentra al norte del casco
urbano del municipio. Es un enclave predo-
minantemente residencial de clase obrera y
media baja. Su colindancia al poniente la
demarca la quebrada las Siete Pilas. La zona
la componen ocho comunidades (ver figura
2). Algunos relatos hacen referencia que los
mismos habitantes fueron poblando la zona
de forma intuitiva; la construcción de calles
y accesos, primero empedrados y luego alfal-
tados, dan muestra de su organización para
la gestión (Handal & Calvio, 2015, pp. 4-5).
El municipio de Mejicanos tiene una pobla-
ción de 140,751 habitantes, de los cuales
el 45.83 % son hombres y el 54.16 % son
mujeres (DIGESTYC, 2007). Y casi la mitad de
la población es de niños o jóvenes de menos
de 25 años. En cuanto al estado familiar,
está conformado por un 58.4 % de hogares
dirigidos por una jefa de hogar (FUNDASAL,
2010). El promedio educativo alcanza el 8.°
grado (ISD, 2011). Las actividades económicas
están enmarcadas en la economía informal con
el ofrecimiento de servicios domésticos tempo-
rales o labores de cuido; la comunidad cuenta
con pequeños talleres, ventas de refrescos y
frutas. Ellos representan el 29 %, un 31 %
tiene trabajo estable, predominantemente en
la empresa privada, y cuentan una población
de pensionados. La desocupación es del 22 %
(FUNDASAL, 2010).
Están organizados socialmente a través de
asambleas comunitarias, las que gestionan
fondos para actividades promejora de la
comunidad. También participan de actividades
religiosas como deportivas. Estas organiza-
ciones tienen un alto nivel de participación,
capacidad de convocatoria y de moviliza-
ción. Han logrado gestionar algunos títulos
de propiedad (en asentamientos informales,
aunque la mayor parte es propietario por el
bajo costo de la tierra en la zona), conexión a
servicios básicos en algunas zonas, pavimen-
tación, entre otros que les permiten paliar
algunas necesidades básicas.
En la zona Montreal, también se identifican
distintos tipos de amenazas y riesgos, maxi-
mizados por la topografía del terreno y las
vulnerabilidades físicas, sociales y económicas
de sus habitantes. Las inundaciones provocan
daños durante época de invierno al provocar
deslizamientos e inestabilidad del terreno. La
poca absorción del suelo y la falta de alcanta-
rillado ocasionan inundaciones en las partes
más bajas, así como provocan deslizamientos
a causa del incremento del nivel de los ríos y
las quebradas. Todo ello incomunica a comu-
nidades, anega sus accesos y es causa de
pérdida del patrimonio. Entre otros riesgos, se
cuentan la contaminación de afluentes (aguas
negras y residuales) y acumulación de dese-
chos sólidos.
La zona Montreal muestra riesgos sociales
importantes, como la falta de seguridad, la
violencia provocadas por la presencia de
pandillas y la delincuencia común, la violencia
intrafamiliar, la desigualdad en el trabajo
doméstico, el bajo nivel de educación sexual y
reproductiva, lo que más aqueja a las mujeres.
En general, uno de los principales riesgos de
los territorios en exclusión lo constituyen la
falta de cobertura de servicios básicos (desde
la infraestructura, hasta acceso a cobertura de
salud y administración de justicia), así como
la poca visibilidad de las necesidades de aten-
ción y desarrollo integral de las personas.
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Figura 2. Vista aérea de la zona Montreal
Fuente: Google Maps (4 de agosto de 2016). [Foto satelital]. https://www.google.com.
sv/maps/place/Calle+Montreal,+San+Salvador/@13.7398966,-89.187517,1157m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f633a13a669983d:0x3e42dd4ef7b2cf8d!8m2!3d13.7430139!4d-89.1870761
3.1. Intervenciones del agente de
desarrollo: Plan de Rehabilitación en
la comunidad Las Palmas y Programa
de Mejoramiento de Barrios (PMB) en
la zona Montreal
El Plan de Rehabilitación de la comu-
nidad Las Palmas (1997-2001) tuvo como
marco el acercamiento de la Junta Directiva
de la comunidad Las Palmas debido al éxito
obtenido en el proyecto de recuperación
del hábitat realizado por FUNDASAL en
la comunidad Tutunichapa, San Salvador.
Aunque el contacto inicia en 1986, antes
del terremoto de octubre, la intervención
se adelanta producto de la demanda de
reconstrucción requerida a raíz de los daños
del sismo (Martínez Ortega, 2016, p. 87). El
acompañamiento requirió la activación de
la personería jurídica de la Junta Directiva y
el proceso de legalización del terreno. Para
1991, FUNDASAL presenta al Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) un perfil de la
comunidad y el proyecto acompañado de
una descripción técnica y científica de las
condiciones del asentamiento. Ese mismo
año también se realizó un proceso de diseño
participativo (que incluyó a los líderes
comunitarios).
En un principio, el proyecto se pensó
como una renovación completa, lo que
implicaba demoler y construir, luego de un
proceso de investigación profunda y de diseño
participativo. Pronto llegaron a comprender
que lo que los habitantes demandaban era
la reconstrucción y el mejoramiento del
patrimonio construido. Esto daría paso a una
intervención social y técnica de innovación
social. El proyecto se realizó con la participa-
ción de la comunidad, FUNDASAL, actores
gubernamentales, solidaridad internacional y
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la academia. Fue un programa ambicioso que
no solo tomó en cuenta los objetivos mate-
riales referentes a la construcción de vivienda
y dotación de servicios, sino que le apostó
la construcción del capital social (Martínez
Ortega, 2016).
Se implementaron cuatro modalidades
de trabajo: obras por contrato, administra-
ción directa, ayuda mutua y esfuerzo propio.
Contempló tanto la rehabilitación de la
vivienda existente y condiciones de mejora,
y la renovación de viviendas que se encon-
traban en condiciones máximas de vulnera-
bilidad y riesgo (FUNDASAL, 2016, p. 11).
El proyecto finalizó en el año de 2001, cubrió
a 1200 familias y a 6936 personas, y “sentó
un precedente nacional en el tratamiento del
hábitat a través de la organización comunitaria
y una intervención progresiva y participativa”
(FUNDASAL, 2016, p. 9).
El Programa de Mejoramiento de Barrios
(PMB), de FUNDASAL, inicia con el levanta-
miento de la línea base para los municipios
de Soyapango, Mejicanos y San Salvador.
Incluyó un estudio de la estructura física,
socioeconómica y el grado de organización
social de las comunidades. Todo desde el
enfoque desde la incidencia integral sobre la
problemática de la exclusión urbana. Algunos
de los procesos estratégicos que posibilitaron
el desarrollo de este programa son: el diagnós-
tico de precariedad habitacional urbana (32
ciudades en El Salvador), realizado junto al
PNUD; la selección de zonas de intervención
a escala regional y municipal; la selección de
barrios a intervenir con apoyo de la municipa-
lidad; y los diagnósticos, convenios y prioriza-
ción de necesidades para la gestión de fondos
(FUNDASAL, 2015, p. 90).
El programa ha sido desarrollado como
un modelo de cooperación interinstitu-
cional. FUNDASAL y KfW convinieron un
acuerdo firmado entre varias instituciones
gubernamentales antes de comenzar un
proyecto, por lo que hubo una participación
de los gobiernos central y municipal, así
como algunas autónomas. Con un enfoque
sistémico, la intervención sobre el territorio
incluyó: aspectos de legalización y propiedad,
construcción de vivienda digna, acceso a
servicios básicos con el componente del desa-
rrollo humano, donde las comunidades son
fortalecidas en sus capacidades de organiza-
ción para la demanda de sus derechos y la
mejora de su calidad de vida. Este programa
mantiene un enfoque integral y participativo
(FUNDASAL-KfW, 2012).
El objetivo que persigue el programa es el
de “lograr la integración de las comunidades
pobres a la ciudad” así como la “producción
social del hábitat”. Un programa que busca
resultados (que detallan los principios orien-
tadores), como también el lograr incidir en la
construcción de políticas públicas a partir de
la sistematización y socialización de su expe-
riencia (FUNDASAL, 2016, p. 15). Tiene un
enfoque humanístico, integral y participativo;
está enfocado en la equidad, la GRD físicos y
sociales, la atención a los grupos vulnerables,
el respeto a la infraestructura preexistente,
la permanencia del grupo en su territorio,
la participación comunitaria en la construc-
ción del hábitat, la ayuda mutua, la coope-
ración interinstitucional y la sostenibilidad
(FUNDASAL, 2016, p. 15).
3.2 Propuesta de índice de resiliencia
comunitaria (IRC)
3.2.1. Influencias conceptuales
Con la idea de que la comunidad es esta
unidad de medición de resiliencia urbana de
interés para el manejo de la vulnerabilidad
y el riesgo, se propone un instrumento que
ayude a los gestores de desarrollo en el terri-
torio y a las mismas comunidades organizadas
en la monitorización periódica para el trabajo
y el fortalecimiento de un capital humano. Es
decir, una herramienta para la interpretación
de la realidad contextual y sus desafíos para
poner al servicio de la comunidad misma,
los recursos y sistemas de acompañamiento
disponibles que permitan una vida con
dignidad y oportunidades.
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El índice de resiliencia comunitaria (IRC)
es el resultado de una confluencia entre
actores y campos diversos que contemplan la
construcción individual del término resiliencia,
la perspectiva de esta desde de la sicología
comunitaria, la experiencia de grupos multi-
sectoriales, la visión académica, la coopera-
ción solidaria y la ayuda humanitaria. Todos
unidos por el fortalecimiento de capacidades
sociales. De imperativo conocimiento, se hizo
una revisión de lo resumido acá para la cons-
trucción de la herramienta.
Desde el enfoque de la salud mental, se
destaca la medición de la construcción de
resiliencia psicológica: el estudio de cómo
los seres humanos en su individualidad
son capaces de responder a la adversidad
sin que esta logre deshabilitarlos en sus
funciones sociales fundamentales. Es decir,
la habilidad de los seres humanos para cons-
truirse personal y socialmente. Retomando
el modelo de Carol Ryff (citado en Vázquez,
2008) para la medición de la salud mental, se
retoman aspectos como: control ambiental,
crecimiento personal, propósito en la vida,
autonomía, autoaceptación y relaciones
positivas con otros. En cuanto al campo de
la psicología comunitaria, el fortalecimiento
de las capacidades humanas (mejor que
empowerment) es indispensable para que los
grupos puedan llegar a superar sus condi-
ciones de vida e inequidades sociales. Aquí
destacan: formas de participación, decisión
y acción a cargo de la comunidad, control y
poder en la comunidad, desarrollo del poder
político y del sentido de eficacia política en
las comunidades y de las personas interesadas
en producir cambios dentro de ellas (gestores
o agentes externos), problematización, desi-
deologización, concientización, entre otras
(Montero, 2009, p. 617).
La existencia de iniciativas precedentes
de medición hizo posible una revisión de
casos de interés como el del modelo de la
Community Resilience in Queensland (2012),
iniciativa multisectorial que busca fortalecer
capacidades y es modelo para la creación de
políticas públicas, pues evalúa la resiliencia en
seis dominios: salud e inclusión, economías
locales, construcción sostenible y ambiente,
riqueza cultural, comunidades democráticas
y demografía. Desde el ámbito académico,
se consultó el trabajo de la Universidad de
Northwestern, específicamente el del Asset-
Based Community Institute (1993) donde
se establecen los enfoques para la recons-
trucción de la vida y las comunidades: el
contraste entre el enfoque tradicional guiado
por la necesidad y el camino alternativo del
desarrollo basado en capacidades. Con las
necesidades recolectadas y las capacidades
instaladas, ellos reconstruyeron un “mapa de
capacidades” (1996) para regenerar la comu-
nidad a nivel individual y organizativo, para
pasar al registro y la administración de los
bienes comunitarios para la construcción de
un potencial externo a la comunidad misma.
Como proceso, la resiliencia descrita por el
Institute of Development Studies (IDS) y el
Centre for Social Protection (CSP) del Reino
Unido sigue en la línea de las capacidades
humanas tomando en cuenta: las capacidades
de absorción (minimizar shock y tensiones
para minimizar impactos negativos de carácter
permanente); las capacidades de adaptación
(toma de decisiones proactivas e informadas
bajo el entendimiento de las condiciones
cambiantes) y la capacidad de transforma-
ción o persistencia (involucra mecanismos de
gobernanza, políticas, regulaciones, infraes-
tructura social y redes comunitarias de cambio
sistémico) (Béné et al., 2012).
De entre los modelos examinados, está
el de la cooperación solidaria, quienes
establecen la relación de cinco variables de
estudio para la construcción de la resiliencia
comunitaria: contexto (político, demográfico,
de infraestructura, socioeconómico, ambiental
e histórico); perturbación (peligros naturales,
conflicto, inundaciones, escasez de alimentos,
incremento de los combustibles); capaci-
dades comunitarias para la acción colectiva
(recursos comunitarios, dimensiones comu-
nitarias sociales, áreas de acción colectiva);
reacción a la perturbación (sobrevivencia,
enfrentamiento, recuperación, aprendizaje
y transformación); y resultados para los
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medios de subsistencia (seguridad económica,
seguridad alimentaria, seguridad ambiental)
(Frankenberger et al., 2013, p. 9). En el
mismo estudio, toma relevancia el concepto
de la construcción del capital social: de unión
(es horizontal entre individuos de la misma
condición o comunidad); de puente (capital
con comunidades o agentes externos) y de
enlace (que son conexiones con y a través de
las jerarquías).
Para Kulig et al. (2013), la resiliencia social
es la habilidad de hacer frente y recuperarse
de la tensión del medioambiente o la disrup-
ción social, económica o política a través de la
coexistencia de dos mundos: uno intracomuni-
tario y otro extracomunitario; en esta unidad
colectiva, median interacciones cambiantes al
verse afectados por influencias, ideas externas,
factores económicos, salud y otros. La
ayuda humanitaria, la Cruz Roja y la Media
Luna Roja han logrado identificar múltiples
factores agrupados en tres categorías para
la construcción de la resiliencia comunitaria:
conocimientos de las necesidades básicas, los
recursos con los que se cuenta y el acceso a
recursos externos (IFRC, 2011).
3.2.2. Índice de resiliencia comunitaria
(IRC)
El estudio y contraste de los conceptos
anteriores, así como el estudio de las interven-
ciones de gestor de desarrollo FUNDASAL en
ambas comunidades, el análisis de la informa-
ción disponible por proyecto, las entrevistas a
actores y la lectura del marco legal vigente (no
incluido en este estudio) dieron espacio para
el desarrollo y la construcción de un índice
que evidenciara la presencia de elementos
integrados que contribuyeran al alcance de
la resiliencia comunitaria. Un índice enfocado
en el hallazgo más evidente de la literatura
(la construcción del capital social) resaltará
una serie de indicadores blandos (aquellos
cuya medición se inclina hacia la presencia y
calidad, y no la cantidad), que son de suma
importancia en las intervenciones guiadas
por el desarrollo territorial para una eficiente
GDR.
Este IRC —como herramienta— no
pretende ser un modelo de aplicación
universal porque los conceptos de resiliencia
comunitaria (aún) son variados y mutables;
también porque los indicadores de medición
se consideran medios flexibles y adaptables a
los intereses de estudio de distintos investiga-
dores. La fortaleza del instrumento se basa en
su enfoque en la construcción de resiliencia
comunitaria que, generalmente, queda fuera
del registro tradicional de impactos en los
proyectos de intervención para el desarrollo.
La herramienta posee tres categorías de
análisis: (a) organización social, (b) cons-
trucción de resiliencia comunitaria y (c)
autonomía para la gestión de proyectos de
desarrollo. Repartidas entre ellas, están 24
dimensiones de abordaje y 94 indicadores
de medición que fueron recolectados en tres
unidades de análisis: las transcripciones de
los grupos focales realizados con cada una de
las comunidades y el ejecutado con el equipo
profesional de FUNDASAL. En menor escala,
información adicional fue proporcionada
por documentos brindados por las Alcaldías
de San Salvador y Mejicanos. Categorías,
dimensiones e indicadores son los siguientes
(ver tabla 1):
Tabla 1. IRC: categorías y dimensiones de análisis
Organización social
Construcción de resiliencia
comunitaria
Autonomía para la gestión de
proyectos de desarrollo
Organización social Motivaciones de la ocupación/
desplazamiento
Propiedad
Gestión comunitaria Control espacial Vivienda digna
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Equidad de género Desarrollo personal Gestión de servicios básicos
Capital social de unión Autocontrol Economía
Capital social de puente Vínculos sociales Participación política y ciudadana
Capital social de enlace Arraigo Inclusión social
Educación e instrucción
Continuidad/sostenibilidad social
Representación social
Riqueza cultural y construcción
ciudadana
Medio ambiente, infraestructura y
salud
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
3 SegúnGaitán&Piñuel(1998),enelanálisisdecontenido,estarevelarásusignicadoenlaconstrucciónde
una nueva interpretación, la cual conducirá a un nuevo conocimiento de la situación estudiada. En ella, “el
contenido no se encuentra localizado dentro del texto como tal, sino fuera de él, en un plano distinto, que
deneyrevelasusentido”(Navarro&Días,citadoenFlores,2009,p.273).
En la recolección de datos, fueron
empleadas las tres categorías de análisis y
sus 24 dimensiones. Sin embargo, no todos
los indicadores fueron utilizados, pues unos
no aplicaban en su totalidad al tipo de inter-
venciones o no se tuvo acceso a otro tipo
de documentación con los grupos de interés
mediante los instrumentos empleados para
su captura.
La construcción de realidades
Una vez analizadas las intervenciones reali-
zadas por el gestor de desarrollo, FUNDASAL,
y con el índice de resiliencia construido,
fueron coordinadas una serie de sesiones de
grupos focales con líderes comunitarios en los
dos APU, así como con los agentes técnicos
involucrados en ambos proyectos. Los grupos
focales comunitarios proporcionaron una serie
importante de información que fue analizada
bajo el método de análisis de contenido
3
. La
información obtenida se explica por categoría
de análisis (organización social, construc-
ción de resiliencia comunitaria y autonomía
para la gestión de proyectos de desarrollo),
y sirvió para construir bajo la modalidad
de “cocreación”, un concepto propio de
resiliencia comunitaria. El contraste de la
lectura de testimoniales, su interpretación y
el análisis estructural de modelos incluidos en
este artículo fueron la base para la creación
de una estrategia para la gestión de riesgos y
un enfoque modélico (a nivel de propuesta,
producto de este estudio) para el fortaleci-
miento de capacidades humanas orientadas
al desarrollo de los territorios.
Siendo este estudio muy extenso, en esta
sección se han transcrito algunos extractos de
la participación de los actores ubicados por
categoría de análisis y contrastados con bases
teóricas relacionadas (ver tablas 2, 3 y 4).
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Tabla 2. Matriz de sistematización de información y síntesis de los casos de estudio.
Categoría 1: Organización social
Análisis exploratorio (teoría
base)
Análisis confirmatorio (registro
de información obtenida)
Interpretación (lectura
a nivel hipertexto)
Conceptos/
autores
Dimensión
Comunidad
Las Palmas
Zona Montreal
La organización
comunitaria
atiende a las
normas que rigen
a instituciones
intangibles a nivel
de la comunidad
como el parentes-
co o el matrimonio
(…), hasta las
organizaciones
que operan a nivel
de la comunidad y
que son controla-
das por sus miem-
bros (Baas et al.,
2009, p. 62). Son
sistemas clarame-
ne identificables
en el territorio y
poseen objetivos
definidos. Pueden
no tener formali-
dad legal, pero sí
ser reconocidas
territorialmente.
La organiza-
ción social
corresponde al
nivel de organi-
zación alcanzado
por la comuni-
dad, pudiendo
esta nombrar
representantes
por medio de
mecanismos
democráticos de
elección y dar
cumplimiento a
los protocolos
disponibles para
su registro ante
las autoridades
competentes.
“Sí, eso, más que
todo, la Junta
Directiva es la
que ha trabajado
para solicitar eso
(…)”.
“No más me di
cuenta de que se
unieron varias
personas para
que les pusieran
el agua, aunque
sea un chorrito,
no les pidieron
cosas ni nada”.
Ambas comunidades
refieren durante toda
la entrevista grupal la
existencia de varios tipos
de organización social:
algunas veces de facto,
otras tantas ya de forma
legitimada a través de
Juntas Directivas o comi-
tés de representación de
sectores. Como sistemas
integrados, son identifica-
dos por los miembros y se
constituyen en deposi-
tarios de necesidades y
demandas; son ellos los
que traducen a objetivos
estas mismas.
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La organización
comunitaria
es un medio
para acceder a
condiciones de
equipamiento
social. Surge
como un medio
para alcanzar
objetivos y no es
un fin en sí misma,
por lo que no ha
tendido a conso-
lidarse, al menos
para el caso de El
Salvador (FUN-
DASAL-PNUD,
2009, p. 71).
La gestión
comunitaria
evalúa cómo
los grupos
elegidos como
representantes
de la comunidad
mantienen con
esta una relación
transparente
y fluida en la
comunicación de
decisiones estra-
tégicas. Constitu-
ye la percepción
comunitaria
de estar bien
representados y
que sus intereses
colectivos estén
siendo tomados
en cuenta.
“Pero, en rea-
lidad, los que
andaban gestio-
nando los movi-
mientos para que
hicieran el muro
y otras cositas, es
el presidente de
la Junta Directi-
va, el que podría
tener mejor
información…”.
“(…) fíjese que el
sábado tuvimos
una reunión con
la intercomunal y
aquí la directi-
va, y entonces
planeamos hacer
una reunión
general de todas
las comunidades.
Entonces, queda-
ron en programa
que esa asam-
blea se llevará
a cabo ahí en el
parque, entonces
vamos a invitar
al alcalde para
ese día…”.
Las comunidades se
apoyan en las Juntas
Directivas al momento de
gestionar. Otros grupos,
más organizados, mues-
tran su coordinación entre
pares en la organización
de eventos con mayor
nivel de participación e,
inclusive, invitan a par-
ticipar a las autoridades
locales.
La Declaración
Universal de los
Derechos Huma-
nos, Art. 22, prevé
que toda persona
como miembro
de la sociedad
tiene derecho a la
seguridad social
y a la satisfacción
de los derechos
económicos, socia-
les y culturales,
indispensables a
su dignidad y al
libre desarrollo de
su personalidad.
La equidad de
género pone
de manifiesto
el derecho de
las mujeres a
hacerse escuchar
y participar en la
toma de decisio-
nes comunitarias.
“(…) bueno, por
el momento hace
como un mes he
dejado de tra-
bajar… porque
a mi esposo lo
tengo enfermo…
así es…”.
“Por ejemplo,
cuando nosotros
salimos a reu-
nión, ¿qué nos
dicen? Que no
tenemos trabajo,
que no tenemos
trabajo, ¿a qué
vamos?”.
Las marcadas condiciones
de inequidad de género
limitan el nivel de partici-
pación de las mujeres en
actividades comunitarias.
Generalmente, estas
mujeres deben obtener
la aprobación directa o
tácita de sus parejas o
núcleos familiares para
poder ejercer sus derechos
cívicos y sociales, no sin
antes cumplir con sus
obligaciones familiares de
cuido y atención. Por en-
cima de estas limitantes,
es relevante la presencia
mayoritaria de mujeres en
las reuniones, comités y
grupos organizados para
la gestión social. Esto
implica que su participa-
ción podría ser mayor de
superarse la brecha entre
géneros.
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El capital social
de unión es un
capital de lazos
horizontales entre
los individuos que
son muy similares
y viven en cierto
grado de proxi-
midad, tienen
un gran sentido
de pertenencia y
pueden ser hostiles
con los no miem-
bros. Tiene su
expresión a través
de conexiones en
la red comunitaria
(Frankenberger et
al., 2013)
El capital
social de
unión refleja
la cohesión y la
consolidación
comunitaria
para el reclamo
de derechos
fundamentales
como el derecho
a vivienda digna
y al equipamien-
to urbano. Es el
sentido de per-
tenencia al sitio
desarrollado por
la comunidad y
las habilidades
que tiene para
defender lo que
consideran su
patrimonio.
“(…) fíjese de
que… este…
cuando la
directiva tiende
de hacer algo,
esteee… en
muchas ocasio-
nes convoca…
pero lastimo-
samente… por
ejemplo, aquí
fueron muchas
las personas que
se convocaron
para estar acá
y solamente…
bueno, a ellos,
ellos siempre han
apoyado. Cual-
quier actividad
que se da, ellos
apoyan y… y…
las demás perso-
nas, así sucesiva-
mente no”.
“También
digamos si nos
queremos ver
así y ver esta
cuestión tenemos
que involucrar-
nos todos, pues
de eso depende,
pues, también
que, si queremos
ver desarrollo,
aquí a tener
esa voluntad
de seguir, pues,
porque estos
esfuerzos no son
de que ahora
vino y mañana
va a estar aquí,
no, es un proceso
largo a seguir
(…) porque hay
muchas personas
que ven, quieren
la mejoría, ¡pero
no se involucran!
Y si no se invo-
lucran, esto no
camina, entonces
esto depende de
la voluntad y de
seguir adelante
(…)”.
Los participantes de am-
bas comunidades reflejan
dualidad en la percepción
del trabajo comunitario:
muchos dentro de las
comunidades apreciarán
los beneficios de las obras
realizadas; sin embargo,
sigue predominando la
falta de involucramiento,
la falta de perseverancia y
el apoyo en los procesos
de gestión, que suelen ser
largos y complejos.
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
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Tabla 3. Matriz de sistematización de información y síntesis de los casos de estudio.
Categoría 2: Construcción de resiliencia comunitaria
Análisis exploratorio (teoría base)
Análisis confirmatorio (registro
de información obtenida)
Interpretación (lectura
a nivel hipertexto)
Conceptos/
autores
Dimensión
Comunidad
Las Palmas
Zona Montreal
Recursos de
una comunidad
resiliente
- Recursos físicos:
vivienda, facilida-
des públicas, trans-
porte e infraestruc-
tura, reservas para
emergencias.
- Recursos eco-
nómicos: recursos
de sustentación,
empleo e ingresos,
ahorros y fondos
de contingencia,
inversión, seguros,
negocio e industria.
- Recursos ambien-
tales: propiedad de
recursos naturales
(tierra) (IFRC,
2011, p. 49).
Motivaciones
de la
ocupación/del
desplazamiento
(causa exógena)
Pone en
relevancia
cuáles fueron
las motivaciones
de la ocupación
del terreno o el
desplazamiento
hacia el
mismo; permite
documentar
vulnerabilidades
a las que los
pobladores han
estado expuestos.
Asimismo,
permite
conocer si los
habitantes optan
por enfrentar
algunos riesgos y
vulnerabilidades
por encima
de otros al
seleccionar
nuevos territorios.
“(…) en nuestro
caso… porque lo
que teníamos no
era propio…”.
“Aquí nací…”.
“(…) con mi
muchacho nos
venimos para
acá, aquí todo
empedrado”.
“Por estudios”.
Los habitantes en sus dis-
tintas respuestas remiten
que se desplazan desde
otros puntos de San
Salvador o del país por
distintas causas, como
la búsqueda de un lugar
propio, por desalojos;
mientras que otros mani-
fiestan haber nacido en
la comunidad. Entre los
entrevistados en Las Pal-
mas, hay quienes llevan
viviendo la zona de 31 a
36 años; mientras que en
la zona Montreal se habla
de un máximo de 51 y
un mínimo de 7 años de
residencia. Los entrevista-
dos en la Montreal suman
un promedio de 39.6
años de habitar la zona,
lo que pone de manifies-
to muy poca movilidad
espacial manifestada en
dos generaciones: adultos
mayores y adultos. La
propiedad del lote es el
factor de arraigo funda-
mental, mientras que en
Las Palmas no existió, por
mucho, esa garantía.
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(…) en escala
urbana, a nivel co-
munitario, se man-
tiene la creencia de
que la resiliencia
depende mayori-
tariamente de ac-
ciones y soluciones
locales dentro de
una microescala
(Lizarralde et al.,
2014).
Control es-
pacial (causa
endógena)
Se enfoca en la
capacidad de los
habitantes de
reconocer, utilizar
y transitar libre-
mente sobre el
territorio; sentirse
propio o extraño
dentro del mismo.
“(…) que la
gente 8-9 de la
noche ya cada
quien está en
su casa y no
sale por temor,
y yo creo que
eso es algo que
afecta bastante,
no solamente
a las personas,
sino que a los
jóvenes…”.
“(…) el pro-
blema es que a
ellos se les difi-
culta poder venir
a visitar aquí a la
familia, así como
ella. Yo tengo
familia de allá,
de Soyapango y
de otros lugares;
ellos quisieran
venir acá, pero
no pueden por
problemas que
se dan en las
colonias por los
grupos, ¿ver-
dad? Pero si uno
quisiera hacer lo
mismo que ellos
quisieran hacer,
en ese caso, ya
no serían ellos
los que serían,
sino ya nosotros;
como quien dice
‘no hay la liber-
tad de poderse
mover a otra
colonia, porque
lo mismo que
pasa aquí, lo
mismo que está
sucediendo en
otro lugar’”.
“Es como antes,
que los venían a
dejar casi hasta
sus casas…”.
“Sea que los
dejan hasta aquí
por la policía,
y de ahí uno
tiene que irlos a
encontrar…”.
“Pero ya no ba-
jan, porque les
da miedo…”.
“(...) porque
esa pasada es
bien peligro-
sa. Porque yo
antes, cuando
me tocaba pasar
por la vereda,
iba a pasar allá,
no sentíamos
miedo y pasába-
mos a veces
hasta las 11 de
la noche… pero
ahora, no sé si
bajará, a pie ha
de bajar… aho-
ra los que traba-
jan allá, por otro
lado, se han de
ir por atrás…”
[ZM:550]
Las conversaciones son
evidencia de por lo me-
nos tres casos en que sus
habitantes ven coartada
su movilidad espacial; en
todas ellas está presente
el clima de violencia
social que les rodea. Ma-
nifiestan una construcción
del antes y el después del
aparecimiento de grupos
delictivos, quienes predo-
minantemente operan en
horas de la noche. Estos
grupos ponen en riesgo la
integridad física y psicoló-
gica de aquellos que, para
trabajar, salen y regresan
en periodo de nocturni-
dad a sus comunidades,
como consecuencia de
jornadas extenuantes de
trabajo. Un precario siste-
ma de transporte urbano
y la lejanía de las fuentes
de empleo acrecientan
este riesgo.
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Art.1.- El Salva-
dor reconoce a la
persona humana
como el origen y el
fin de la actividad
del Estado. (…)
es obligación de
éste el garantizar el
goce de la libertad,
la salud, la cultura,
el bienestar econó-
mico y la justicia
social (Asamblea
Legislativa, 1983).
Educación e
instrucción
Registra el acceso
a la enseñanza
formal o informal
para la construc-
ción de capacida-
des humanas. Re-
gistra los niveles
de educación o
instrucción reci-
bidos o a los que
han tenido acceso
los miembros la
comunidad.
“No, hoy se
llama ‘Escuela
República de
Canadá’. Va de
primero a nove-
no grado, pero
ya va sobre dos
años que tiene
también… han
puesto lo que es
el bachillerato”.
“En mi caso,
cuando yo estu-
diaba bachillera-
to, sí siempre me
movilizaba”.
“No, no… en
aquel tiem-
po, cuando
no existía ese
proyecto… no,
están lejos los
institutos”.
“Fíjese que ha
habido, pero
ahorita ya tienen
días que no han
venido a esta-
blecer talleres,
pero sí ya los ha
habido acá”.
“Escuela, hasta
noveno grado.
(…) dos escue-
las públicas y
ya, de ahí está
un colegio”.
“Lo que nos
llegó a nosotros
de educación
flexible, hasta
24 años. Si que-
remos nivelar a
alguien, verdad,
a nivel acadé-
mico, si pasó de
24, no”.
“FADEMYPE,
por ejemplo,
también tiene
capacitadores
por ahí también,
los capaci-
ta para que
puedan ingresar
a un proyecto,
también de par-
te de ellos”.
La comunidad Las
Palmas muestra fortaleza
al contar con su propio
centro educativo que
sirve hasta bachillerato,
así como con la factibili-
dad de poder movilizarse
a otros centros de la zona,
tanto privados como pú-
blicos, porque su enclave
es estratégico y dinámico.
La Montreal se encuentra
en desventaja, pues posee
un centro educativo que
va hasta noveno grado.
Tiene un sistema de trans-
porte ineficiente y una
topografía difícil, lo que
obliga a los jóvenes y a
sus padres a una mayor
movilización, lo que gene-
ra costos, desde pasaje y
hasta acoso por parte de
pandillas.
En la Montreal, algunos
adultos manifiestan haber
sido excluidos de otros
programas, como el de
Educación Flexible; sin
embargo, este programa
de MINED está abierto
—sin límite de edad— a
quienes quieran seguir
con sus planes de estudio
en bachillerato, lo que
podría ser un posible pro-
blema de desinformación.
La exclusiva sectorización
de los programas a juven-
tudes en riesgo representa
una limitante a adultos
y jefes de familia para
poder optar a programas
de formación más allá
de aquellas capacidades
básicas adquiridas en sus
años de escolaridad.
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Resiliencia co-
munitaria
La capacidad
general de una
comunidad de
absorber el cambio,
aprovechar las
oportunidades para
mejorar su nivel de
vida y para trans-
formar los sistemas
de subsistencia del
recurso natural.
Está determinada
por la capacidad
comunitaria para la
acción colectiva; de
igual manera, por
su capacidad para
resolver proble-
mas y construir
consenso para
negociar respues-
tas coordinadas
(Frankenberger et
al., 2013).
(…) este “capital
comunitario es el
motor del desa-
rrollo sostenible y
la resiliencia ante
eventos extremos”
(Callaghan & Col-
ton, 2008, citado
por Asprone, 2014,
p. 97).
Continuidad/
sostenibilidad
social
Se enfoca en la
consolidación de
la fuerza produc-
tiva. Hace uso de
las capacidades
construidas al
servicio de las
oportunidades de
empleo hacien-
do énfasis en la
capacitación de
mujeres y jóvenes
como grupos en
exclusión. Rastrea
la sostenibilidad
de los miembros
de la comunidad
a través de la
vinculación de
trabajo y educa-
ción.
“(…) tal vez,
primero Dios, se
animan a poner
un técnico”.
“Salieron unos
talleres que
capacitaban
personas de la
edad de 18 años
a 35 años…”.
“Sí, había perso-
nas que estaban
interesadas;
pero, por decirle
algo, sobre-
pasábamos la
edad…”.
“(…) jóvenes
casi no tene-
mos, los únicos
que teníamos
están presos…
Jóvenes tal vez
dos o tres… que
ahorita acaban
de crecer, tienen
como 13 años…
y otros que an-
dan ahí, pero se
han involucrado
en cosas que
no son bue-
nas. Pero nada
más…”.
“El trabajo que
ellos tienen va
más enfocado
a los jóvenes y
yo les digo que
no tienen que
enfocarse solo
en eso, sino
que tienen que
empezar de
niños aquí, que
es la realidad…
siempre les he
cuestionado eso,
que el proceso
el trabajo no
debe comen-
zar desde los
jóvenes, sino
que debe de
comenzar desde
los niños; pero
ahí ellos saben
sus rollos, pero
mi opinión es
que cualquier
institución debe
ser así, se tienen
que enfocar
a todos, pero es-
pecialmente en
los niños (...)”.
Ambas comunidades
coinciden en la limitante
para acceder a ciertos
cursos, capacitaciones
y talleres de formación,
a razón de los límites
de edad. Así como la
inconsistencia de una
educación que no es la
adecuada para optar a
una plaza de trabajo en la
industria.
Algunos habitantes de la
Montreal advierten que el
trabajo con jóvenes debe
comenzar en la infancia;
este fenómeno está posi-
blemente relacionado con
la edad de reclutamiento
de las pandillas, la cual
ha mostrado una baja
etaria en reclutamiento,
de acuerdo con fuentes
noticiosas como agencias
de cooperación interna-
cional. Educación y pre-
vención de la violencia ya
figuran como componen-
tes de planes y programas
del GOES, que siguen sin
obtener impactos claros
en los territorios.
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
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Tabla 4. Matriz de sistematización de información y síntesis de los casos de estudio.
Categoría 3: Autonomía para la gestión de proyectos de desarrollo
Análisis exploratorio (teoría base) Análisis confirmatorio (registro de
información obtenida) Interpretación (lectura a
nivel hipertexto)Conceptos/
autores
Dimensión Comunidad Las
Palmas
Zona Montreal
Objetivos de
desarrollo
sostenible.
Objetivo 11:
Ciudades y
comunidades
sostenibles
Conseguir que
las ciudades y
los asentamien-
tos humanos
sean inclusivos,
seguros, resilien-
tes y sostenibles,
garantizando
el acceso de
las personas a
servicios básicos,
adecuados,
seguros y accesi-
bles y la mejora
de los barrios
marginales
(ONU, 2016).
Propiedad
Es el estudio
de los factores
alrededor de
la elección del
terreno. Toma
en cuenta la
asequibilidad,
la habitabilidad
y el nivel de
conectividad
que tiene el em-
plazamiento de
la comunidad
con la ciudad y
sus servicios.
Con respecto a
la accesibilidad
y la selección:
“Hay alguien
que lo tiene
accesible, no a
todos (…)”.
“Hmmm….
No, fíjese que
siempre he
trabajado cerca
de aquí”.
“Siempre de
por aquí...”.
Con respecto a la
falta de servicios,
accesibilidad y
selección:
“En el año de
1965, en la calle
San Cayetano, la
calle no llegaba
hasta aquí abajo;
sino que era una
vereda porque eran
fincas, aquí había
cafetales, habían
chocolateros…
(…) entonces,
luego empezaron
a venir esteee…
empezaron a venir
entonces varias
personas que com-
praban las manza-
nas y empezaron
a lotificar (…) los
que empezaron
antes no eran
muchos, eran bien
poquitos.”
“No, porque aquí
no se cuenta
con todos esos
servicios, porque
la unidad de salud
está allá en el cen-
tro de Mejicanos,
igual la alcaldía,
este… Unidad de
salud, escuelas sí,
pública”.
Para la CLP, no se revelan
datos de la ocupación por
ser un asentamiento de
mayor cantidad de años
de ocupación y con un
crecimiento demarcado
por distintas generaciones.
El enfoque se va de forma
pragmática a la ubicación
y a la accesibilidad. La pri-
mera y la segunda respuesta
denotan una ubicación
conveniente, tanto que mu-
chos de sus habitantes no
tienen que utilizar transporte
colectivo para llegar a sus
trabajos.
En la zona Montreal, la cita
destaca falta de equipa-
miento que data desde hace
más de cincuenta años,
calles sin trazo, veredas
improvisadas y evidencia de
una lotificación atomizada
y sin planificación. Son
contundentes al decir que
aún faltan servicios o que la
cobertura es ineficiente por
dificultades topográficas o
porque estos se encuentran
concentrados en los núcleos
de los municipios.
Por estas razones, ninguno
de los dos puede considerar-
se asentamientos humanos
sostenibles, inclusivos,
seguros y resilientes.
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La garantía de
los derechos al
suelo permite
a las personas
que sean más
productivas y
prósperas. La te-
nencia (y mejor
aún, la propie-
dad) de la tierra
facilita que las
familias tengan
más ingresos y
puedan estar
protegidas ante
situaciones ad-
versas. Reduce la
injusticia social.
Ofrece seguridad
financiera, al
constituirse en
un activo para la
venta, hipoteca o
legado (UN-Ha-
bitat, 2008).
Vivienda
digna
Hace referen-
cia al acceso
a un suelo
de calidad, a
la seguridad
constructiva
de la vivienda,
mitigación de
riesgos, vialidad
y accesibilidad.
La vivien-
da digna es
garante de los
derechos de los
seres humanos
sin importar su
clase o condi-
ción social. La
violación de
este derecho,
según las Na-
ciones Unidas,
violentará
otros derechos,
como el de la
integridad física
y mental, a una
sana socializa-
ción, el derecho
al trabajo, a
la seguridad,
entre otros. Por
esta intrincada
vinculación de
derechos, se
constituye como
un “derecho
compuesto”
(PNUD-UN-Há-
bitat, 2004).
“(…) todo el
tiempo yo he
vivido en orillas
del río… en El
Limón, ahí me
tocó, y gracias
a Dios aquí es-
toy. Fue un día
horrible…”.
“Yo les digo a
orillas del río…
y en eso se
estaba comien-
do mi casa por
dentro, los que
vinieron a ha-
cer el muro…
‘Hermana —
me dijeron—,
se le ha abierto
el paredón para
adentro’. Y sí,
eso, todo eso es
zona de riesgo,
entonces…
también un
pedazo así…
ahí es donde
tiene malla,
donde se ha
caído la malla,
donde no hay
malla. Todo eso
se cayó”.
“En el año en
que yo me vine a
vivir aquí no había
transporte, a pie
nos íbamos a com-
prar al mercado”.
“Usted ve que es
igual, las veredas
son lo mismo,
entonces lo típico
de los terrenos
es lo que está
ahí desnivelado;
gracias a Dios,
y con el trabajo
que tuvimos en la
zona, aquí donde
estamos, pues,
gracias a Dios, ya
no padecemos ahí
mucho de eso…
pero muchos de
aquí abajo sí…”.
Una vivienda digna solo
puede existir dadas tres
condicionantes: en un suelo
digno (inocuo y seguro, libre
de riesgos), estar edifi-
cada con materiales que
no pongan en peligro la
integridad humana y tener
equipamiento, como acceso
a servicios básicos.
Las amenazas naturales en
estos asentamientos aún
persisten. Esto demuestra
que la resiliencia solo puede
alcanzarse por una deter-
minada cantidad de tiempo
como una consecuencia de
la confluencia de variables.
En Las Palmas, la obra eje-
cutada fue idónea para un
período en el que las condi-
ciones parecían las mismas.
Impactos ambientales no
previstos, producto del de-
sarrollo de otras zonas y el
cambio climático hacen del
río una constante de riesgo
en la historia de Las Palmas,
en donde parte de la obra
de protección ya cedió (se
encuentra en reparación).
En la Montreal, las lotifica-
ciones con falta de conec-
tividad y una topografía
escarpada colectan una serie
de riesgos para sus habitan-
tes, ubicándolos también
lejos de una vivienda digna
como garante de sus dere-
chos, aun estando dentro de
la ciudad.
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Compromisos
de Hábitat III,
34 y 36
En el numeral
34, establece
el compromiso
del acceso a la
infraestructura
física y social sin
lugar a discrimi-
nación, en par-
ticular, teniendo
en cuenta las
necesidades
de las mujeres,
niños, jóvenes y
adultos mayores,
personas con
discapacidad,
migrantes, pue-
blos indígenas
y comunidades
locales, animan-
do a la elimina-
ción de barreras
de distinto tipo.
Y en el numeral
36, se propone
facilitar el acceso
a personas con
discapacidad al
ambiente físico
de las ciudades,
sistemas de
salud, transpor-
te, vivienda,
sistemas de
comunicación
y tecnológicos,
tanto en las
áreas urbanas
como rurales
(ONU, 2016).
Inclusión
social
Pone de rele-
vancia cómo los
miembros más
vulnerables de
la comunidad
(adultos mayo-
res y personas
con discapa-
cidad) reciben
cobertura social
y participan de
las decisiones
comunitarias.
“Yo conozco
el caso que
un señor hace
poco quedó en
silla de ruedas,
la familia lo ha
desahuciado,
por decirlo así
(…). Fíjese de
que la perso-
na de la que
yo le hablo,
cuando yo oí
el comentario
de él, ha tenido
problemas en
su traslado,
porque va a su
terapia al ISRI”.
“No, sí lo tiene,
yo estuve varios
días allí ingre-
sado, pero hay
que cumplir
ciertos requi-
sitos para que
la institución le
ofrezca este ser-
vicio. Yo estuve
seis meses allá
y me tocó, a mi
familia le tocó
el traslado, pa-
gar el transpor-
te ida y vuelta
porque no
cumplía todos
los requisitos
que ellos solici-
tan como para
hacer esto”.
“Sí, es mi vecina,
ella, tiene años
que… hoy sí ya
no se mueve, ya
no, antes ella,
aunque sea en un
cumbo hacía su
necesidad, tenía
una andadera en
la que se levantaba
y ella iba, pero
ahora si ya no, ya
no puede, ahora
hay que cambiarla
en la cama, y a
veces la hallo ya
bien sucia y tengo
que cambiar todita
la ropa de cama;
entonces le digo
a mi hija: ‘Ahora
ya se le terminó
el jabón, le voy a
llevar otra bolita de
jabón’. Entonces
yo, y a veces mi
hija, ya me estaba
regañando y yo le
digo: ‘¿Y cuando
yo envejezca?’, y
entonces ella me
dice: ‘Mamá, vos
nos tenés a noso-
tros’. Pues ahorita
que estoy buena le
digo: ‘Yo, sí…’”.
Ambas comunidades dan a
conocer relatos muy puntua-
les de abandono y supe-
ración. Aunque no se da
con frecuencia, un destino
común para el adulto mayor
sigue siendo el abandono.
Las personas que han per-
dido su movilidad y algunas
veces aquellos que sufren de
discapacidades mentales y
sensoriales son mantenidas
en condiciones de amplio
deterioro, sin asistencia
directa ni especializada,
siendo esta una materia
pendiente en el trabajo de
cobertura social a pobla-
ciones específicas por parte
del GOES y los gobiernos
locales. Es aún la capacidad
empática de la sociedad
la que les asiste desde su
conocimiento empírico. Los
programas de atención para
discapacidades y adulto
mayor son pocos y de muy
baja cobertura. El esfuerzo
está focalizado en la niñez y
la juventud.
Los costos para las familias
de los miembros dentro de
estos grupos son tales que
suman a sus condiciones de
vulnerabilidad.
Sin embargo, algunos pro-
gramas y mesas sectorizadas
contemplan la participación
de aquellos adultos que
mantienen vigor, autono-
mía y vocación de servicio,
como el caso de la partici-
pante de la Montreal, quien,
orgullosa, aporta —desde
la suma de sus saberes de
vida— un conocimiento
que, en su mayoría, está
desaprovechando el resto de
generaciones en la sociedad
civil.
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Convención de
Derechos de
las Personas
con Discapa-
cidad, Art. 19
(a) “Las perso-
nas con discapa-
cidad tengan la
oportunidad de
elegir su lugar
de residencia
y dónde y con
quién vivir, en
igualdad de con-
diciones con las
demás, y no se
vean obligadas a
vivir con arreglo
a un sistema de
vida específico”
(ACNUDH,
1996-2016).
“Gracias a
Dios, yo he
trabajado fuera
y he trabajado
acá. Ya van
va dos oca-
siones que he
trabajado aquí
en la comuni-
dad y en otras
ocasiones he
trabajado aquí
en la Feria
Internacional,
en CIFCO
(Hospital El
Salvador desde
2021)”.
“Gracias, nos han
gustado también
las preguntas… Es-
tar expresándonos
también es donde
más apriende uno
(…) es lo que le
puedo decir ya de
adulto mayor”.
“Sí, entonces dijo
la enfermera que…
los había hecho
una invitación que
nos representaran
tres personas de
acá, del adulto
mayor”.
“Es que como a
mí nos reunió del
adulto mayor, nos
reúne la Unidad de
Salud (...)”.
Condiciones de olvido y
maltrato coexisten con la
experiencia de otros adultos
mayores activos en sus com-
promisos sociales y quienes
se muestran más permea-
bles y se convierten en
embajadores al momento de
promocionar proyectos de
desarrollo, una oportunidad
no siempre aprovechada.
El caso del hombre con
discapacidad motriz de Las
Palmas es una excepciona-
lidad, pues su desempeño
laboral en otros lugares
puede estar asociado a su
nivel de escolaridad a nivel
de título universitario.
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
3.3. Vocativos de resiliencia: encuentro
con los saberes en dos comunidades
urbanas
Aunque el IRC fue creado en el estudio de
las comunidades mencionadas, no se realizó
bajo el interés de ser aplicado única y exclu-
sivamente en estas. El ejercicio de captura de
datos en ambos sitios, la información brin-
dada por el equipo técnico del gestor, junto
con la base teórica y normativa recolectada,
permitieron hacer una triangulación para
buscar evidencia de la construcción de resi-
liencia comunitaria. El interés estaba puesto
en la presencia, no en la medición o cálculo
numérico. De ahí el énfasis en el fortaleci-
miento humano.
Lo encontrado en las tres categorías de
análisis estudiadas dentro del territorio y
con los agentes se resume en los siguientes
párrafos.
(a) Inferencias sobre la primera
categoría de análisis: Organización
Social de la comunidad Las Palmas y
la zona Montreal (tabla 2)
Los proyectos llevados por el gestor de
desarrollo suelen ser exitosos si están basados
en el fortalecimiento personal que antecede
a la ejecución de obras. El fortalecimiento en
organización social les da un impulso impor-
tante a los participantes, aun en comunidades
que ya lo poseen y donde este se encuentra
desgastado o empobrecido, como lo fue el
caso de Las Palmas; mientras que en la zona
Montreal, el reto fue identificar los liderazgos.
No todos los territorios están dispuestos para
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ser intervenidos; si bien se necesitan las obras,
se debe vencer la desconfianza inicial en la
que los habitantes creen que es una actividad
ligada al desalojo (como está grabado en la
memoria colectiva de las comunidades). La
organización comunal y los líderes comuni-
tarios fueron clave para socializar y aplacar
este tipo de connatos de oposición y desin-
formación. Estas voces de resistencia estaban
asociadas a diversas formas de control del
territorio que iban desde la especulación hasta
el usufructo desmedido.
Algunas de las dimensiones del IRC
estaban presentes. El capital social de
unión para poder gestionar ayuda externa
a programas y subvenciones y el involucra-
miento de los jóvenes en actividades de las
distintas juntas directivas para garantizar la
sostenibilidad de los liderazgos. FUNDASAL
también se aseguró de fortalecer sus capa-
cidades de gestión ante autoridades tanto
locales como gubernamentales con la fina-
lidad de ser escuchados para la solicitud de
propuestas basadas en necesidades propias y
aquellas no impuestas de manera burocrática.
Estos capitales lograron establecer nuevas
alianzas o puentes como capital social al
momento de unir esfuerzos con otras colonias
dentro de la misma comunidad u otras comu-
nidades del área.
Sin embargo, no todo el entendimiento
comunitario fue fluido. Es bien reconocido
entre los gestores de desarrollo que son las
mujeres las más interesadas en modificar y
mejorar su hábitat. Son las mujeres quienes
en mayor número construyen obras y quienes
paradójicamente tienen menor nivel de
participación en la toma de decisiones. Por
ejemplo, la consulta del acta de inscripción
de la Junta Directiva de la comunidad Las
Palmas refleja que solo hay dos mujeres en
ella, mientras que hay nueve hombres en su
conformación. Y no falta la oposición familiar
producto de la cultura patriarcal que les reco-
mienda no involucrarse. “Hoy vamos a tomar
sopa de reunión” o “si querés, te vamos a
llevar la cama para la comunal”, lo que pone
de manifiesto, como dice Claudia Handal
(grupo focal, FUNDASAL, 7 de septiembre de
2016), que “(…) todo tiene su costo, más para
las mujeres que para los hombres”.
Los proyectos en los que se ven involu-
crados otras instituciones de la sociedad civil
aún son bastante limitados. Sin embargo, se
logró apreciar en ambos territorios una débil
gobernanza por la presencia de actores tradi-
cionales como las Iglesias o más puntuales
como la academia.
(b) Inferencias sobre la segunda
categoría de análisis: Construcción
de resiliencia comunitaria en Las
Palmas y zona Montreal (tabla 3)
De entre las razones de la ocupación del
sitio, se encuentran la falta de oportunidades
en los territorios originarios, las guerras y los
desastres naturales. Estas obligan a migrar a
las personas a las ciudades donde los servicios
y las oportunidades están centralizados. Para
zonas como la Montreal, esto representa la
oportunidad de acceder a una tierra de bajo
costo y cercana a la ciudad, de interés para
sus habitantes, personas de escasos recursos
o en nivel de pobreza. En ambos territorios en
exclusión, existe una una pérdida notable del
control espacial. Sus habitantes manifiestan
altas cotas de violencia social, frustración y
tensión constantes. Los técnicos no dicen
menos. La incidencia de los grupos pandi-
lleriles está disminuyendo sus capacidades
de convocatoria y movilización de beneficia-
rios; los gestores, acostumbrados a trabajar
con autoridades y una institucionalidad
establecida, ahora deben gestionar directa
o indirectamente con los grupos en control
del territorio (jerarquías difusas e inestables)
para poder entrar y dar cumplimiento a los
indicadores establecidos en los proyectos. Este
limitado poder de transitar, de vivir confinados
a rutas trazadas, horarios, relaciones y territo-
rios, limita también el desarrollo personal de
los miembros de la comunidad. Habitantes
en territorios satelitales a la ciudad como la
zona Montreal se ven obligados a buscar sus
fuentes de trabajo fuera del municipio, pues
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muchas veces eso implica un trabajo con
prestaciones o, ligeramente, una mejor paga.
En temas de educación e instrucción, el
panorama tampoco es halagador. La cons-
trucción social de capacidades que tiene la
sociedad salvadoreña recae de forma directa
en el sistema escolar, el que —según habi-
tantes de Las Palmas— no está obedeciendo
a sus características sociodemográficas, al
cual ellos demandan más especialización
técnica (que les garantice un trabajo) más
que una educación con conocimientos gene-
rales. Para la educación no formal, también
existen limitantes. Adultos con arraigo, deseo
de superación y disponibilidad para aprender
son excluidos de programas de apoyo foca-
lizados en las juventudes. Esto construye
—sutilmente— otro tipo de inequidades bien
arraigadas en la sociedad, como las que sufre
la población de adultos mayores quienes
son vistos como no productivos y que con
frecuencia sufren falta de atención y olvido.
Las presiones de grupos delincuenciales
siempre están presentes. Requiere de mucho
autocontrol resistir amenazas y presiones
grupales, así como por parte del núcleo fami-
liar, y crear mecanismos que alejen y protejan
a los jóvenes de la exposición y alcance de
ciertos asocios. Una de esas medidas es la
supervisión constante de los adultos. La
violencia y la consecuente sobreprotección
disminuyen notablemente la participación
social de jóvenes en las juntas de vecinos, lo
que debilitaría un posible relevo generacional
útil para el reclamo de derechos ciudadanos.
El mito de Sísifo se patentiza: hay que
comenzar el fortalecimiento con cada proyecto
nuevo, pues los individuos no siempre perma-
necen o se integran. La continuidad se ve
comprometida. Los vínculos sociales se han
visto golpeados por las mismas razones, las
personas limitan su vida hacia dentro de sus
casas por falta histórica de espacios comu-
nitarios, pero también por las imposiciones
de grupos delincuenciales: peajes, zonas de
control (lugares vedados o inaccesibles), hora-
rios de paso, etc. Todo esto limita la condición
de arraigo natural y sentido de pertenencia
tan necesario para defender los derechos de
libre tránsito y el patrimonio construido. Las
amenazas comunitarias de carácter social se
unen y son tan importantes como los riesgos
de desastres físicos.
La representación social se ve cristali-
zada en la conformación y registro de juntas
directivas. Sin embargo, las Alcaldías de
San Salvador y Mejicanos consultadas no
manejan información de participación de las
comunidades en presupuestos participativos y
otras modalidades cívico-ciudadanas. Ambas
comunidades sí se muestran más activas en
aspectos de riqueza ciudadana y construcción
de ciudadanía. Las comunidades mantienen
un nivel de riqueza cultural interior enlazada
a actividades religiosas o de esparcimiento
tradicionales (deportivas y usualmente
segmentadas por género). Los asentamientos
urbanos precarios tienen pocos espacios para
su socialización o se encuentran aún luchando
por ellos. El medio ambiente siempre está
comprometido por las condiciones del terreno
o el desarrollo característico de zonas aledañas
destinadas a proyectos de mayor capacidad
adquisitiva que no poseen estudios de
impactos ambientales más allá que los de sus
límites de construcción. Afectaciones ambien-
tales, pobre infraestructura, vulnerabilidades
de distintos tipos se van sumando al cambio
climático.
(c) Inferencias sobre la tercera
categoría de análisis: Autonomía
para la gestión de proyectos de
desarrollo en comunidad Las Palmas
y la zona Montreal (tabla 4)
Una de las principales causales de los
asentamientos urbanos en zonas de riesgo es
la imposibilidad de acceso a la propiedad en
una zona segura o dentro de un territorio con
mayor nivel de oportunidades. El enclave del
asentamiento de Las Palmas hace muy valioso
el territorio para sus habitantes, pues se
encuentran rodeados de terrenos con plusvalía
en los que viven o transitan personas con
poder de contratación; tienen buena conexión
vial y un acceso cercano a un entorno institu-
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cional y comercial muy desarrollado dentro
del municipio de San Salvador. En cambio,
Mejicanos representó para sus habitantes la
posibilidad de adquirir tierra dentro de sus
posibilidades económicas y no muy lejos de
la ciudad de San Salvador. Las condiciones
de ocupación y acceso son diferentes. Si bien
es cierto muchos de los habitantes de Las
Palmas obtuvieron en donación sus terrenos,
a los que adicionan la conexión a servicios
básicos después de una sostenida gestión en
el tiempo, la Montreal demanda a la ciudad,
hasta el día de hoy, una conectividad y abas-
tecimiento que le fue denegado desde su loti-
ficación y que ha convertido su supervivencia
en una lucha diaria.
Estas ocupaciones en suelos de poca
calidad condicionan a las comunidades a
sistemas constructivos precarios a pocas o
nulas oportunidades de obtener ingresos
dignos y regulares para la mejora de su
patrimonio; sus habitantes se ven obligados
a construir de una forma intuitiva un tipo
de vivienda que lejos estará de brindar
condiciones óptimas de habitabilidad y que
será altamente vulnerable al riesgo. Está en
juego siempre el acceso a una vivienda digna
dispuesta sobre un suelo de calidad. Sus opor-
tunidades económicas no son las mejores; su
nivel de empleabilidad está vinculado a un
nivel de escolaridad que no garantiza habi-
lidades para el desempeño y las relaciones
sociales óptimas que puedan abrir camino a
gestiones individuales y colectivas. Es aquí
donde los proyectos de desarrollo de carácter
holístico tienen importancia, le apuestan al
desarrollo de capacidades humanas al mismo
tiempo que fortalecen habilidades de gestión y
pueden ejecutar las obras ampliando su hori-
zonte doméstico al del liderazgo comunitario
y al campo ciudadano en una clara participa-
ción política con incidencia local. El trabajo,
como dice Rina Velasco, de FUNDASAL,
va más allá del proyecto en sí (grupo focal,
FUNDASAL, 7 de septiembre de 2016).
Como categoría in situ, surge la autoes-
tima. Los líderes comunitarios se transforman
al ejercer su pensamiento crítico; comprenden
las responsabilidades de las diversas insti-
tuciones dentro de los territorios, lo que les
permite leer con nuevos ojos su realidad
y pasar del rol pasivo de beneficiario a ser
promotor de las causas y los derechos de sus
pares. Una disminución en las tasas de nata-
lidad y el incremento de la violencia social se
suma a la ya larga lista de vulnerabilidades
colectadas. La adultez mayor y la discapa-
cidad están prácticamente invisibilizadas; es
en estos territorios donde más impacto en
la vida familiar ejercen. Los programas de
atención son todavía actividades aisladas para
los gobiernos municipales y la centralización
de instituciones especializadas para estos
grupos manejan cotas altas de sobrecarga.
Quedan en deuda en los territorios el acceso
a recursos brindados por el Estado a los que
solo las personas más resilientes y las familias
que pueden gestionar con éxito los servicios
llegan. Experimentando otras formas de invi-
sibilidad, persecución, estigma y negación de
derechos también se encuentran las diversi-
dades sexuales.
Concepto derivado de resiliencia comu-
nitaria y sus condiciones especiales
Es muy clara la intención en este docu-
mento de excluir de alguna forma una
definición exógena y única de resiliencia
comunitaria (hay muchas y muy propias de
sus entornos). La razón estriba en que el
concepto a registrar aquí sería el derivado
de la reflexión de la experiencia de la inves-
tigación: del encuentro con la bibliografía;
de las entrevistas a expertos, tanto líderes
comunitarios como gestores de desarrollo y
funcionarios, académicos; de la normativa y
la introyección de narrativas, formas, saberes
y procesos. A modo de cocreación, delibe-
radamente se hicieron un par de preguntas
detonantes a los siete miembros del equipo
técnico de FUNDASAL, el gestor de desarrollo
a cargo de los proyectos, quienes coincidieron
en sus definiciones en los siguientes conceptos
y funciones del término (ver tabla 5):
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Tabla 5. Interpretación de conceptos, componentes y funciones del término resiliencia
Interpretación de conceptos Componentes y funciones del término
Cinco de siete definiciones consideran a la
resiliencia una capacidad.
Dos personas consideran como componentes
esenciales de la resiliencia la identidad y el
sentido de pertenencia.
Seis hacen referencia a una situación
desfavorable con la que deben lidiar las personas.
Dos personas consideran la solidaridad como
una característica en una comunidad que logra
resiliencia.
Cuatro manejan relaciones duales no siempre
opuestas: enfrentar-superar, sobrevivir-ser exitoso.
Se menciona dos veces la palabra voluntad o
deseo de cambiar un aspecto de la realidad o
de la historia. También le acompaña la palabra
motivación como una precondición a la acción.
Cuatro de ellos utilizan la palabra superar para
referirse a sobrepasar una prueba, circunstancia.
Se obtienen dos menciones a valores o la creación
de estos (en particular los de carácter social).
Dos hacen referencia a superar la adversidad hacia
el logro de un destino común positivo o de
bienestar tanto individual como comunitario.
Se relacionan liderazgo y organización social,
así como comunicación.
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
La resiliencia es un concepto que va más
allá de la superación de la amenaza física y el
riesgo ambiental. Es un concepto que engloba
amenazas y riesgos de carácter social incre-
mentados exponencialmente en las ciudades
contemporáneas. De forma puntual, la defini-
ción toma en cuenta las variables teóricas, las
recolectadas en campo y la perspectiva de los
agentes del desarrollo de la siguiente forma:
Resiliencia comunitaria es la capacidad
humana, que de forma individual como
organizada socialmente, permite a una comu-
nidad enfrentarse a un sistema de riesgos
interconectados para la transformación de su
espacio vital, utilizando herramientas y recursos
(internos y externos) en un medio flexible, que
permita desarrollar el potencial humano y un
perfil de representación político-ciudadana para
la incidencia social, encaminados a la disminu-
ción de la inequidad social.
Con esta propuesta en conocimiento, se
abre espacio a la consideración de aquellos
elementos que son componentes indispen-
sables para una estrategia de GDR en el
contexto del desarrollo territorial urbano.
3.5. Intensión modélica para el
fortalecimiento de la resiliencia en
comunidades urbanas
La concepción de un modelo para esta-
blecer una GRD aparece de la lectura de la
realidad como “un sistema que sirve para
comprender otro sistema; (…) y [que] tiene
valor heurístico o de búsqueda” (Ferro, 2012).
En este sentido, la búsqueda de los pilares
para una “estrategia participativa del riesgo”
enfocados en la construcción de las personas
individuales y colectivas, y los recursos y las
oportunidades directas o emergentes creados
en sus contextos. Estos pilares son:
Consolidación comunitaria: sostenida
en la construcción del capital social de unión
(Frankenberger et al., 2013), hace referencia
al tipo y calidad de relaciones sostenidas por
las personas dentro de las comunidades. La
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consolidación demanda de la persona una
disposición para el cambio de su realidad,
resistencia a las dificultades y presiones del
entorno, y un nivel empático para conectar
con las necesidades de otros. Estos líderes
(hombres y mujeres) agentes de cambio logran
mantener cohesionada al resto de la comunidad
para canalizar demandas y determinar acciones
de forma clara y ecaz.
Construcción de capacidades para
la acción social: este pilar es una visión
ampliada del homónimo también articulado
por Frankenberger et al. (2013). Retoma la
disposición individual y colectiva de la comu-
nidad, se fortalecen sus vínculos y se crean
capacidades para el desarrollo integral. Estas
capacidades se basan en el desarrollo de
competencias histórica e institucionalmente
denegadas. Intervienen de forma activa los
gestores de desarrollo, quienes identifican
debilidades, trabajan y fortalecen capaci-
dades; también, es indispensable la relación
entre pares con quienes los líderes comunita-
rios intercambian experiencias y consolidan
bloques de demanda en relación con servicios
y derechos no otorgados. Todo ello puede
alcanzarse a través de los mecanismos: recono-
cimiento de las necesidades y tipo de riesgos que
enfrentan; reconocimiento del equipamiento y la
cobertura social disponibles; la construcción de
capacidades humanas para la acción y el desa-
rrollo, y la participación política y educación
entre pares.
Imaginario comunitario para el
desarrollo: el tercer pilar establece metas
y acciones para movilizar recursos internos
como externos hacia la comunidad. La comu-
nidad establece consensos para determinar
prioridades, traducirlas (con el acompaña-
miento o no de los gestores) en demandas
concretas para la gestión de los proyectos. Lo
anterior incluye: el establecimiento de alianzas
multinivel, el reconocimiento de roles ciuda-
danos y la asunción de derechos ciudadanos
(ver figura 3).
Figura 3. Estrategia participativa de GRD (pilares). Énfasis en el
desarrollo de capacidades
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
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De forma puntual, el desarrollo del tercer
pilar, “Imaginario comunitario para el desa-
rrollo”, requiere que los miembros de la comu-
nidad acrecienten y enriquezcan al máximo
sus capacidades humanas encaminadas a la
gestión de proyectos en autonomía. Por esa
razón, se pensó en la necesidad de desarrollar
un modelo orientador y sistémico que permita
trabajar de forma continuada en varias direc-
ciones de forma simultánea, y en algunas, de
forma secuencial. Este modelo está basado
en el concepto “sistema para comprender
otro sistema” y no [de forma única] una
representación de una base teórica probada
(Ferro, 2012).
Funcionamiento. En el modelo (figura 4),
el polo superior corresponde a la comunidad
y a las relaciones entre sus miembros; mien-
tras que, al extremo opuesto, se encuentran
los gobiernos local y central y el tipo de rela-
ciones necesarias para ejecutar proyectos de
desarrollo dentro de los territorios (a) y (b).
Al centro (c), se dará un movimiento cíclico y
horizontal en donde las relaciones entre pares
y gestores son indispensables.
Figura 4. Secuencia en la construcción del modelo de resiliencia
comunitaria
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
Todas estas relaciones y habilidades cons-
truirán las capacidades de gestión comunitaria
para poder dinamizar con ello los propios
procesos de desarrollo territorial. Esto repre-
senta el alcance de un estado de resiliencia
con propósito. Una visión completa del
modelo se ilustra en la figura 5.
El imaginario comienza dentro de la
comunidad en un territorio psicológico, social
y físico, en donde sus miembros establecen
relaciones armónicas de convivencia y enten-
dimiento, para luego enfocarse en cuatro
aspectos: reconocerse sujetos de derecho y
activar su participación y vinculación urbana,
para alcanzar la capacidad de gestionar el
conocimiento disponible y al mantener lo
alcanzado poder transmitirlo a otros (pares,
otras comunidades, intergeneracionalmente,
etc.), y con ello, poder construir capacidades
comunitarias para la acción social. Con estas
últimas, establecer relaciones eficientes con
los gobiernos locales y central para gestionar
proyectos propios dentro de las dimensiones
de desarrollo que consideren pertinentes a sus
miembros y su momento histórico.
Empatizar, comprender, planificar, actuar,
solicitar y ejecutar. Una reivindicación de
derechos humanos, el hábitat, la ciudad y la
disminución del riesgo.
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Figura 5. Modelo de resiliencia. Imaginario comunitario para el
desarrollo
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2017).
El modelo prioriza el fortalecimiento
de los individuos, como de su comunidad,
brindando herramientas que fortalezcan sus
capacidades para el logro de metas comunes
en búsqueda de un desarrollo armónico. La
manera en que funcionaría en las comuni-
dades se describe en la tabla 6.
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Tabla 6. Funcionamiento del modelo de desarrollo en la comunidad Las Palmas y la zona Montreal
Actores
ACCIONES
Consolidación
comunitaria
Construcción de capacidades
para la acción social
Imaginario comunitario para el
desarrollo
Junta Directiva de la comunidad
Se reúnen
periódicamente
para determinar
necesidades
comunitarias.
Establecen redes
de apoyo.
Mantienen vivas las redes de
apoyo.
Comparten experiencias y rela-
ción con otras comunidades.
Reconocen liderazgos propios y
de otros.
Mantienen canales de comunica-
ción con los Gobiernos locales.
Mantienen vigentes sus Juntas Di-
rectivas por medios democráticos.
Mantienen sus canales de comu-
nicación activos con los distintos
niveles de gobierno.
Tienen redes productivas y de
servicios con la sociedad civil.
Cohesionan a sus comunidades.
Coordinan la ejecución de sus
proyectos.
Son voceros de sus comunidades
para la gestión.
Reconocen y trabajan relaciones
con socios para el desarrollo.
Miembros de la
comunidad
Forman parte de
redes de apoyo
horizontal.
Están dispuestos
al trabajo comu-
nitario.
Trabajan sobre
sus habilidades
para la vida.
Mantienen un intercambio con
otras comunidades y la sociedad
civil.
Reconocen su pertenencia al te-
rritorio y el valor de sus aportes.
Tienen redes de apoyo intraco-
munitario y algunas intercomu-
nitarias.
Se saben individuos y colectivos
con valor.
Son resilientes en su hacer y en su
entorno.
Trabajan guiados y automotivados
para el logro de objetivos comunes.
Agentes de desarrollo
Acompañan a
las comunidades
reconociendo
necesidades.
Identifican y tra-
bajan inicialmen-
te con los líderes
comunitarios.
Capacitan o fortalecen sobre
habilidades para la vida y sobre
derechos.
Proveen de capacitación técnica.
Organizan a los distintos actores
internos y externos a la comu-
nidad.
Fomentan los intercambios inter-
comunitarios.
Desarrollan proyectos al lado de
las comunidades organizadas.
Gestionan y ejecutan proyectos.
Dan seguimiento a los territorios
intervenidos.
Llegan a convertirse en socios para
el desarrollo.
Cooperantes
Proveen recursos
financieros y
técnicos para
apoyar proyectos
de desarrollo.
Gestionan rendi-
ción de cuentas.
Brindan apoyo y seguimiento a
los proyectos.
Diseminan y comparten buenas
prácticas encaminadas al desa-
rrollo humano.
Contribuyen con su trabajo a
alcanzar acuerdos y tratados inter-
nacionales para beneficio global.
Se convierten en socios globales
para el desarrollo.
Sociedad
civil
[No suelen incor-
porarse en esta
fase].
Participan de las iniciativas a tra-
vés de los agentes de desarrollo.
Participan de la sostenibilidad de
algunos proyectos.
Crean con otros actores del Gobier-
no local y central y junto con las
comunidades, gobernanza.
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Gobierno local
Legalizan Juntas
Directivas.
Identifican nece-
sidades dentro
del territorio.
Crean presupuestos participati-
vos.
Codiseñan proyectos con la
comunidad, los agentes y coo-
perantes.
Aprueban permisos necesarios.
Proporcionan contrapartidas.
Son enlace con el Gobierno cen-
tral.
Ejecutan proyectos dentro del
territorio.
Dan seguimiento y mantenimiento,
junto con las comunidades, de las
obras.
Contribuyen al desarrollo de habili-
dades blandas y de habilitación.
Gestionan los riesgos.
Fomentan nuevos proyectos parti-
cipativos.
Gobierno central
Reconoce y res-
peta el trabajo de
los cooperantes.
Mantiene una
relación efectiva
y eficiente con
los gobiernos
locales.
[No suelen incorporarse en esta
fase].
Ejecuta grandes obras a través de
sus distintos ministerios.
Establece planes de acción/acom-
pañamiento.
Establece contrapartidas.
Aprueba ejecución de obras de
interés social (comunitarias, regio-
nales, a nivel país).
Garantiza la gobernabilidad del
territorio.
Fuente: elaboración propia (Chacón Marroquín, 2021).
Conclusiones
El encuentro con ambos APU reveló que
habían acumulado distintos niveles de resi-
liencia frente al riesgo a través del desenca-
denamiento de eventos en el pasado y que
también tienen presentes diferentes niveles
de fortalecimiento que trabajaron con el
gestor de proyectos, FUNDASAL. Estas capa-
cidades, que son mutables en el tiempo, se
encontraron muy presentes al momento de
la ejecución del proyecto de Rehabilitación
de Las Palmas e inmediatamente después
de este, para luego debilitarse con la salida
del gestor, mientras que la zona Montreal se
encontraba a un nivel más evidente previo al
desarrollo del proyecto del PMB, en donde
se trabajaron capacidades humanas previas a
la obra o la continuidad de la obra misma en
el territorio. Todo esto demuestra que la resi-
liencia es mayormente inmediata a la adver-
sidad y durante la asistencia en los trabajos de
intervención.
A nivel macrosocial, los esquemas de
configuración espacial que muestran los dos
casos de estudio, la comunidad Las Palmas
y la zona Montreal, son esquemas típicos
de desigualdad social. Estos siguen perpe-
tuando esquemas de exclusión que ponen de
relieve que muy pocos grupos en la sociedad
salvadoreña sí concentran poder de decisión
y beneficios, mientras que muchos están
aún sumidos en el desconocimiento de sus
derechos y excluidos de su condición de
ciudadanos. Estos últimos colectan sistemáti-
camente vulnerabilidades frente al riesgo.
La reflexión alrededor del concepto de
resiliencia comunitaria de este estudio parte
de la peculiaridad de que no es un concepto
universal ni completamente terminado. Dado
el sistema jerárquico en las democracias
en construcción y la posición comunitaria
fuera de las escalas de poder, es mucho más
factible que los cambios dentro de los territo-
rios ocurran a través de la articulación de los
grupos sociales organizados que puedan cons-
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truir demandas asertivas hacia los encargados
de la planificación y la ejecución de políticas
y planes de desarrollo.
Los gestores del desarrollo en el territorio
han encontrado en la construcción de capa-
cidades humanas una evidencia contundente
que vincula la ejecución de proyectos de
infraestructura con la construcción del éxito
y la sostenibilidad de las obras en el terri-
torio. Esto va más allá de comunicar que un
proyecto traerá beneficios a la comunidad,
para sustituirlo por la posibilidad de crear
una conciencia cívica y ciudadana enfocada
en la articulación de necesidades propias.
Consiste en desvelar el potencial que reside
en las comunidades y convertirlo en gestiones
enfocadas en resultados, para con ello debi-
litar el círculo de la arbitrariedad en la agenda
política partidaria y construir, sobre una base
estable, una verdadera estrategia de gestión
del riesgo cimentada en el desarrollo.
La construcción del IRC mostrado en este
artículo plantea a gestores y ejecutores de
planes y proyectos de desarrollo incluir cada
vez más indicadores cualitativos dentro de sus
mediciones para poder así diseñar soluciones
cada vez más centradas a los usuarios reales
de las mismas. Índices como el aquí propuesto
pueden poner en evidencia dónde se encuen-
tran concentradas las fracturas sociales
que impiden la construcción de mejores y
más cohesionados capitales humanos que
puedan hacer frente a perturbaciones tanto
ambientales como sociales. El IRC consti-
tuye una herramienta flexible y adaptable a
las necesidades del gestor de proyectos. Es
una herramienta que se puede deconstruir
y reconstruir con base en la lectura de la
realidad analizada.
La identificación de componentes para
un modelo estratégico participativo de GDR
para la consolidación de una comunidad
resiliente se basa en la existencia de una
dinámica comunitaria que permita la conso-
lidación de las capacidades humanas de los
habitantes de la comunidad. El modelo de
imaginario comunitario para el desarrollo
es una representación visual empleada para
ilustrar las complejas relaciones que se espera
generen distintos niveles de sinergias dentro
del territorio. Comunica la importancia de las
relaciones de apoyo y entendimiento dentro
de la comunidad para construir capacidades
comunitarias enfocadas en la acción social,
y, con ello, gestionar mejores y eficientes rela-
ciones con los funcionarios públicos e institu-
ciones de la sociedad civil. Es un modelo de
encadenamiento múltiple con los diferentes
actores y los recursos disponibles.
Nota final: La modelización presentada
en este estudio fue creada bajo la concep-
ción del funcionamiento del Estado y del
municipalismo hasta antes de la derogación
de la Ley del FODES (Ley de Creación del
Fondo para el Desarrollo Económico y Social
de los Municipios) y la aprobación de una
nueva ley homónima el 9 de noviembre de
2021 (Calderón & Flores, 2021). Esta nueva
ley reduce el porcentaje asignado del presu-
puesto nacional a los municipios y cambia el
destino de la distribución del FODES mismo
para los Gobiernos locales. La ley facultó
la disolución del ISDEM como organismo
gestor de la deuda de las alcaldías y habilitó
la creación de la Dirección Nacional de Obras
Municipales (DOM) como organismo enlace
de las necesidades entre los municipios y el
Gobierno central. Estos cambios reducen
el presupuesto para contrapartidas, restan
capacidades de maniobra a las comunas, así
como se constituyen en una involución a los
procesos de descentralización y autonomía de
los territorios mismos.
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